A no dudarlo y con seguridad admitirlo, la minería está atravesando por un periodo de crisis que se lo esperaba desde hace tiempo, por efecto del movimiento cíclico de los precios, pero que en este periodo se agudizó debido a la desaceleración de la economía en países industrializados y especialmente en ciertas condiciones generadas en la economía China.
Los precios de los minerales se "desplomaron" y se trata de varios que son producidos en nuestro medio y especialmente en el sector de la minería estatal y la cooperativizada, las más sensibles por sus condiciones de extrema fragilidad productiva en los límites de equilibrio de precio externo y costo interno.
En el caso del sector estatal, el problema tiene mayor incidencia en el caso de la principal mina que explota estaño, Huanuni, que soporta al mismo tiempo una millonaria carga social para cancelar salarios a casi cinco mil trabajadores. La otra mina estatal, Colquiri que también produce estaño, hace frente a la baja del precio del mineral, gracias a su menor costo de producción, cubriendo una planilla más o menos regular y percibiendo incluso utilidades.
Las minas cooperativizadas que pueden operar con reducido costo de inversión y hacer frente a un límite extremo de precio, también avizoran problemas debido al declive sostenido de los precios y han optado por pedir, una vez más, auxilio al Gobierno.
Lo que en el tiempo de los buenos precios atrajo una gran cantidad de "mano de obra" a las minas, especialmente comunarios agricultores y que en algunos casos se organizaron en sociedades de cooperación solidaria, en otras fueron parte de acciones irregulares como los avasallamientos para copar centros mineros de propiedad privada, la mayoría que no fueron restituidos a sus legítimos responsables. Esos hechos generaron una imagen de inseguridad en materia de actividad minera y en la imagen del país, restando inversiones que siendo muy necesarias, no se concretaron en el restringido mercado minero nacional.
Los casos contingentes por el descenso de precios se combaten en base a los planteamientos de los sectores mineros asalariados y cooperativistas, que ya han hecho costumbre, solicitar apoyos financieros "de emergencia" y que el Gobierno, al no tener alternativas prácticas, dispone mediante decretos la habilitación de fideicomisos y préstamos directos para conjurar la crisis que pone en riesgo a buena parte de la minería nacional.
Ésta situación así definida por circunstancias especiales, configura sin embargo una situación inequitativa, entre asalariados y cooperativistas, pues mientras el primer sector debe cumplir obligaciones tributarias, el segundo soslaya algunos de esos deberes, que en cambio el sector privado no puede eludirlos. Esa situación merece en estados de "apuro", un tratamiento de solidaria equidad, pues se trata de todo un sector estratégico que no puede tener privilegios sectoriales.
Se espera que los afectados por la caída de precios en los minerales reciban la ayuda oficial que realmente necesiten para cubrir sus riesgos productivos.
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