La paulatina paralización de las actividades productivas mineras por el agotamiento de las reservas mineralógicas, bajas cotizaciones en el mercado internacional de los metales, inseguridad jurídica y la ausencia de una política de Estado para incentivar la producción de la minería chica y mediana afectará con una drástica reducción en la recaudación tributaria al departamento.
Esa reducción de los tributos directos que se pagan por el Impuesto Complementario Minero (ICM), Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), IUE sobre las Remesas de Dividendos al Exterior, así como el Impuesto a las Transacciones (IT) por compras locales y los impuestos indirectos por el Régimen Complementario de IVA, IVA-RC-IVA-IT, serán parte de los tributos que el Estado dejará de percibir en Oruro, con el serio perjuicio que eso representa.
A todo esto se suma la instrucción emitida por la gubernamental Corporación Minera de Bolivia (Comibol) que dispuso a partir de abril, que la Empresa Metalúrgica Vinto efectúe el pago de sus tributos de forma directa en La Paz, como subsidiaria dependiente de la estatal. La medida debe ser aplicada con la cancelación del NIT de Gran Contribuyente (Graco), siendo la única empresa registrada en esta categoría en Oruro, lo que incidirá en la rebaja de al menos el 40% de los ingresos del Servicio de Impuestos Nacionales, regional Oruro.
Mientras el Poder Ejecutivo pretende cumplir la norma de la transferencia de la Metalúrgica Vinto a Comibol, a pesar de la deuda que tiene la fundición por la provisión de concentrados con la Empresa Minera Huanuni, las autoridades del sector minero no aplican lo establecido en el Capítulo II de los Principios y Definiciones de la Ley Minera y Metalúrgica, que en su Artículo 5 inciso d) establece que debe existir "seguridad jurídica para los actores productivos mineros en toda la cadena productiva". Donde además dispone que "el Estado otorga, reconoce, respeta y garantiza los derechos mineros, protege la inversión y el ejercicio pleno de sus actividades, en cumplimiento de la Constitución Política del Estado".
La crisis minera se agrava además por la ausencia de seguridad jurídica para los productores mineros, conocidos como "mineros chicos", quienes deben soportar el acoso permanente de las comunidades y hasta el avasallamiento de sus propiedades. La no percepción del pago de impuesto sitúa –en definitiva- en una difícil situación a la región, porque resultado de la aplicación del plan de cierre de la Empresa Minera Inti Raymi, por el agotamiento de sus reservas mineralógicas, además de las bajas cotizaciones y el constante descenso de la cotización del oro ($us 1.200 OT) y el estaño ($us 7,18 LF), no se recibirán las regalías mineras que superan un ingreso promedio anual de 110 millones de bolivianos, ni tampoco el pago de tributos de la única Graco, por decisión de Comibol, incumpliendo otra norma que establece que los impuestos y regalías deben pagarse en el lugar donde se genera el hecho económico, en este caso la producción de estaño metálico y la explotación de los recursos naturales no renovables.
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