Frente a las dificultades que atraviesa el sector minero mundial, convergen dos situaciones que no dejan de ser importantes. Una relacionada con la crisis de confianza que atraviesa el sector empresario minero mundial y la otra, vinculada a la introducción de cambios que algunos países anuncian realizar en el campo de las regulaciones mineras.
Qué se manifiesta, con respecto a la crisis del sector empresario: que debido a la caída de los precios de las materias primas y el alza en los costos de producción, las ganancias netas de la minería global se redujeron en el último año en un 49%; que la industria minera vive una crisis de confianza motivada por el aparente final de años de enormes retornos de las inversiones y que en los 4 primeros meses del año, la caída de los valores de mercado representaron un 17%, para las 37 de las 40 empresas más importantes. Se señala además, que esta crisis ha empujado a las empresas más importantes a reemplazar a sus directivos y que éstos para cambiar la situación tienen que cumplir con la difícil misión de asegurar que los costos no escapen de control; que los precios de las materias primas no colapsen y que el nacionalismo en los países mineros, no termine por abrumar a la industria minera. Todo esto lo reflejan afirmando que los costos de operación están creciendo más que la producción, que los costos de inflación se posicionan en los dos dígitos y que el número de trabajadores creció.
Con respecto a lo que algunos países propician, se señala que estos países están introduciendo cambios a sus regulaciones mineras y aunque algunos buscan atraer mayor inversión privada la gran mayoría persigue elevar la recaudación fiscal, con ciertos matices en la fórmula.
En Brasil el gobierno de Dilma Rousseff envió un proyecto de ley al Congreso que busca reformar su Código de Minería. El objetivo central es duplicar las regalías, pasando de una recaudación de U$S 800 millones anuales a casi U$S 2.000 millones. De esta forma las regalías serían calculadas sobre los ingresos brutos de los proyectos y no del monto post deducción de costos.
En México un proyecto ingresado al parlamento por el PRI, busca un pago del 5% sobre los ingresos netos de las compañías mineras en la totalidad de las concesiones que operen, con el fin de crear un fondo que distribuya la mayor parte de estos aportes al de-
sarrollo de las regiones.
En Panamá se estableció un sistema similar de regalías del 5% sobre la producción bruta, estableciendo que parte de lo recaudado irá a la construcción de infraestructura y programas de desarrollo social en las comunidades aledañas a las concesiones.
En Ecuador el ejecutivo ha impulsado una ley que busca ordenar al sector minero para brindarle continuidad y seguridad a la inversión, en el tiempo. Esta iniciativa contempla el pago de regalías escalonadas, que de acuerdo al sector van del 3% al 8%, sobre las exportaciones mineras.
En Uruguay, un país pequeño que posee un proyecto minero de hierro de gran tamaño (Aratirí), se aprobó un Proyecto de Ley donde se establece un pago de 5% de gravámenes para todas las iniciativas mineras que superen una facturación de U$S 100 millones anuales.
En Filipinas se quiere reformular la ley minera para incrementar las regalías del cobre desde el actual 2% de impuestos sobre ventas brutas, a un total del 10 por ciento.
En el Congo, Sudáfrica, Indonesia y otros países africanos se analiza la pertinencia de que el Estado participe en la propiedad de los yacimientos, o si las comunidades deben optar por esa alternativa, como ocurre en Mongolia. Asimismo existen muchas naciones discutiendo limitaciones a las exportaciones de concentrados, con el fin de favorecer la instalación de plantas de refino y fundición, que generan mayor inversión, mayor mano de obra y mayor valor agregado.
En EE.UU. han surgido voces pidiendo el pago de un royalty a la minería, cuestión que no se incluye en la ley minera (año 1872) y en Australia, existe cierta disconformidad con la recaudación efectiva obtenida con ciertos metales como el hierro, cuyo flujo, que está muy lejos de las expectativas originales, hace proliferar críticas e intenciones que pueden aflorar en reformas.
En Chile algunos expertos en línea con otras voces no dejan de pensar en una normativa, que sin perder los atributos de organización de títulos y derechos mineros que brindan estabilidad en el tiempo, incentive la exploración y permita el desarrollo de la información geológica.
Es efectivo, para concluir, que la actividad minera mundial pasa por una crisis de confianza. Lo que también es real es que los países mineros comienzan a entender y a vislumbrar que la discusión de fondo no solo pasa por la legítima rentabilidad que persiguen las empresas, sino que además por la relación costos-beneficios involucrada en la cesión de un recurso minero, que es enajenado por empresas y corporaciones transnacionales y extranjeras.
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