Frente a una serie de procesos incumplidos en materia de proyectos mineros desde hace tiempo atrás, particularmente en los que se formularon anuncios rimbombantes para la explotación de ciertos minerales, resulta que en el recuento de fechas y resultados las cifras son negativas.
El simple manejo de los números refleja un hecho incuestionable y es que en la medida que bajan los precios internacionales, disminuyen las utilidades en los países productores de materias primas pero además se agrava el problema si tales valores descienden por debajo de los costos de producción es cuando se rompe el equilibrio y disminuyen los índices de rentabilidad, así se mantenga de algún modo cierto ritmo de producción.
El efecto de ese proceso de variables en precios y toneladas extraídas de los minerales ocasiona trastornos financieros en cualquier empresa minera, mayormente en las del Estado, que no tiene políticas de previsión para enfrentar las contingencias adversas. Obliga a restricciones especiales en el caso de las empresas mineras privadas, pequeñas o medianas, con algunas alternativas que sortean la circunstancia. No sucede lo mismo con los mineros cooperativistas que pueden enfrentar la crisis aún con precios bajos, pues las condiciones de su laboreo no incluyen obligaciones sociales e inclusive se los exime del pago de varios impuestos…pero en general el asunto merece algunas estrategias de emergencia.
Bajo esas condiciones de posiciones controversiales en los sectores mineros, hay ciertos hechos que llaman la atención de algunos "seguidores" de los anuncios oficiales sobre inversiones y posibilidades de producción.
A propósito una nota que recibe Perspectiva Minera del ex director de Comibol y exdirigente sindical minero Jorge Zaral Magne, cuando recuerda que el año 2008 con mucha publicidad se anunció que "Bolivia se situará como el 3er productor de cobre con el proyecto Corocoro" y resulta que a la fecha, según nuestro observador, han transcurrido cinco años y todavía no se hace méritos para ocupar ese lugar como productores de cobre. Se comenta igualmente que en ese caso se firmó un "adendum" con la empresa Kores, prolongando el contrato y disponiendo otra inversión de 5 millones de $us, para mejorar el sistema de exploración en Corocoro, para lo que la Kores hizo "pasear" las muestras del cobre boliviano por laboratorios del Perú y Canadá, mostrando que en nuestro país no hay laboratorios confiables. Como ese caso se toca también el ocurrido en el Mutún y otros de la producción minera nacional que han sido promocionados y todavía no tienen rendimiento efectivo, añadiendo el de los recursos evaporíticos del salar, que resultan postergados y donde otra empresa asiática (como la Kores), deslinda responsabilidad en la producción de cátodos. Son asuntos, se dice, que merecen aclaraciones.
Estamos comprobando que hay fallas sustanciales en la estrategia del manejo administrativo de la minería boliviana, pues numéricamente se han hecho importantes inversiones, se han programado ciertas alternativas para alcanzar beneficios por la explotación de los recursos mineralógicos y resulta que en función de tiempo no se dan los resultados programados para beneficio de la economía nacional y de los bolivianos en general.
Por lo menos en las últimas gestiones del Ministerio de Minería y Metalurgia, (MMM) se produce la serie de "grandes anticipos" en la producción minera y sucede que una serie de problemas adversos impiden cristalizar mínimos objetivos, por ejemplo el de Karachipampa, con millonaria inversión y todavía se mantiene sin actividad productiva, pese a que se incrementó la inversión tuvo que repararse un equipo clave dañado en fase de prueba, se pagó su restitución, pero el elefante blanco sigue siendo un costoso adorno para la minería boliviana.
No se han desarrollado políticas de previsión, en el MMM sólo se formulan anuncios, se mencionan inversiones pero no se dispone de resultados que sean elementos prácticos de una reactivación de la minería nacional. Lo que generalmente se hace cuando bajan los precios es que la contingencia obligada de reducción productiva y de ingresos se "insumen en los gastos del Estado", mientras que cuando se registran utilidades, entonces hay que hablar del incremento de regalías y de impuestos afectando los intereses privados, lo que es nada más que el resultado de la carencia de políticas debidamente estructuradas en la búsqueda de objetivos concretos y no de programas circunstanciales emitidos al calor de entusiasmos políticos y no técnicos.
Los expertos del ramo insisten en mostrar las deficiencias en la política minera empero las autoridades del ramo ignoran una serie de estudios, análisis y cierta comparación de hechos que sacados de la realidad en que se desenvuelve la minería casi estatal, no responden a los fines de crecimiento de un sector estratégico como es la minería y que debería estar en equilibrio con el rubro de la explotación de hidrocarburos, que en el momento nos permite asegurar parte de la economía boliviana.
Lo último que puede suceder es que el instrumento normativo, renovado y ampliado para impulsar la minería, como es la nueva Ley Minera, se demore mucho más tiempo del previsto, ocasionando más perjuicios a la actividad de la explotación minera y su industrialización. Faltan políticas, decisiones y medidas concertadas para poner en práctica el avance arrollador de nuestra minería nacional.
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