El 80 % de la actividad minera no tiene su licencia ambiental

En el Departamento de Potosí, el 80 por ciento de las operaciones mineras no tienen licencia ambiental, pero desarrollan sus labores productivas debido a las normas que les benefician en gran medida, según Teresa Balderrama, secretaria de la Madre Tierra y Medio Ambiente del Gobierno Autónomo del Departamento de Potosí, .
La responsable de la parte ambiental en el Departamento de Potosí sostuvo que son 2.000 las operaciones mineras, pero de ellas únicamente 400 tienen la licencia ambiental, el plan de manejo y todo lo que tiene que ver con los aspectos de preservación de la naturaleza.
Serían 1.600 labores mineras las que no tienen la licencia ambiental y muchos menos su plan de manejo de los recursos ya sean aguas y la propia disposición de los desmontes y colas que salen de los ingenios.
El Código de Minería establece que las operaciones mineras sólo pueden paralizarse por acción de un juez lo que limita el accionar de los representantes del área de medioambiente, según reconoció Balderrama.
Para frenar la contaminación del suelo y las aguas de los ríos se está recurriendo a procesos administrativos cuyos plazos son largos teniendo en cuenta desde la notificación pasando por los recursos que puede anteponer el que se creyere afectado en sus derechos.
Un proceso administrativo dura hasta cuatro meses, pero pese a ello no se pueden cerrar las labores mineras que se desarrollan en todo el país debido a lo flexible de la ley minera.
La Ley 1777 fue cuestionada por los dirigentes cívicos y de la Central Obrera Departamental (COD), quienes consideran a esa norma legal como defensora de los intereses del empresariado minero dejando a un lado, afirmaron, los intereses del Departamento de Potosí.


PRESIONES
La imposibilidad de poner en regla a todas las operaciones mineras en lo que corresponde el tema ambiental está generando la movilización de los comunarios que buscan el cierre de los trabajos que contaminan los suelos y las aguas.
Ese es el caso de comunidades de Caiza “D” y Vitichi que buscan parar a las empresas Andacava y Kumurana porque según los dirigentes, están contaminando la tierra y el agua. Otras protestas se dieron en la región norte del Departamento de Potosí, frente a labores que según los pobladores generan alta contaminación.
La mayoría de los operadores mineros vulneran la Ley 1777, que en su artículo 45 señala: “los concesionarios y quienes realicen actividades mineras están obligados a ejecutar sus trabajos utilizando métodos y técnicas compatibles con la protección del medio ambiente, evitando daños al propietario del suelo y a los concesionarios colindantes y vecinos y resarciendo los que causaren”.
El artículo 30 indica: “ninguna autoridad no judicial o persona individual o colectiva puede impedir la iniciación u ordenar la suspensión de actividades mineras, bajo sanción de resarcimiento de daños y perjuicios al concesionario, además de la responsabilidad penal que pudiera corresponder, salvo que la autoridad competente comprobara casos de emergencia ambiental, propase de labores o cuando así lo exijan la salud y vida del personal”.

1.600

OPERACIONES mineras del Departamento de Potosí no tienen licencia y menos plan de manejo de los contaminantes.

Contaminación por actividades mineras en el Departamento de Potosí

La contaminación del aire, la tierra y el agua en muchas regiones del territorio potosino es denuniada por los comunarios además de trabajos de la Sociedad Potosina de Ecología y el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia. Los resultados señalan que, la minería desde la colonia se constituyó en una de las actividades más trascendentales para la economía del Departamento de Potosí. En la ciudad, el yacimiento más importante de plata, plomo y estaño ha sido y es el histórico Cerro Rico, en el cual actualmente vive más de un centenar de familias y trabajan miles de mineros. Esta montaña además de ser el patrimonio histórico más preciado y principal centro de empleo para sus pobladores es también una fuente de intensa contaminación (del agua y del aire) con negativos impactos ambientales y sanitarios.
En el resto de las regiones también se reporta contaminación en especial en el norte y sudoeste.

SECRETARIA DEPARTAMENTAL

Teresa Balderrama
“La Ley Minera impide el cierre de operaciones bajo el riesgo de resarcir daños”.