Ante versiones de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), sobre la postergación de la ley minera hasta el siguiente año, con la posibilidad de esperar incluso para después de las elecciones de 2014, el diputado oficialista Marcelo Elio confirmó que la Asamblea Legislativa no tratará la normativa debido a su complejidad y al estudio minucioso que requiere por parte de los sectores mineros y del Estado.
"Esta Ley es muy compleja se tiene que tratar con el sector minero y el Estado para determinar los parámetros en los cuales debe desarrollarse la actividad minera. No se puede hacer de manera rápida y tiene que haber un criterio unánime, importante para que genere utilidades para el Tesoro General del Estado (TGE)", declaró a El Diario el diputado.
Explicó para que esta norma sea efectiva se debe consensuar con los cuatro sectores de la minería; es decir, con los mineros chicos que forman los empresarios privados; con los cooperativistas; el sector transnacional de la minería, como por ejemplo Inti Raymi y el Estado como tal.
Además señaló que hasta la fecha se recibieron una serie de proposiciones para la realización del proyecto de ley y que el Ministerio de Minería y Metalurgia, los diputados que participan en la Comisión de Economía Plural, representantes de sectores mineros y de la Central Obrera Boliviana (COB) se encuentran trabajando en el tema.
"Actualmente las leyes mineras están básicamente hechas a la medida de Gonzalo Sánchez de Lozada y esto va a costar bastante para consensuar para brindar toda la implementación minera acorde a nuestro tiempo", sostuvo el representante.
Acotó que esta norma remplazará al Código Minero para que se pueda establecer parámetros equitativos fundamentalmente en lo que es la explotación de la minería en el país. Asimismo, dijo que el Decreto Supremo 21060, pese a su abrogación, está amarrado indirectamente a varias leyes del aspecto económico.
El representante aseguró que una vez se tenga el primer borrador aprobado por la Comisión de Economía Plural, por los sectores mineros y los dirigentes de la COB, se remitirá a la Asamblea Legislativa para que los diputados la aprueben en Grande y detalle, pero en la siguiente gestión.
En tanto, el secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Trujillo, sostuvo que el sector hizo observaciones a la Ley y que se requerirá de varias modificaciones. "Hemos hecho observaciones, no podemos permitir que se apruebe sin hacer modificaciones. En Bolivia tenemos minerías y yacimientos ricos", declaró a la red Erbol.
La norma buscaría controlar el tráfico de minerales como el oro, que se da en el norte del país y la frontera con Perú, tal como denunció el diputado de Unidad Nacional (UN), Jaime Navarro.
Sobre el particular, el ministro de Minería, Mario Virreira, dijo que ese microtráfico es difícil de controlar, porque las personas pueden transportar con tranquilidad uno o dos gramos "en el bolsillo".
Sin embargo, esa no sería la única observación, pues Navarro ya pidió un informe sobre la presunta evasión impositiva del sector que ascendería a 600 millones de dólares.
"Respecto de la evasión de regalías por las exportaciones de oro, más de 70 millones de dólares que ha perdido el Estado por el no pago de las regalías de oro", declaró la anterior semana.
El Código Minero actualmente vigente contiene disposiciones sobre concesiones, exploración, medioambiente, dominios, patentes, transferencias, arrendamientos, entre otros.
La norma fue promulgada el 17 de marzo de 1997 por el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Mediante la nueva CPE se revirtieron yacimientos al Estado en las consideradas reservas fiscales.
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