El ciclo de la producción minera no puede alterarse por circunstancias ajenas a la buena predisposición de profesionales en la materia y menos por posiciones radicalizadas en factores de interés o presión política. Se trata de un rubro de suma importancia por el interés nacional en el sostenimiento de la economía nacional, para equiparar su valor con lo que reditúan los hidrocarburos y de manera especial el gas.
Hay que hablar en términos de una justa apreciación de valores y reconocer que la explotación de nuestros recursos naturales (no renovables) merece una sólida política estratégica que permita su recuperación con procedimientos de alta tecnología, pero sobre todo con amplio respaldo financiero que debería darse bajo condiciones apropiadas en una normativa abierta, segura y sobre todo adecuada a las condiciones de competitividad exigibles frente a las tareas que desarrollan los países vecinos en la misma materia.
Ya no se puede estar en la posición "conformista" de creer que dos yacimientos de la minería estatal, "pueden dar todavía para 100 años más", el caso de la mina Colquiri y algo parecido se dice de Huanuni, ambos distritos los más antiguos de la minería nacional que pasaron por las instancias de actividad privada y hasta dos veces nacionalizadas, confrontando algunas limitaciones cuando los precios internacionales "nos juegan malas pasadas".
No se puede mostrar "cierta tranquilidad" que supone también pasividad al hablar de la vida útil (no comprobada) de los yacimientos en permanente explotación y que por instrucciones del ministro de minería deberán triplicar el volumen de su producción desde el próximo año para alimentar el monstruoso horno Ausmelt que en la Metalúrgica de Vinto, exigirá grandes cantidades de concentrados.
La perspectiva positiva en la actividad minera tiene que estar necesariamente dirigida a emplazar nuevas frentes de trabajo en base a proyectos mineros de diversa índole y de acuerdo a los yacimientos que se vayan confirmando en un agresivo plan de prospección y exploración minera, que necesita con urgencia del apoyo financiero estatal o en su caso garantizar similares tareas por cuenta de inversores privados que tengan las garantías y seguridad suficientes para encarar nuevos prospectos mineros, tentando a los gigantes de la minería a disponer capitales y tecnología para entrar en la verdadera competencia de la explotación minera internacional.
Las condiciones deben darse a través de la nueva ley minera, pero de modo tal que no se ahuyente a inversores y que más bien con claras reglas de juego y asegurando los fines económicos que quiere el Estado para sus propósitos de desarrollo, considere la factibilidad de alcanzar asociaciones mixtas con una visión de fortalecer la minería en general y que ese beneficio pueda ser de utilidad general.
A medio año de la gestión presente un estudio geológico –minero reveló que en todo el territorio boliviano se identificaron 21 yacimientos de oro, diseminados especialmente en la zona cordillerana central y oriental del país, que por supuesto necesitan de la verificación técnica para determinar su potencialidad y las condiciones más apropiadas para su explotación
El referido estudio señala algunas pautas como vetas hipotermales similares a las que existen en Yani, en la mina Hemma en la zona oriental del nevado Mururata y la mina Rosario en la cordillera Quimsa Cruz. Se mencionan las vetas mesotermales de cuarzo, como las del tipo Iroco (Oruro), también están las epitermales como las de Amayapampa o los yacimientos subvolcánicos con pirita aurífera como los detectados en La Joya, en Oruro.
Sólo estamos haciendo referencia a la identificación de 21 yacimientos de oro a lo largo y ancho del país, que por supuesto requieren de inversiones para entrar en la fase de su estudio, comprobación de sus reservas y establecer las condiciones más apropiadas para su explotación.
Se dice también que "no todo lo que brilla es oro", eso significa que junto a los yacimientos auríferos, hay posibilidades de lograr otros de plata con lo que ya se configura una doble posibilidad de extracción de minerales para cubrir las expectativas de los productores nacionales y/o extranjeros, tomando en cuenta el interés que ponga el gobierno para encarar nuevos proyectos.
Sin embargo lo que se requiere en el ámbito general de la minería son las definiciones concretas y pragmáticas de las autoridades del Gobierno, en este caso del área de minería para que muestren su capacidad y voluntad de alentar nuevos proyectos, acudiendo a profesionales bolivianos que tienen mucho interés en transmitir sus conocimientos y experiencia sobre la existencia de yacimientos mineros y las mejores opciones para su explotación.
La minería no puede quedar limitada a las restricciones de un esquema estatista que piensa en pequeña escala, aunque anuncie grandes inversiones que finalmente se diluirán si las mismas no respaldan proyectos que sean materializados en la práctica del ineludible proceso minero de las "tres X" que son la exploración, explotación y exportación, con sus variables necesarias en cada una de esas etapas, como la incorporación de tecnología de punta para llegar a la industrialización y la venta de minerales con valor agregado.
No es una ilusión, es cuestión de capacidad profesional, voluntad laboral y política y decisiones responsables y oportunas. Un desafío para el Ministerio de Minería y para la Comibol.
Medios – P.M.
Agencia Uru.
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