Hace diez años un estudio de la Universidad Autónoma Tomás Frías y otras entidades dio el alerta. Pobladores de barrios mineros de la ciudad de Potosí tenían de 9,7 a 60 microgramos (mcg) de plomo por litro de sangre, cuando el máximo tolerable es de 10 mcg.
Desde entonces a la fecha la situación no ha hecho sino empeorar y ha obligado a vecinos de Pampa Ingenio, Aguas Claras, Plaza Sucre, Pu’ytukani, Villa Colón, San Martín y Plaza España a emprender una cruzada para echar del radio urbano a los 30 ingenios que operan en esa capital y a las comercializadoras de minerales, sin mucho éxito.
Los testimonios de los afectados hablan de bronquitis crónica, abortos, problemas cutáneos y otros. Y la OMS, que es la que recomienda que el tope tolerable sea de 10 mcg de plomo por litro de sangre, establece que de 10 a 15 mcg tienen efectos dañinos en el feto y causan presión alta. A los 40 mcg hay daños en el riñón y el sistema reproductivo de los varones. 50 mcg causan problemas en el sistema nervioso y reducen los glóbulos rojos, y a los 60 mcg provocan anemia. Entre 60 y 70 mcg, dolores de cabeza, problemas de concentración, dificultades para dormir, entre otros.
Pero el plomo no es el único elemento presente en el aire, los alimentos y el agua de Potosí, ciudad en la que el 50% de sus 189.652 pobladores vive de la actividad minera, como los mineros cooperativistas, comercializadores de minerales, trabajadores de los ingenios y otros.
Las movilizaciones volvieron a poner sobre la mesa el aumento de enfermedades que van desde irritación de los ojos, la piel y asma hasta cáncer, que están vinculados a la intensa actividad minera y los pasivos ambientales. La voz de alerta la lanzaron los vecinos de Pampa Ingenio, uno de los siete barrios de la zona norte de la ciudad, que ven cada día cómo se va apagando sus vidas.
La avenida Circunvalación, que atraviesa gran parte de ese sector de la ciudad, se constituye en el foco de mayor contaminación porque por esta vía circulan cientos de vehículos pesados que transportan el mineral sin ningún tipo de protección, con contadas excepciones.
En su trayecto, los motorizados derraman el mineral puro y, en otros casos, mineral procesado con químicos. El viento dispersa las partículas y los vecinos se ven obligados a respirar un polvillo blancuzco, que se mete a las viviendas y contamina los alimentos (ver testimonios).
A este panorama se suma el trabajo de 24 horas de los ingenios. El uso de químicos y el ruido que provocan también son otras fuentes de contaminación. Esas denuncias fueron recogidas por La Razón de los vecinos de los siete barrios mencionados que se movilizaron para pedir que ingenios y comercializadoras de mineral se vayan de su zona.
Martha Hidalgo, dirigente vecinal de Pampa Ingenio, identificó a los niños, mujeres y a las gestantes como las principales víctimas de la contaminación. Esta percepción fue confirmada por estudios técnicos realizados por la Sociedad Potosina de Ecología (Sope), la Universidad Autónoma Tomás Frías, el Centro de Investigación de Medio Ambiente, el Instituto Boliviano de Biología de Altura y el Servicio Departamental de Salud.
Un primer estudio denominado “Determinación de metales pesados en sangre de la población potosina y riveras del río Pilcomayo”, elaborado en 2009, establece que entre 8 y 16% de personas estudiadas tiene en su sangre niveles de zinc, plomo y plata por encima de lo permitido por la OMS.
Ese informe señala que las patologías encontradas en los pacientes muestra cefaleas, dolor abdominal en cólico, neuropatías, problemas de los sistemas renal, gastrointestinal y nervioso vinculados al plomo.
Pero esa realidad también se traslada a la zona baja de la urbe. Ahí, el Sope realizó otra investigación en 2008. Lourdes Tapia señala que en la zona de Cantumarca y barrios aledaños se han demostrado que el polvo de las viviendas tiene niveles muy elevados de minerales pesados, sobre todo arsénico, cadmio y plomo.
José Calle, médico neumólogo del hospital Daniel Bracamonte, afirmó que la contaminación minera provocó en el último tiempo un incremento de personas con asma. “El asma es uno de los problemas de la contaminación ambiental que ha aumentado. Antes en Potosí era raro tratar a un paciente con ésta patología; actualmente ha crecido en 500% más o menos con relación a los cinco años”, señaló.
En Sucre, Róger Corrales, director del Instituto de Cancerología Cupertino Arteaga, destacó que Potosí ocupa el segundo lugar en atención de pacientes con patologías vinculadas al cáncer. El especialista afirmó que está comprobado que el plomo, cadmio y arsénico pueden desencadenar procesos cancerígenos.
En Potosí no hay una unidad de oncología que pueda realizar estudios más específicos y los afectados se ven obligados a recurrir a centros especializados de las ciudades de La Paz, Cochabamba y Sucre.
Creación de un parque industrial, la solución
Yuvert Donoso
La reducción de una parte de la contaminación dejada por 500 años de explotación minera en la ciudad de Potosí pasa por la construcción de un parque de ingenios, proyecto que está en la fase inicial.
El complejo será emplazado en Ciénega Pampa, a 15 kilómetros de Potosí, cerca del Cerro Rico y por el camino hacia Tarija —en territorio de los ayllus Jesús de Machaca y San Antonio de Machaca—, donde ya se asentaron algunas de estas factorías.
En la ciudad operan 30 ingenios que depositan unas 4.200 toneladas de colas, o agua contaminada, al dique de San Antonio, según una investigación de la Red Aclo plasmada en el documental Contaminados.
Para obtener una tonelada de mineral concentrado se emplean entre 500 y 1.000 litros de agua dulce, agrega el informe. Sin embargo, éstas, aunque son tratadas, ya no son aptas para el consumo humano.
La construcción del parque industrial es encarada por la Gobernación y el Gobierno nacional, que invertirán $us 40 millones. Estas factorías no tienen ninguna posibilidad de ampliar el dique de San Antonio, cuya vida útil concluye el primer trimestre de 2015, informó el alcalde potosino, René Joaquino. El plazo fatal será en 2015, agregó.
También admitió que no es sencillo reubicar a los ingenios, pero aseguró que los empresarios están convencidos de que tienen que cerrar sus actividades en la urbe.Limbert Paredes, representante de la Asociación de Ingenios Mineros de Potosí, dijo que sus afiliados están conscientes de que tienen que abandonar la ciudad. Según él, su sector asumió la problemática con mayor responsabilidad, todos sus afiliados obtuvieron su licencia ambiental, además en conjunto destinaron más de $us 12 millones para reducir el impacto ambiental.
Empero no todos están contentos. Comunarios de los dos aylllus expresaron su preocupación por la contaminación de las fuentes de agua, las tierras de labranza y de pastoreo ocasionada por las factorías allí asentadas, aunque la Gobernación aclaró que el agua del dique de colas que será construido será tratada.
Autoridades se sienten atadas de manos
Yuvert Donoso
Las autoridades medioambientales de Potosí dicen estar atadas de manos porque —según ellas— se ven impedidas de sancionar o cerrar cualquier actividad minera debido a que las leyes vigentes no son coercitivas.
La secretaria de la Madre Tierra de la Gobernación, Teresa Balderrama, explicó que cuando se pretende asumir cualquier acción, los afectados recurren al artículo 39 del Código Minero, de 1997, aprobado en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
“Ninguna autoridad ni judicial o persona individual o colectiva puede impedir la iniciación u ordenar la suspensión de actividades mineras, bajo sanción de resarcimiento de daños y perjuicios, además de la responsabilidad penal que pudiera corresponder”, dice ese artículo.
La excepción es que la autoridad competente comprueba casos de emergencia ambiental o cuando así lo exijan la salud y vida del personal. Ajustes. Balderrama señaló que urge modificar las normas y dar a las entidades ambientales mayores instrumentos para controlar la actividad minera.
“La actual norma es muy permisiva e incluso ridícula, porque, en el caso de sancionar con la multa, los empresarios prefieren pagar y continuar trabajando”.
La Secretaría de la Madre Tierra realiza un control y verificación de las actividades mineras que tienen licencia ambiental. Si no, inicia un proceso administrativo sancionatorio que al final deriva en una sanción económica, pero no en la clausura.
Justino Villanueva, director de Medio Ambiente de la Alcaldía de Potosí, dijo que su rol se limita al control y vigilancia sobre la licencia de funcionamiento; mientras que la Gobernación “tiene la potestad de cerrar los ingenios o trasladarlos a otro sector de la ciudad”. Explicó que su oficina emite informes y que las decisiones las asume la Gobernación.
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