El tema innegablemente es necesario para encarar una política efectiva en materia de producción minera para salir del proceso de estancamiento en que se encuentra el sector, precisamente por la carencia de estrategias delineadas para enfocar el asunto desde un punto pragmático que elimine las trabas que se originan por una parte en disposiciones insertas en la CPE, como el caso de la consulta previa, o por la falta de una normativa actualizada que impulse el conjunto de la producción minera.
En el último tiempo se han hecho varios análisis en torno a la minería y resulta que exministros del ramo, sociólogos y expertos en la materia se han ocupado de estudiar todo el proceso de la actividad minera para convenir en que hay necesidad de efectuar grandes cambios en la estrategia nacional de la producción minera, para enderezar su avance y hacer factible su inserción más segura en el proceso económico del país.
Se mencionan aspectos como la inestabilidad de la Comibol, empresa que debería ocuparse justamente en delinear las políticas de prospección, la exploración, futura explotación e inclusive la industrialización de los minerales para comenzar y cerrar un nuevo ciclo de la minería moderna que se necesita para competir con los países vecinos y tener las mismas oportunidades de captar inversiones que impulsen los macro y mediano proyectos que están a la espera de financiamientos, de tecnología y equipos modernos, pero en función de planes objetivamente delineados por profesionales del área.
Hay un largo proceso por el que ha pasado la minería desde la nacionalización de las empresas de los barones del estaño en el año 1952, el curso de la historia refleja hechos que deben tomarse en cuenta como experiencias más negativas que positivas y que tal parece no hubieran servido de enseñanza para reformar oportunamente los lineamientos de la estrategia minera.
Investigadores del presente observan que por los hechos que se producen en la minería se estaría por "reimplantar el predominio del Estado en la minería", lo que significa en resumen un cambio de política "no precisamente para potenciar la minería estatal, sino más bien para favorecer la expansión de las cooperativas, a lo que se añadiría por lógica consecuencia la informalidad e ilegalidad en las actividades mineras". Esta referencia muy importante está contenida en el libro editado por la Fundación Pazos Kanki, ¿De vuelta al Estado minero?
Y las investigaciones llevan a otro orden de apreciaciones, especialmente cuando las mismas tienen que ver con la minería estatal, que pese a los mejores deseos no está en óptimas condiciones y su dependencia de los precios internacionales es una de las "ataduras" más injustas e insensibles por las condiciones totalmente materiales en que se desenvuelve todo el proceso de extracción de minerales y su exportación sólo como materia prima.
Este hecho que es una especie de "pecado original" de la minería boliviana, debe ser modificado, pero con firmes determinaciones que sean respaldadas por una regulación adecuada al tiempo actual, que no sea restrictiva a sólo los intereses sectoriales del propio Estado, sino más bien de amplia apertura a las condiciones de competitividad que reclaman grandes inversionistas con el deseo de ingresar al sistema productivo minero nacional que tiene muchas posibilidades, pero todavía pocas opciones para convertirse en parte de nuevos prospectos mineros.
La nueva ley minera, tan esperada en el tiempo actual, tendrá que responder a los desafíos de la grandes inversiones, tomando como base el potencial de todos los yacimientos mineralizados que sean verificados y prospectados para entrar en operaciones de producción, permitiendo al Estado, los departamentos y los municipios, obtener los beneficios directos de orden financiero que con mucha claridad se disponga en una normativa de regulaciones equilibradas particularmente en materia impositiva, de modo que se ahuyenten, más bien se capten buenas inversiones.
La experiencia de una minería estatal que fue parte de un largo periodo político del país no ha dejado muchos beneficios, de ahí que esa experiencia debería recordarse como parte negativa del sistema y no repetida nuevamente, más bien modernizada y abierta a las nuevas corrientes de la competitividad mundial en la que entran los prácticos y abiertos programas mineros de una inusitada competencia en la región, pero también de países con larga tradición minera en el otro lado del mundo.
La idea que surgió en septiembre de este año, cuando se habló del "cierre" de la Comibol aunque se aclaró después que se trataría de un cambio de su razón social pero con la visión de reestructurarla totalmente, causó un impacto de resignación en los círculos próximos a la estatal minera.
Las autoridades señalaron que se quiere en adelante una institución "más eficiente" que responda al reto de establecer nuevos lineamientos que sean objetivos en el propósito de alcanzar las metas de alta producción, con la mejor rentabilidad directa, con adecuadas garantías para inversiones y los nuevos proyectos que quieran establecerse en las áreas mineras de un país, como el nuestro rico en diversidad de minerales.
Por tanto lo que se espera es una "acometida" legal, técnica y práctica para cambiar la Comibol, no importa su membrete lo que interesa es que se convierta en el organismo impulsor de la nueva minería nacional, en todos sus sectores privado, estatal y cooperativizado, sin exclusiones y con iguales obligaciones, lo que significa también equitativos beneficios.
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