al como sucede con las trabas que entorpecen los proyectos de exploración petrolera, cuando surgen los reclamos de sectores insistiendo en que se cumpla la "consulta previa", el mismo hecho altera también en algunos sectores el proceso exploratorio de yacimientos mineros.
Teniendo en cuenta que este asunto perjudica seria y severamente el cumplimiento de varios proyectos de explotación de los recursos naturales no renovables del país, caso de hidrocarburos y minerales, el propio Mandatario hace tiempo atrás, mostró molestia por la posición de ciertos frentes originarios que se oponían a la exploración de nuevos pozos en el sector oriental y el caso de comunarios que rechazaban la exploración aurífera en una vasta región de la jurisdicción paceña. Esas actitudes fueron calificadas como negativas a los planes gubernamentales de mejorar las condiciones de trabajo de centenares de bolivianos y los alcances de proyectos para mejorar los ingresos del Estado.
Autoridades de YPFB al referirse a las licencias ambientales y la consulta previa mostraron preocupación por las trabas, señalando empero que se trabajaba en levantar "algunos obstáculos que se han presentado en los últimos años", retrasando los proyectos exploratorios. No ha sucedido lo mismo en el área de minería, pues no hubo voces de autoridades del sector llámense del ministerio de minería o de la Comibol, que hubieran reclamado por las interferencias a los proyectos exploratorios. Al contrario, según muchos afectados, esas autoridades se mostraron parciales a los abusos cometidos por avasalladores que incursionaron en propiedades privadas, las mismas que no han sido recuperadas ni sancionados los autores, menos resarcidos los afectados.
Bajo esas circunstancias el Gobierno pretende incluir cambios en la normativa actual vigente y se supone añadirla a la nueva ley minera, con el objeto de dar mayor dinamismo y seguridad a los procesos de consulta previa. Se entiende que el asunto deberá pasar por la instancia parlamentaria, pues se trata de una modificación en por lo menos dos artículos insertos en la CPE.
Hay necesidad de que se adopten medidas correctivas en normas que alteren o peor aún que impidan la realización de proyectos importantes que tienen que ver con la explotación de los recursos naturales en función del interés nacional. La consulta previa se encuentra vigente en la legislación boliviana, sin embargo, su aplicación es realizada desde un punto de vista muy amplio y sin restricciones, pues no cuenta con un marco regulatorio legal que determine su alcance, plazos de su aplicación y otros elementos en respeto a los derechos de pueblos indígenas.
Expertos en hidrocarburos y minería coinciden en señalar que la ley de hidrocarburos y la norma de la actual CPE, complican demasiado cualquier proceso de consulta previa, creando serios problemas legales a los promotores de empresas estatales (YPFB o Comibol) y privadas cuando deciden encarar planes de exploración, lo que retrasa nuevos emprendimientos, por lo que plantean la necesidad de insistir en una revisión (de la norma) a la luz de los actuales hechos y la comprobación de los perjuicios ya cometidos.
En el caso de la minería y sólo como ejemplo se habla de una inversión en minería en el caso boliviano que bordea 106 millones de dólares, mientras que en el Perú con reglas claras y seguridad jurídica las inversiones son de siete (siete) billones de dólares.
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