Ha transcurrido propiamente un año más en el que estaban cifradas las esperanzas para encarar un proceso de recuperación de la minería nacional, aunque para quienes han estado pendientes de todos los desfases de este sistema productivo, lo que se esperaba en su verdadera aplicación práctica era su reactivación, proceso anunciado después de la crisis del estaño que obligó al cierre de las minas y al despido de miles de mineros…entonces surgió la promesa de políticos para encarar la "reactivación de la minería", delicado proceso que no se cumplió hasta el presente.
En lo que corresponde a la última gestión y por mejor decirlo al periodo del actual Gobierno, se han hecho anuncios rimbombantes sobre varios proyectos mineros y en más de seis años, todavía las cosas no se perfilan como parte estructural de la política productiva nacional en función a la actividad minera y su potencialidad de yacimientos, la mayoría sin siquiera haber sido objeto de una adecuada prospección y exploración, que permita estimar futuros costos de su operabilidad extractiva.
Ahí están los casos de Karachipampa, conocido como el "elefante blanco", más de 30 años sin funcionar, el arranque de la explotación del hierro del Mutún que en su primera fase quiebra el ritmo de su cronograma de tareas por fallas en el cumplimiento del contrato con una inversionista hindú. Salta luego el más importante proyecto de la minería moderna, la explotación del litio en los salares de Uyuni (Potosí) y Coipasa (Oruro), sin embargo con una serie de alternativas que no llegan todavía a perfilar un arranque efectivo de la explotación del litio y su industrialización, proceso en el que se quiere incorporar tecnología moderna de algún país asiático, pues son varios, y entre varios devaneos, por lo menos uno ya desistió de transferirnos su tecnología, por lo tanto ese proyecto considerado "emblemático" en materia de minería sigue en esa condición…proyecto.
Hay otros casos que igualmente sólo pueden contarse como buenos intentos pero faltan decisiones concretas para inducir su desarrollo, pues no sólo se avanzará con cierto apoyo financiero oficial, debe formarse todo un equipo técnico para concluir la primera fase exploratoria que realizó una empresa internacional en Mallku Khota, anunciando la existencia de un gran yacimiento minero, igual o más grande a San Cristóbal que lamentablemente quedó trunco por la presión de los "movimientos originarios" que cruzaron los convenios existentes logrando que se liquide el contrato pero sin actualizar uno nuevo que no interrumpa la fase exploratoria y verificativa del potencial minero de Mallku Khota.
Lo enumerado no es todo lo que está en duda lo más grave, aunque así no lo quieran entender muchos ejecutivos e inclusive trabajadores, es que también hay problemas en la minería nacionalizada, el caso de Huanuni la empresa que tiene el mayor número de trabajadores casi 5.000 y donde ha bajado el volumen de producción, hombre – tonelada, y han disminuido las utilidades, se espera la puesta en marcha de un nuevo ingenio que permitirá mejorar el orden productivo y la calidad de los concentrados, sin embargo la crisis se balancea en el péndulo del precio internacional del estaño, que si bajara a menos de 9 dólares la libra fina ocasionaría un desplome en los costos de equilibrio de la sostenibilidad laboral y extractiva de ese centro.
Colquiri que también insumió en la última gestión a un contingente nuevo de mineros cooperativistas, confronta pugnas internas pues los asalariados reclaman sus derechos sobre el "uso" de la veta Rosario, rica en estaño y en la que han puesto su interés los cooperativistas causando enfrentamientos que pueden ser muy serios si las autoridades no remedian los conflictos internos. En materia de producción se menciona cierto equilibrio en costos y hasta se habla de algunas utilidades, pero se necesita estructurar un buen plan técnico operativo para mejorar su condición productiva.
El otro asunto que se prolonga bastante y que ha pasado los límites de más de un cronograma de tareas, es la instalación del gigante horno Ausmelt en el Complejo Metalúrgico de Vinto que aumentará el volumen de la producción de lingotes una vez que funcione el "dichoso y costoso horno", mientras tanto hay denuncias de asambleístas departamentales sobre algunas irregularidades detectadas en la fundición de Vinto que han sido desmentidas pero dejando un sabor a duda que persiste, cuando también los mineros de Huanuni demandan el pago a la fundición de una millonaria deuda.
El asunto se complica aún más si se menciona a la Corporación Minera de Bolivia, la Comibol, estratégica empresa estatal cuya función debió y debería ser la estructuración técnica operativa de toda la minería nacional, de modo que anualmente se cumplan metas claramente definidas para planificar nuevos emprendimientos, garantizar inversiones, establecer prioridades productivas para ampliar fuentes de empleo directo e indirecto, haciendo que las utilidades fortalezcan el Erario Nacional y por la vía de los impuestos y regalías se impulsen proyectos de desarrollo departamental y de los municipios donde se ejecutan operaciones mineras. Se trata de una larga cade-
na productiva cuyos eslabones deben ser plenamente asegurados.
Finalmente, la espera de varios años para tener una nueva ley minera pone al sistema en una situación de permanente incertidumbre al no darse garantías para inversiones, al no haberse resuelto los avasallamientos a la propiedad privada y pública y tampoco delinearse objetivos claros para encarar esa reclamada "reactivación de la minería". Todos están esperanzados en que la ley minera, sea un instrumento competitivo que dinamice la actividad minera, la fortalezca y permita que todos sus sectores trabajen en igualdad de condiciones, con las mismas obligaciones y los mismos derechos. Mientras no se produzcan cambios sustanciales en el sector, los bolivianos seguiremos con la gran duda sobre el destino de nuestra minería.
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