Tras la operación de "transferencia" del contrato de riesgo compartido entre Sinchi Wayra, subsidiaria de la suiza Glencore y el Estado boliviano, bajo una presión ejercida por mineros asalariados y cooperativistas, en dos formas de buscar precautelar intereses sectarios, Colquiri será administrada por la Comibol, pero nuestro Gobierno deberá indemnizar a la empresa afectada por la inversión realizada y los equipos que dejará para que continúe el proyecto minero.
La situación es otra muestra de inseguridad jurídica para inversiones a favor de la minería boliviana, que necesita de mucho capital y transferencia tecnológica para desarrollar importantes proyectos, desde los sectores chicos, los medianos y los megaemprendimientos, pues así existan ciertas reservas monetarias que podrían ser utilizadas para impulsar la minería, no será posible que nuestra economía permita tales inversiones, considerando que también hay muchas otras necesidades perentorias en el país.
Lo que cuenta actualmente es la imagen deteriorada en materia de seguridad jurídica que irradia el país hacia los sectores empresariales de la gran minería internacional, la que por supuesto elegirá "plazas seguras" en países vecinos donde las reglas de operación se cumplen bajo estrictas medidas legales que son respetadas y celosamente cumplidas.
Ahora mal o bien, lo hecho está hecho, pero queda la duda sobre la posición que coyunturalmente asume nuestro Gobierno cuando las presiones son tan fuertes que inducen a tomar medidas políticas, como la "nacionalización", figura que ya se dio hace varios años atrás y que sin embargo aún se utiliza sólo para satisfacer las exigencias de sectores empoderados por las circunstancias de intereses sectarios, sin tomar en cuenta los factores estructurales que corresponderían al desarrollo de políticas debidamente delineadas para manejar el importante rubro de explotación de nuestros recursos mineros.
Un viceministro señaló sobre el tema que "Colquiri no fue confiscada a la Glencore" aclarando que "para entrar a esas instalaciones (la mina) se contó con el apoyo de consultores externos", ese elemento de apoyo habría servido para verificar que en las bodegas de interior mina no había mineral acumulado, por lo tanto no "hay nada por pagar", salvo por supuesto lo que significan las maquinarias y equipos que seguirán siendo utilizados y cuyo valor será determinado con una auditoría imparcial, para determinar el pago "justo" de la indemnización a través de la Comibol.
¿Cuál será el beneficio directo en materia económica para el país?, es una de entre varias interrogantes que no tiene respuesta concreta, pues Colquiri tendrá según se estima entre 300 a 500 nuevos trabajadores en planilla y eso hace suponer que se ampliará el volumen de explotación del yacimiento y por lógica consecuencia se acortará el tiempo de vida útil de la mina, aunque quieran darse otras explicaciones, que no se apropian a la realidad.
Lo de Colquiri no es la mejor muestra sobre el manejo de la minería, como tampoco son ejemplos de seguridad lo que acontece con el hierro del Mutún o el problema aún pendiente de Mallku Khota o las minas avasalladas que no han sido restituidas a los legítimos concesionarios. La minería requiere un instrumento normativo de incentivo bajo transparentes medidas de seguridad jurídica.
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