Mientras se espera la aprobación de la nueva Ley Minera se mantienen sin soluciones concretas problemas emergentes del avasallamiento de varias empresas mineras "privadas", cuyos activos han sido alterados por la acción violenta de campesinos originarios en algunos casos y por cooperativistas mineros en otros, en ambas situaciones con alarmantes signos de violencia que han dejado enormes pérdidas no sólo a los empresarios, sino también a trabajadores mineros asalariados y a sus familias.
Los servicios de seguridad no actuaron con prontitud en las circunstancias de ocupaciones indebidas, como tampoco en las investigaciones inmediatas y en la identificación y sanción de los culpables, instigadores y cómplices de hechos que se han vuelto simplemente referenciales al no existir mayor presión por parte de las autoridades competentes para solucionar los problemas.
Una declaración de tiempo atrás del Ministro de Minería puede que sea parte del lento proceso de investigación, pues la autoridad dio a entender que "no se acudirá a la fuerza pública para desalojar a los avasalladores", lo que para buen entendedor significa que esos casos pueden quedarse sin aclaración y lo que es peor sin sanción, convirtiéndose en un peligroso antecedente que como se observa es seguido por más avasalladores.
El tiempo que transcurre para la aprobación de la nueva ley de minería está acrecentando la incertidumbre entre los diferentes sectores que son parte de la actividad minera global, es decir, la minería mediana privada, la minería chica, los cooperativistas e inclusive la propia minería estatal que de momento se desenvuelven en la precaria transitoriedad de regirse bajo un modelo que culminó su vigencia y otro que no acaba de oficializarse en su aplicación.
CAÍDA DE PRECIOS
En ese periodo las operaciones se desenvuelven en un ciclo más o menos regular, pero de total inseguridad debido especialmente a la falta de "políticas mineras" que posibiliten asegurar inversiones, absorber experiencias y mucha tecnología para mejorar los sistemas productivos de toda la minería, lo que no salva al sector de una abrupta caída en la vigencia internacional de precios en las pizarras de Londres o Nueva York, además de las circunstancias especiales que rigen las grandes transacciones de los países asiáticos.
Las circunstancias que se dan actualmente despiertan conjeturas sobre los verdaderos intereses que estarían entorpeciendo la aprobación de una Ley Minera, que dicho sea de paso se considera en el ministerio laboral cuando lo correcto debiera ser que los actores directos de la minería se reúnan allí donde corresponde y con iguales intereses para delinear esas políticas que definirán la marcha – si se quiere – del más importante sector generador de divisas para la economía nacional en toda su diversidad.
Por eso es que llama la atención que la nueva ley minera siga siendo diferida en su aprobación, sin explicaciones lógicas, mientras las oportunidades para asegurar inversiones van pasando y los interesados simplemente las observan y por supuesto las desaprovechan.
Lo más peligroso de todo esto es que en los últimos días se están presentando variables financieras en los mercados internacionales con signos preocupantes para la economía mundial y la inevitable repercusión en las transacciones que realizan los países exportadores, que como el nuestro dependen de sus recursos naturales, la materia prima que transforman las grandes industrias del exterior y por la que nos pagan sólo una parte del costo que esos mismos minerales tendrían si fuesen exportados con valor agregado, situación que todavía no se da en nuestro caso, precisamente por la carencia de políticas que hagan posible la consolidación de un gran proyecto minero – metalúrgico, con las suficientes garantías para atraer inversiones y desarrollar proyectos de toda magnitud en los diferentes sectores de la minería que están esperando las reglas de juego para dinamizar sus propias proyecciones.
En el Ministerio de Minería esperan que la caída de precios en los minerales sea temporal luego de un auge breve especialmente en cotizaciones del oro, el estaño y el zinc, minerales que explotamos en el país y que por un descenso en precios puede generar una distorsión en los cálculos estimativos de las utilidades proyectadas y no satisfechas.
¿Cuál es la "perspectiva minera" a ésta altura de tiempo? Son más las dudas y la incertidumbre en torno a la actividad minera, inclusive en el desarrollo de los megaproyectos, como el hierro en el Mutún o el litio en los salares, en los que hay interesados y donde el propio Estado quiere invertir para poner en práctica la conformación de sociedades mixtas sin dueños, ni patrones, pero que necesaria y circunstancialmente requieren de un conjunto de normas que hagan viable la participación de los "socios estratégicos".
Parece que otro de los puntos que estuviera demorando la aprobación de la Ley Minera se relaciona con la escala de "utilidades" provenientes de lo que se conoce como el "excedente minero" y que según las autoridades del Gobierno resulta de mínima utilidad material para el Estado y de bastante rédito para las empresas, razón por la cual se tarda en establecer un régimen impositivo y de regalías que sea beneficioso para el Estado, pero que al mismo tiempo no ahuyente a los inversionistas, no conspire contra los capitales nacionales y evite la "migración" de capitales a países vecinos, caso de Perú y Chile, donde las condiciones son altamente favorables para captar y recibir a los más grandes empresas mineras del mundo.
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