Efecto multiplicador de la minería

Algo que no se puede ignorar es el enorme factor multiplicador que tiene la explotación minera y que se observa en la generación de empleos (por miles) y los ingresos económicos para departamentos donde se desarrollan proyectos mineros, sean chicos, medianos o grandes porque dependerá la proporción del interés que en cada región se ponga en la actividad minera, con lo que se beneficiará a los pobladores de aquellos centros mineros que rescatan ingresos por la vía de las regalías e impuestos.

Tiempo atrás se efectuaba una especie de medición de los ingresos que Oruro percibía de manera directa por efecto de la actividad minera estableciéndose que de un cien por ciento de salarios pagados en Oruro, poco más del 25% correspondían a beneficiarios mineros y ese hecho multiplicado en familias, lo que podía expresarse además en un sostenimiento entre el 40 y 50% de toda la economía departamental, ingresos sostenibles por largos periodos en tanto se desarrollen importantes proyectos mineros, sin alteraciones sociales, sin interferencias de justificaciones medio ambientalistas, sin avasallamientos y con seguridad jurídica que haga estable las operaciones mineras en las mejores condiciones de productividad y en concordancia con la Ley del Medio Ambiente y el respeto a las inversiones.

Actualmente el mejor ejemplo del sostenimiento de toda una economía regional ya se da en Potosí con los macro proyectos de San Cristóbal, San Bartolomé, San Vicente y otros menores que significan el sustento de ingresos para el Tesoro Departamental de ese departamento hermano.

En el caso del oriente boliviano ya comenzó el operativo de extracción de hierro del Mutún y en la medida que se fortifique tal proyecto se producirá sin lugar a dudas una modificación en los valores de ingresos para ese distrito con un gran soporte de regalías mineras que podría ampliarse al concretarse la explotación de níquel y otros potenciales yacimientos de variados minerales.

No hay otra actividad que garantice miles de empleos como la minería, cuando se la evalúa globalmente, pero también se la sectorializa por regiones y por los valores regalitarios que producen determinadas operaciones mineras. En el caso de Oruro se marcó un prolongado periodo de ingresos importantes para el Tesoro departamental, provenientes de las regalías del oro que pagó y aún sigue haciéndolo la empresa Inti Raymi. Hay que mencionar recientemente el impulso a nuestra economía por los mismos conceptos pero provenientes de las actividades de Huanuni y la Fundición de Vinto, además de otros sectores como los que desarrolla Sinchi Wayra y otras empresas que trabajan en riesgo compartido con la Comibol.

La información sobre la actividad minera señala que si la misma se desarrolla sin “afectaciones” que interrumpan su ciclo productivo, su impacto multiplicador se puede calcular en un beneficio directo de 2 a 2.5 por cada dólar exportable en materia minera, al principio de la década ese porcentaje estaba próximo a un 4% de utilidad directa. Pero hay otras ventajas y son las que corresponden a la seguridad de empleos seguros, remunerados con alto índice de utilidad, de manera muy especial en las empresas que han incorporado tecnología de punta modernizando los tradicionales sistemas de explotación minera, hecho que se traduce a su vez en beneficio colectivo, especialmente para habitantes de poblaciones ubicadas en el entorno de los grandes proyectos mineros.

INSEGURIDAD

Empero lo señalado es parte de un periodo importante de la actividad minera en nuestro país que comienza a distorsionarse en la medida que se alteran las reglas de juego, se mencionan cambios en el sistema impositivo, se hacen menos competitivas las condiciones de inversión minera en nuestro país y tal situación es aprovechada por los vecinos, casos de Chile, Perú e inclusive la Argentina donde grandes empresas mineras internacionales asientan sus inversiones y generan trabajo, ingresos y beneficios colectivos.

Como si la falta de una adecuada política minera no fuera suficiente para poner en duda las garantías que reclaman algunos inversionistas, resulta que aparece otro fenómeno “socio – político” sumamente complicado cuando al aprobarse una nueva Constitución se abre “una falsa” interpretación sobre la propiedad de la tierra, lo que induce a los campesinos “originarios” a mostrarse como los únicos dueños de tierras y en esa alternativa ocupar concesiones mineras, avasallar minas privadas, despojar de su trabajo a los mineros, depredar campamentos mineros y alterar el ciclo productivo de la minería en el país, pero marcadamente en algunos distritos como los del occidente.

Hay una veintena de avasallamientos sin solución, sobresalen el caso de la mina Himalaya en La Paz o el de Santa María en Oruro aparte de otros que si bien fueron reportados en su oportunidad, ninguna autoridad se ha preocupado de devolver la legalidad a esas “tomas” arbitrarias y a todas luces amañadas.

La minería boliviana está en un momento de “gran expectativa mundial”, no otra cosa quiere decir el interés demostrado por el litio de los salares de Uyuni y Coipasa, el caso del uranio en Oruro y Santa Cruz, la producción de los grandes proyectos de Potosí y varios otros que podrían ser implementados si se garantizan inversiones y se devuelven las garantías para establecer otros prospectos mineros de envergadura. Recursos naturales, no nos faltan, es lo que aseguran los expertos, pero hay algo que remarcan por su parte analistas del futuro minero del país, enfatizan que si no se aplica a la brevedad una verdadera política minera que incentive inversiones y atraiga capitales, para los grandes proyectos, podemos quedar con los “crespos hechos” o como se hacía analogía con la historia del rey pobre que sentado en un trono de oro y con la riqueza a sus pies, no tenía la capacidad para explotar los recursos a su alcance… estamos muy cerca de los dos extremos, salir adelante depende de las políticas de Estado para aprovechar un momento oportuno y encarar la gran minería que los bolivianos esperan con mucha esperanza, no hacerlo significará una aberración y como mencionan algunos políticos, quitarle ingresos al país y sus habitantes es un delito de lesa humanidad. (Agencia Uru)