Con características más alarmantes que los avasallamientos, en la localidad de Malliri, dirigentes de las denominadas Organizaciones Territoriales de Bases Otb’s, anuncian que aplicarán “justicia comunitaria” para impedir trabajos en la mina Huachi ubicada en ese sector.
El hecho comenzó el martes 7 del mes actual cuando comunarios de Malliri ocuparon la mina Huachi y desalojaron a más de doce mineros que explotan un yacimiento de antimonio en el municipio de Machacamarca
Inicialmente el concesionario de la mina Edilberto Choque, mencionó algunas actitudes llamativas como una inspección sorpresa de personeros de la secretaría de medio ambiente de la prefectura y la inmediata ocupación de las instalaciones por parte de comunarios de Malliri.
Como respuesta a la denuncia, los comunarios aclararon que “no tomaron la mina” sólo exigían el cumplimiento de una resolución firmada por el Prefecto de Oruro quién dispuso la suspensión de actividades en la mina Huachi en tanto se regularice un documento de “autorización social”, sin embargo lo evidente es que la mina fue ocupada y sus mineros expulsados junto a sus familiares. Lo raro del asunto es que en la Prefectura “se desconocía el hecho”.
Pero lo más preocupante es que el sábado 11 de julio, el representante de las Otb’s de Malliri, Sixto Chiri, declara públicamente que “en la comunidad de Malliri se aplicará la justicia comunitaria a los concesionarios de la mina Huachi si las autoridades nacionales y departamentales permiten el funcionamiento de ese centro minero”, añadiendo que el justificativo de la medida tiene que ver con la explotación de antimonio que afecta la producción lechera de la zona.
Se trata de otro típico problema de avasallamiento y la agravante de aplicar justicia comunitaria contra concesionarios mineros, un poco fuera del contexto que según el gobierno no habrá más actitudes irregulares de este tipo.
Una situación de investigación y de solución práctica, sin que se afecten intereses comunitarios, ni operaciones mineras y menos que se apliquen medidas violentas que son parte de la “justicia comunitaria”, absolutamente arbitraria.
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