En los albores de la humanidad, las actividades inherentes al desarrollo del género humano llevaban un sello de informalidad y aprendizaje, cuando el hombre se volvió trashumante y empezó a contactar entre grupos diversos, el intercambio de bienes y de saberes permitió el desarrollo de la civilización como la conocemos ahora. Todas las actividades primarias extractivas o de otra índole, tenían el sello de utilidad personal o de grupo, y este es el aliciente que dio origen al comercio entre personas y pueblos. Solo el desarrollo cultural a través de los siglos permitió la formalización de ciertas actividades para cuidar el bien común, y separarlas de aquellas que solo buscaban el beneficio personal y/o de grupo, al precio que fuere y con los medios más diversos sean estos permisibles o no. Así nacen las categorías y así a estas alturas de la civilización calificamos a ciertas actividades de lucro como informales y en el extremo mismo de la informalidad, de ilegales. Así hemos acuñado términos como minería informal, comercio informal, empleo informal y un largo etc. En el extremo ilegal hablamos de robo de minerales (Juquéo), contrabando, saqueo, delincuencia etc.
En el estilo de esta columna, quiero referirme a la minería aurífera informal y/o ilegal, que azota al subcontinente en un inmenso territorio de tierras bajas de los Andes centrales y en las cuencas altas de los ríos Madre de Dios, Beni y Madera, se extiende a la zona montañosa del Ecuador y llega a la zona del Río Caquetá y a las nacientes del Amazonas en la selva Colombiana, tierra de las FARC y del narcotráfico. La informalidad e ilegalidad en estas tierras campean con ribetes de escándalo; miles de explotaciones clandestinas de oro aluvial con dragas y pequeñas operaciones en terrazas mineralizadas están controladas por cooperativas mineras, grupos de mineros artesanales y garimpeiros; "producen" importantes cantidades de oro que de una u otra manera entra al mercado de comercialización del metal y crea una economía paralela cada vez más grande. Para hablar del país y su vecindario, se dice que una sola familia de La Paz exportó a los Estados Unidos 14 toneladas de oro en cuatro años (Energy Press 15 de julio de 2015), que hay otras comercializadoras privadas con exportaciones un poco menores y que el fenómeno explicaría el abrupto salto de las exportaciones de oro de Bolivia, que hasta el 2011, eran alrededor de 6 toneladas, y que de pronto se disparó a niveles inéditos pese a la ausencia de inversiones en nuevas minas en el rubro.
Una investigación recopilada en el libro "Minería ilegal e informal en el Perú", del economista Víctor Tórrez C. (Ed. CooperAcción,Acción Solidaria para el Desarrollo. Lima 2015), dice que el tamaño del problema en el Perú es de tal magnitud que en 2011 la producción minera informal registrada por Minem, fue de 22,5 ton de oro, la ilegal/informal en 2012 llegó a 38,4 ton (pp. 31) y curiosamente la investigación concluye que, "desde al menos el 2012 parte del oro que en el Perú es extraído de manera ilegal e informal, fue contrabandeado a Bolivia" (pp. 35).
Así podemos seguir con datos similares en Brasil o Colombia, lo realmente alarmante es que hay una lucha frontal contra este tipo de actividades en los países mencionados, pero en nuestro país somos permisivos por el alto empleo de mano de obra que usa la informalidad y la cadena de comercialización del oro. Esta actividad ya ronda el 40% del valor de las exportaciones mineras del país. En una economía como la nuestra, sumando las otras informalidades e ilegalidades mencionadas líneas arriba que las hay, vamos camino a ser un Estado informal si no corregimos esta tendencia. Debemos hacerlo.
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