Colombia se enfrentará a una oleada de rebeliones populares contra proyectos mineros que ahuyentarán la inversión extranjera a menos que se establezcan reglas para la industria y se prioricen los intereses nacionales sobre los locales, advirtieron las compañías mineras.
Recientes fallos judiciales han provocado alarma entre los inversionistas extranjeros que temen que la oposición de la comunidad a los proyectos de recursos aumentará, a la vez que el acuerdo de paz con las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) promete abrir nuevas áreas al desarrollo.
"Los últimos años no han sido fáciles para la minería", dijo Roberto Junguito, el presidente del consejo directivo de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), citando las protestas, los bloqueos de carreteras, los decrecientes precios de las materias primas y una reforma tributaria del Gobierno introducida a fines del año pasado.
"El mayor reto de todos es la incertidumbre judicial. Muchos de los casos judiciales recientes han fallado en contra de la industria".
El mes pasado, la compañía sudafricana AngloGold Ashanti se vio obligada a suspender las actividades laborales en La Colosa, su mayor proyecto colombiano de exploración de oro, luego de que los residentes de la vecina ciudad de Cajamarca votaran por prohibir la minería en la zona.
El voto recibió la bendición del alcalde de la ciudad y de la Corte Constitucional del país. Los activistas locales argumentaron que La Colosa, la cual tiene el potencial de ser la mayor mina de oro de Colombia, arruinaría su suministro de agua, un cargo que la empresa negó.
El resultado de la votación generó conmoción a través de la industria minera. AngloGold había estado trabajando en el proyecto durante más de una década y había invertido millones de dólares en él. La compañía dice que buscará claridad legal antes de decidir qué hacer a continuación.
Otra multinacional minera, la compañía canadiense Gran Colombia Gold, ha tenido problemas similares en su proyecto aurífero en Marmato.
La compañía está involucrada en una disputa con mineros locales sobre los derechos de minar una montaña rica en oro. En febrero, la Corte Constitucional dijo que Gran Colombia Gold debe consultar a los residentes locales antes de continuar con su trabajo. La compañía respondió introduciendo una demanda por $us 700 millones contra el Estado colombiano.
En la conferencia anual de la ACM la semana pasada, los mineros advirtieron que estos casos pudieran envalentonar a otras comunidades para que busquen llevar a cabo referendos similares o para que intenten llevar a juicio a las multinacionales.
"Existen 39 referendos populares en preparación en este momento", comentó Santiago Angel, el presidente de la ACM. "Aunque no todos ellos están relacionados con la minería, algunos lo están".
Mateo Restrepo, el director ejecutivo colombiano de la compañía canadiense Continental Gold, dijo que el fallo de La Colosa envió "una desastrosa señal" a los inversionistas extranjeros potenciales.
Y Lombardo Paredes, el director ejecutivo de Gran Colombia Gold, declaró que, al votar en contra de La Colosa, los residentes de Cajamarca les habían negado a millones de colombianos los beneficios de "miles de millones de dólares de recursos naturales que ahora se quedarán en el suelo".
Gran parte de la ira durante la conferencia estuvo dirigida a la Corte Constitucional de Colombia. Las compañías mineras dicen que sus fallos en casos relacionados con las compañías mineras han sido erráticos.
Germán Arce, el ministro de Minas y Energía, dijo que la Corte había excedido su jurisdicción y que estaba legislando en lugar de aplicar la ley; por su parte, Carlos Andrés Cante, su viceministro, comentó que las decisiones de la Corte han sembrado "caos y confusión" en la industria.
Los recientes fallos han puesto de relieve las tensiones entre el Gobierno nacional y la población local en relación con los proyectos mineros.
El Gobierno de Bogotá quiere aprovechar los recursos minerales de Colombia para enriquecer las arcas del Estado. Pero la población local a menudo se opone a los proyectos mineros por motivos ambientales o se queja de que reciben poco beneficio económico de la minería y que todo el dinero va a empresas privadas y al Gobierno nacional.
En Cajamarca, el 98 por ciento de los votantes apoyó la prohibición de la minería.
"Los resultados fueron concluyentes y AngloGold debería salirse de Cajamarca", dijo Róbinson Mejía, un activista ambiental que lideró el voto por el "No", argumentando que la gran mina a cielo abierto arruinaría el suministro de agua local y amenazaría el sustento de miles de agricultores. "Todas las empresas asumen riesgos. Ellos invirtieron en un proyecto de exploración y perdieron".
Sin embargo, sólo 6,000 personas —o el 38 por ciento del electorado— votaron.
"No puede ser que 6.000 personas puedan tomar una decisión en nombre de 50 millones de colombianos", dijo el Arce ante la conferencia, agregando que a los intereses nacionales había que darles más importancia.
Colombia es el quinto exportador de carbón en el mundo y produce níquel, cobre, plata, oro y esmeraldas. La minería representó el 28 por ciento de las exportaciones el año pasado.
Pero tiene un potencial mucho mayor. El acuerdo de paz alcanzado el año pasado entre el Gobierno y los rebeldes izquierdistas significa que grandes franjas del campo que antes estaban fuera de alcance ahora son accesibles. Muchas de esas áreas son ricas en minerales.
Pero la minería tiene un problema de imagen. El Centro Nacional de Consultoría, una empresa privada que produce una encuesta anual de actitudes acerca de la minería, expresó que sólo el 28 por ciento de los colombianos tiene una visión positiva de la industria, en comparación con el 42 por ciento en 2014.
El país también ha caído en la clasificación del Instituto Fraser de países y jurisdicciones que son más atractivos para la inversión minera. Colombia actualmente ocupa el puesto 65 en comparación con el 32 en 2012.
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