La nueva redacción del artículo 132 de contratos sujetos a aprobación legislativa, en el proyecto de Ley de Minería, fue observada por un senador del MAS y un abogado constitucionalista, quienes afirman que va contra las atribuciones de la Asamblea Legislativa y vulnera la Constitución Política del Estado (CPE).
La nueva redacción del parágrafo II del artículo 132 señala que "los contratos mineros que sean remitidos a la Asamblea Legislativa Plurinacional deberán ser aprobados en un plazo no mayor a 90 días. Caso contrario, el contrato se considerará aprobado y se tendrá por concedido el consentimiento del Estado con la promulgación de la ley respectiva, debiendo devolverse obrados al Órgano Ejecutivo para la correspondiente protocolización notarial”.
"La Constitución Política le da un mandato al Órgano Legislativo; siguiendo el procedimiento legislativo, se debe aprobar todo contrato que comprometa la fe y el interés del Estado a nombre del pueblo boliviano y mucho más si se trata de recursos no renovables de carácter estratégico; estamos hablando de que el Estado boliviano debe cumplir esta formalidad procedimental que hace a la legitimidad de los contratos”, enfatizó el senador Eduardo Maldonado.
En consecuencia, el legislador del MAS considera que plantear la aprobación "ipso facto” (en el momento) de un documento, tras haber transcurrido un plazo perentorio para el Legislativo, es tanto como poner "contra la pared al Órgano que representa la voluntad popular”.
En su criterio, esa propuesta de disposición en la futura Ley de Minería es subordinar el debate que debe hacer la Asamblea a las "necesidades e intereses” de determinados grupos de poder económico minero.
"Pedimos al Gobierno que sea coherente en la defensa de los recursos naturales y que haga respetar el espíritu constitucional. ¿Cómo se puede entender que hayamos sido firmes nacionalizadores en materia de hidrocarburos, pero a la hora de discutir la segunda fuente de ingresos, en materia de minería, seamos permisivos, blandos y condescendientes?”, cuestionó Maldonado.
El pasado miércoles 28, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó que el Gobierno llegó a un consenso con los cooperativistas mineros y los regantes en la nueva redacción de algunos artículos del proyecto de Ley de Minería, que fueron observados por la Asamblea, que hizo que la norma se paralice desde el 31 de marzo.
En el caso particular del 132, dijo que se acordó que la aprobación legislativa de los nuevos contratos mineros se debe hacer en 90 días. De no cumplirse este tiempo, deberán ser aprobados "por aplicación del silencio legislativo”.
El abogado constitucionalista William Bascopé precisó ayer que no existe el "silencio legislativo” y que no se puede ir contra la CPE.
"La aprobación ya sea en 40, 90 o 100 días es del Legislativo, ellos verán cómo aprobar, es una tarea que el pueblo les da mediante la Constitución. Acá no son válidas las propuestas, sino que los contratos deben ser revisados por el Legislativo y el Ejecutivo no puede tratar de esquivar o hacer un quiebre a la Constitución, tiene que cumplir con lo que dispone”, dijo.
Remarcó que el gas y los minerales son recursos estratégicos del Estado y éstos no pueden dejar de aprobarse como otras leyes de "carácter ordinario”.
Página Siete se contactó con el Ministerio de Minería, pero no obtuvo respuesta.
La Constitución
Mandato El parágrafo II del artículo 348 de la Constitución establece que "los recursos naturales son de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país”.
Disposición Los recursos son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo.
Entrega El 23 de abril, el presidente Evo Morales afirmó que se superó el conflicto con los cooperativistas mineros y que no hay ningún artículo que vaya contra la Constitución, por lo que el proyecto será enviado a la Asamblea Legislativa.
El proyecto de Ley de Minería está listo, aseguran
El presidente de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas, informó ayer que la comisión técnica que redacta el proyecto de Ley de Minería y Metalurgia presentará hoy sus conclusiones a los ministros de Minería, César Navarro, y de Gobierno, Carlos Romero.
"La Ley de Minería tuvo dos acuerdos, uno con el sector cooperativista y otro con los regantes; sobre esa base se trabaja en todos los artículos que también podrían afectar a otros, el tema regantes, tema agua y medio ambiente”, dijo en una nota de prensa.
Agregó que la aprobación y tratamiento de la futura norma está prevista a partir del miércoles y la próxima semana será analizada por el pleno de la Cámara de Senadores.
El diputado José Antonio Yucra anticipó que la comisión integrada por los presidentes de Diputados, Marcelo Elío, y de Senadores, Eugenio Rojas, además de las comisiones de Economía Plural de ambas cámaras, iniciará la redacción final de la Ley de Minería y Metalurgia tras los acuerdos a los que llegó el Ejecutivo con los cooperativistas mineros sobre tres artículos que fueron observados.
"Creo que los avances que se hicieron entre el Gobierno y las cooperativas, los regantes y algunos otros que estaban disconformes con este proyecto se han zanjado y los acuerdos a los que se ha llegado van a primar. La Constitución está ante todo, especialmente en relación al artículo 151, que era el más conflictivo”, afirmó el legislador.
El senador Eduardo Maldonado demandó suspender la aprobación del proyecto debido a que no se escuchó a las regiones.
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