En un acto que se cumplió en la Gobernación de Oruro el Presidente en ejercicio del Gobierno Plurinacional de Bolivia promulgó la Ley de Minería, ante el contento, principalmente de cooperativistas mineros y otros operadores del sistema productivo minero del país. Este instrumento servirá para la administración y control de los recursos minerales en resguardo de los intereses del pueblo boliviano, único propietario de las riquezas naturales.
Algo que no se conoce porque se trata de otra disposición que deberá aprobar el Ministerio de Finanzas, tiene que ver con la reglamentación y aplicación del sistema impositivo al sector minero, el caso tributario y de regalías, aspectos de orden obligatorio que al ser dictados podrían estar fuera de las expectativas de inversionistas o por encima de las posibilidades de las empresas privadas, grandes, medianas o pequeñas incluyendo las del sector estatal.
No escapa a la visión de expertos y analistas lo que podría suceder con la aplicación de un régimen tributario especial para las cooperativas mineras, como ya se insinuó y como lo exigen los miles de asociados a ese sistema que maneja la condición de "actividad sin fines de lucro" para eludir varios impuestos que pagan todas las otras empresas de la minería boliviana.
RECORTE DE RECURSOS
A propósito del tema, tras la aprobación, pero antes de la promulgación de la Ley Minera, desde la Gobernación de Santa Cruz se cuestionó la norma, toda vez que la misma "cercenaría 200 millones de bolivianos a todos los departamentos por concepto de regalías y patentes que no podrían destinarse a proyectos de salud, educación o caminos".
La observación corresponde a Herland Soliz, secretario de hidrocarburos y minería de la gobernación cruceña, quien tildó de inconstitucional el proyecto de ley minera, toda vez que el 10% de las regalías mineras que recaudan las gobernaciones pasarán al control estatal con los cuales "realizará actividades de prospección y exploración" a través del Servicio Geológico Minero según el art. 229 de la nueva norma que regula al sector extractivo.
El reclamo cruceño añade que "el 10% será recortado a cada uno de los nueve departamentos, implicando el hecho más de 200 millones de bolivianos".
En el caso de Santa Cruz, se indica que la norma afectaría directamente a la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) impidiendo que realice sus propios proyectos de exploración y explotación, como empresa regional cruceña. La autoridad enfatiza en que "la ESM es parte de la Comibol, pero está bajo los lineamientos del Consejo Superior Estratégico de las Empresas Públicas que sigue siendo el brazo operativo del Estado".
Una advertencia sale del reclamo cruceño al indicar que si se promulga la ley – sin atender reclamos – la Gobernación de Santa Cruz iniciará un proceso de inconstitucionalidad. PROMULGADA LA LEY, QUÉ SUCEDERÁ EN ADELANTE…
DE COMUNARIOS A MINEROS
Otro tema que se torna controversial surgió recientemente en el nivel superior del Ministerio de Minería y Metalurgia (MMM), cuyo titular, a propósito del conflicto de Arcopongo cuyos comunarios quieren explotar oro en el río Chaquety y a quienes para hacerlo se les sugiere – oficialmente – conformar una cooperativa o ser parte de una empresa unipersonal pero que sean reconocidas legalmente. La declaración del ministro César Navarro fue difundida en un programa de la Cadena A.
El ministro reiteró que, "no es ilegítimo que la comunidad quiera participar, no es ilegítimo ni ilegal, pero para que participe tiene que convertirse en un actor minero y tiene que tener el área de trabajo, es decir por mucho que sean miembros de la comunidad no son un actor minero y no tienen la autorización para producir (mineral) y su actividad es completamente ilegal", argumentó el ministro Navarro.
De la apreciación ministerial se deduce que la sugerencia, en este caso de tipo especial, a los comunarios de Arcopongo es que se organicen en cooperativa y en esa condición al legalizarla estarían en condiciones de operar en la extracción de minerales (oro) y lo harían en abierta competencia con los otros actores de la actividad minera de la zona.
Este hecho que puede ser solución en la situación actual, según observadores en la materia, podría abrir un cauce para que comunarios de otras regiones, en las que se efectúan actividades mineras, adopten la figura del avasallamiento, primero, para luego consolidar su actitud creando una o más cooperativas que puedan trabajar en yacimientos mineros, aunque su conformación sea de agricultores.
De manera concreta el Gobierno sugiere a los comunarios asociarse para explotar yacimientos mineros y podrán hacerlo a través de cooperativas o empresas unipersonales. Se establece que se exigirá la autorización que legalice la vigencia de esas nuevas asociaciones laborales. Para cerrar el asunto, con el caso Arcopongo se revela que hay cooperativas ilegales que tienen gestiones en curso de trámite pero ya operan en la explotación de minerales.
Lo que hace falta es la instrumentalización práctica de la nueva ley, de manera que esa normativa permita encarar planes de desarrollo minero, asegurando capitales para prospección, exploración y explotación, lo que permitirá en una segunda etapa de dinámica especial, entrar en la fase de la industrialización con lo que se eliminarán los recodos en el camino de la venta de nuestros minerales que tendrán valor agregado y mejores réditos para el país y los inversionistas.
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