Los resultados de una reacción sectorial en la actividad minera sirven para mostrar con claridad una situación de marcada inequidad al buscarse soluciones "acordadas" amigablemente sin que afecten en el fondo el sistema institucional en este caso de las cooperativas, frente a los otros sectores como el de la minería pequeña, más conocida como minería chica, e inclusive el caso de la minería estatal.
Tras lo que parecía un escándalo de proporciones por la forma en que se destapó la olla a presión y saltó el tema de los contratos irregulares que hubieran firmado las cooperativas con empresas privadas nacionales, pero especialmente extranjeras, el asunto bajó paulatinamente y el vapor se diluyó por efecto de un fuerte viento de indisimulado apoyo al sector, sin complicar las relaciones que en un momento se tornaron muy frágiles pero sin llegar a romperse.
Los analistas políticos por un lado y los entendidos en materia minera, coincidieron al vislumbrar una "solución salomónica" en el problema de hasta tres artículos del proyecto de ley minera que afectaban a los trabajadores de las cooperativas. Cierto, se hizo mucho ruido y luego llegó la calma y bajó sustancialmente el número de contratos observados, hasta sólo siete que pasarán por una auditoría que en realidad cumplirá su labor de forma, porque en el fondo el asunto no da para mayores escándalos.
Para lo que sirvió en realidad el alboroto de contratos y de artículos observados fue para aprovechar la coyuntura y hacer rodar "algunas cabezas", empezando justamente por el ministro del ramo y se mencionó que también caerían algunos de directores del ministerio y algunos ejecutivos de la Comibol. Así sucedió, aunque los más "sabidos" así dicen los analistas, ya se reacomodaron y de directores pasaron a asesores en el nuevo esquema que maneja el también potosino César Navarro, que no es profesional de la rama minera, pero tiene buena ascendencia política en la superioridad del partido oficial.
E l asunto de los artículos observados se soluciona con un cambio en su redacción, material consensuado que eliminó fricciones y ahora se adecuan a los fines de la Constitución. Los futuros contratos sólo serán validos cuando los registre la Comibol y los apruebe la Asamblea.
Como dicen otros comentaristas los hábiles cooperativistas le sacaron otros beneficios al gobierno, tal el caso de comprometer un apoyo espacial para que mejore su funcionamiento el denominado Fondo de Financiamiento para la Minería (Fofim), que canaliza créditos para proyectos de cooperativas mineras.
Ahí surge la observación, justificada desde el punto de vista de quienes se sienten discriminados en las medidas que significan impulso financiero para mejorar los sistemas productivos, es el caso de la minería chica que busca créditos y no los encuentra, mientras que las cooperativas alzan la voz y logran apoyo inmediato. Es más los cooperativistas han planteado también que pagarán sólo el capital de millonarias deudas que tienen con la Comibol, rechazando el pago de intereses y multas. Ese mismo tratamiento debería aplicarse de manera general, para mostrar una legislación y una administración de servicio con equidad y justicia para impulsar todo el sistema minero nacional.
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