La nueva redacción del artículo 132 de contratos sujetos a aprobación legislativa, en el proyecto de Ley de Minería, fue observada por un senador del MAS y un abogado constitucionalista, quienes afirman que va contra las atribuciones de la Asamblea Legislativa y vulnera la Constitución Política del Estado (CPE).
La nueva redacción del parágrafo II del artículo 132 señala que "los contratos mineros que sean remitidos a la Asamblea Legislativa Plurinacional deberán ser aprobados en un plazo no mayor a 90 días, caso contrario, el contrato se considerará aprobado y se tendrá el consentimiento del Estado con la promulgación de la ley respectiva, debiendo devolverse obrados al Órgano Ejecutivo para la correspondiente protocolización notarial".
"La Constitución Política le da un mandato al Órgano Legislativo; siguiendo el procedimiento legislativo, se debe aprobar todo contrato que comprometa la fe y el interés del Estado a nombre del pueblo boliviano y mucho más si se trata de recursos no renovables de carácter estratégico; estamos hablando de que el Estado boliviano debe cumplir esta formalidad procedimental que hace a la legitimidad de los contratos", enfatizó el senador Eduardo Maldonado.
En consecuencia, el legislador del MAS considera que plantear la aprobación "ipso facto" (en el momento) de un documento, tras haber transcurrido un plazo perentorio para el Legislativo, es tanto como poner "contra la pared al Órgano que representa la voluntad popular".
En su criterio, esa propuesta de disposición en la futura Ley de Minería es subordinar el debate que debe hacer la Asamblea a las "necesidades e intereses" de determinados grupos de poder económico minero.
"Pedimos al Gobierno que sea coherente en la defensa de los recursos naturales y que haga respetar el espíritu constitucional. ¿Cómo se puede entender que hayamos sido firmes nacionalizadores en materia de hidrocarburos, pero a la hora de discutir la segunda fuente de ingresos, en materia de minería, seamos permisivos, blandos y condescendientes?", cuestionó Maldonado.
Recientemente el ministro, Carlos Romero, afirmó que el Gobierno llegó a un consenso con los cooperativistas mineros y los regantes en la nueva redacción de algunos artículos del proyecto de Ley de Minería, que fueron observados por la Asamblea, que hizo que la norma se paralice desde el 31 de marzo.
En el caso particular del 132, dijo que se acordó que la aprobación legislativa de los nuevos contratos mineros se debe hacer en 90 días. De no cumplirse este tiempo, deberán ser aprobados "por aplicación del silencio legislativo".
El abogado constitucionalista William Bascopé precisó que no existe el "silencio legislativo" y que no se puede ir contra la CPE.
"La aprobación ya sea en 40, 90 o 100 días es del Legislativo, ellos verán cómo aprobar, es una tarea que el pueblo les da mediante la Constitución. Acá no son válidas las propuestas, sino que los contratos deben ser revisados por el Legislativo y el Ejecutivo no puede tratar de esquivar o hacer un quiebre a la Constitución, tiene que cumplir con lo que dispone", remarcó que el gas y los minerales son recursos estratégicos del Estado y éstos no pueden dejar de aprobarse como otras leyes de "carácter ordinario", dijo.
LA CONSTITUCIÓN
Mandato: El parágrafo II del artículo 348 de la Constitución establece que "los recursos naturales son de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país".
Disposición: Los recursos son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo.
Entrega: El 23 de abril, el presidente Evo Morales afirmó que se superó el conflicto con los cooperativistas mineros y que no hay ningún artículo que vaya contra la Constitución, por lo que el proyecto será enviado a la Asamblea Legislativa.
PROYECTO DE LEY
MINERA ESTÁ LISTO
El presidente de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas, informó por otra parte que la comisión técnica que redacta el proyecto de Ley de Minería y Metalurgia presentaría sus conclusiones a los ministros de Minería, César Navarro, y de Gobierno, Carlos Romero.
"La Ley de Minería tuvo dos acuerdos, uno con el sector cooperativista y otro con los regantes; sobre esa base se trabaja en todos los artículos que también podrían afectar a otros, el tema regantes, tema agua y medio ambiente", dijo en una nota de prensa.
"Creo que los avances que se hicieron entre el Gobierno y las cooperativas, los regantes y algunos otros que estaban disconformes con este proyecto se han zanjado y los acuerdos a los que se ha llegado van a primar. La Constitución está ante todo, especialmente en relación al artículo 151, que era el más conflictivo", afirmó el legislador.
El senador Eduardo Maldonado demandó suspender la aprobación del proyecto debido a que no se escuchó a las regiones.
APROBACIÓN EN
GRANDE (ÚLTIMA HORA)
Un último informe de la comisión senatorial dio cuenta de la aprobación en grande de la Ley Minera, lo que significa que varios reclamos no se tomaron en cuenta, como el caso de los dirigentes y parlamentarios potosinos, que reclaman un mejor sistema distributivo de las utilidades mineras, al margen de las regalías. Señalan que Potosí genera el 70% de utilidades mineras y sin embargo sus ingresos no compensan el esfuerzo de sus miles de trabajadores y la salida de toneladas de sus minerales.
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