Como dicen en los concursos "es la pregunta del millón", la respuesta es muy esperada aunque no tiene premio, pues las dudas que se ciernen en materia de minería no permiten esbozar cuáles serán las garantías para restablecer las condiciones óptimas que permitan atraer capitales y tecnología para desarrollar una minería activa en todos los subsectores que hacen a su estructura de producción en nuestro país, es decir la estatal y la privada, chica y mediana, como la cooperativizada, hay que añadir la metalurgia y con suerte y un poco de voluntad política, además de entereza profesional, posiblemente podamos hablar también de la siderurgia.
Mientras tanto, como señalamos en anterior edición, el sueño de la minería está pasando por algunas pesadillas, esas tenebrosas que asustan, molestan y preocupan precisamente por falta de políticas específicas para el desarrollo productivo de la minería boliviana, un rubro que merece atención especial dada su potencialidad en reservas estratégicas y en la proyección hacia objetivos de la denominada mega minería.
Satisface saber que el país posee inmensas riquezas naturales y de manera especial en la zona occidental, como se ha podido evidenciar por los trabajos de prospección y exploración, por ejemplo en la zona de Mallku Khota donde se ubicaría un millonario reservorio de varios minerales requeridos en los países industrializados, lo que significa un mercado seguro y un beneficio de orden directo para el Estado, las comunidades y el departamento donde se producirá el fabuloso emprendimiento, además de otro que abarcará también a Oruro y que se extenderá desde el salar de Uyuni y llegará al de Coipasa, donde el litio mueve el interés de varios países y empresas para ser parte de la industrialización de lo que ha venido en denominarse como el "oro blanco".
Hay muchas otras alternativas en el sueño de la minería boliviana, pero de momento se vive una pesadilla que causa insomnio en muchas personas, en las que manejan la administración sectorial, caso del ministerio de minería, la estatal Comibol, y por supuesto el nivel ejecutivo de Gobierno, donde radica la responsabilidad de establecer medidas concretas que garanticen los proyectos y sus condiciones de financiamiento y equipamiento para el uso de nuestros recursos naturales, sin trabas, sin avasallamientos, sin intervenciones y sobre todo con reglas claras que normen y otorguen seguridad jurídica a todos los prospectos mineros que se habiliten legalmente.
El asunto va por un replanteo en la política minera y metalúrgica nacional para hacerla más competitiva y menos agresiva con la inversión privada.
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