Más de siete mil concesiones mineras estarían en riesgo

Para el Conalmin, se advierte un riesgo y colapso del sector minero frente a la falta de un ordenamiento jurídico, que disponga el traspaso de las concesiones a contratos.

Más de siete mil concesiones mineras estarían en riesgo debido a que no existe una base jurídica que adecúe los nuevos contratos a la nueva Ley Minera que ni siquiera está en la agenda de Congreso.

El plazo que puso el Gobierno en la Constitución Política del Estado (CPE) concluye el 6 de diciembre, por lo que sectores mineros solicitan una prorroga al Ejecutivo o en su caso una ley corta antes que se presente el proyecto minero al Legislativo.

El presidente de la Cámara Nacional de Minería (Conalmin) Saturnino Ramos, expresó la preocupación del sector de la minería chica del país, porque el Gobierno aún no establece un régimen jurídico para el traspaso de más de siete mil concesiones a nuevos contratos.

La CPE establece en su disposición transitoria octava, que “en el plazo de un año desde la elección del Órgano Ejecutivo y Legislativo las concesiones sobre recursos naturales, electricidad, telecomunicaciones y servicios básicos deberán adecuarse al nuevo ordenamiento jurídico. La migración de las concesiones a un nuevo régimen jurídico en ningún caso supondrá desconocimiento de derechos adquiridos”.

RIESGO

Para el presidente del Conalmin se advierte un riesgo y colapso del sector minero frente a la falta de un ordenamiento jurídico, que disponga el traspaso de las concesiones a contratos.

Por lo que existe el temor que el proyecto minero, elaborado por el Ministerio de Minería, pueda ser trasladado a la Asamblea Legislativa sin tener en cuenta los criterios de los involucrados, sostuvo Ramos.

“Las concesiones mineras como lo establece la CPE deberían adecuarse a través de los contratos mineros. Sin embargo, estamos algo susceptibles, porque desconocemos en qué forma y más todavía cuando sabemos que la norma debe estar reglamentada después de la promulgación de la Ley”, remarcó.

PRÓRROGA O LEY CORTA

En este sentido, el representante de las cámaras departamentales y regionales de minería privada, envió una nota a la Asamblea Legislativa, donde propone otorgar una prórroga o en su caso sancionar una ley corta para las concesiones, mientras se debate la nueva Ley General de Minas.

La nota del Conalmin, enviada al primer secretario de la Cámara de Senadores, Andrés Villca, sostiene que por la preponderancia de la “norma constitucional no se puede enervar, segregar, ni efectuar la institución de la adecuación; empero, a nivel de una ley corta o interpretativa que puede emitir la Asamblea Legislativa, legalmente se puede prorrogar un plazo sin alterar el objetivo de la CPE – toda vez que las disposiciones transitorias por su naturaleza – no tienen carácter vinculante en el señalamiento de plazos para posibilitar una confiable adecuación de las concesiones mineras al sistema de contratos”.

Ramos enfatizó que con esta propuesta se pretende solucionar la incertidumbre que en estos momentos ronda al sector minero, además de que se respeten los derechos preconstituidos.

“Alrededor de 7.300 concesiones tendrían que migrar a contratos, pero nosotros queremos que los derechos preconstituidos se respeten en la nueva Ley, lo que pasa es que no quieren entender que nosotros tenemos responsabilidades con el país, pagamos impuestos, en la explotación hay costos de operación. Pero ahora no sabemos cuál será la situación de lo preconstituido, porque tenemos nuestra documentación en calidad de concesiones, hemos cumplido con registro minero, registro de derechos reales y también tenemos las matrículas”, mencionó.

El presidente de la Conalmin enfatizó que si el Gobierno no consensúa con los diferentes sectores habrá conflictos, sobre todo con los comunarios que exigen la aplicación de la consulta previa.