La Empresa Boliviana de Oro (EBO) iniciará sus operaciones en diciembre con la compra del mineral a escala nacional. El sistema de control de la producción estará basado en la cantidad de combustible subvencionado que el Estado entregue a los extractivistas a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
“Se está instalando la Empresa Boliviana del Oro en la región con una oficina en Guayará y Riberalta, así que todos se están sometiendo al cumplimiento de las normas. Están obligados a vender a la empresa, que va a empezar a hacer sus primeras compras en diciembre y a partir de ello se va a desarrollar un proceso de formalización”, afirmó ayer el director ejecutivo de la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf), Juan Ramón Quintana.
La autoridad explicó que luego de realizar intensas intervenciones con el Comando Conjunto Amazónico sobre los ríos Orthon, Madre de Dios, Beni y Madera, se puede afirmar que el Estado tiene el control sobre el 90 por ciento de las zonas donde se explotaba de manera ilegal el oro aluvional.
“Es posible que todavía hayan actividades de explotación ilegal en áreas fiscales o áreas donde no hay concesión aurífera. Pero la tarea que tiene la Armada Boliviana en la amazonia es controlar el 100 por ciento, esto va a demorar un tiempo más”, señaló.
Ademaf, en coordinación con los comandos Andino y Amazónico, realizó varios operativos en el marco del programa Río Limpio para establecer las zonas donde se explotaban de manera ilegal el oro aluvial. Pero también se evidenciaron niveles alarmantes de explotación laboral −sobre todo de extranjeros a bolivianos−, así como el irresponsable manejo de los recursos naturales en los caudales, altamente contaminados por el uso de químicos de las dragas.
a través del combustible
La producción del oro será controlada por una estructura institucional del Estado, integrada por YPFB, EBO y la autoridad jurisdiccional de minería para que sólo se venda combustible subvencionado a aquellas concesiones que respeten los derechos laborales, cuenten con su ficha ambiental, pero sobre todo que vendan el oro que explotan a la empresa estatal.
“Por lo tanto, hay un mecanismo estatal que va a impedir que haya actividad ilegal. Se puede decir que la venta de combustible a las empresas auríferas, balseros o dueños de las dragas será un mecanismo de control, de regulación y de fiscalización, pero al mismo tiempo que se va a comercializar el combustible que produce una determinada cantidad de oro”, señaló Quintana.
Este mecanismo de control múltiple le permitirá al Gobierno controlar la explotación, a escala departamental, saber cuánto oro se produce y cuánto en impuesto percibirá, y al mismo tiempo “estrangular la ilegalidad entre todos”.
Según el ejecutivo de Ademaf, los balseros y dragueros están de acuerdo en estos mecanismos de control porque a pesar de que se incrementan sus costos de operación, tienen certidumbre en su trabajo. “Ahora los balseros deben pagar beneficios sociales, impuestos, mayor gasto para control medioambiental porque deben tener fichas ambientales, por lo tanto se le sube su costo, pero sigue siendo rentable”, indicó.
Actualmente no existen datos exactos sobre las concesiones porque son unidades auríferas asociadas a una cooperativa que se desenvuelven a través de dos brazos productivos, como son los balseros y los dragueros.
“Nuestro combustible subvencionado estaba generando una economía ilegal altamente rentable que no beneficiaba al país. YPFB ha desarrollado un mecanismo muy práctico para entregar combustible; por 10 mil litros de combustible sabemos en términos estimados cuánta producción de oro tendrá esa empresa”, subrayó.
Aquella cooperativa que no le venda oro a EBO será pasible de sospecha de estar cometiendo ilegalidad y contrabando, según Quintana, “ya que el oro se comercializa a buenos precios en Perú y Brasil, y hay una tentación altísima para el contrabando. No puede quedarse ni un gramo en manos de balseros”.
El próximo paso de control del oro irá acompañado de una fiscalización más rígida en la explotación de las áreas de concesión, debido a que algunas unidades productivas se salen de su área de explotación.
“Draga que se salga del área de concesión, balsa que no esté en su área de concesión, balsa incautada, draga incautada”, advirtió.
La Empresa Boliviana de Oro, creada por decisión del presidente Evo Morales, tiene el propósito de legalizar la explotación del mineral y que ésta beneficie al país.
Contará con $us 2 millones para iniciar comercialización
La Empresa Boliviana de Oro (EBO) contará con dos millones de dólares para iniciar operaciones desde diciembre en zonas auríferas donde se identificó actividad ilegal. Sus oficinas estarán asentadas en Guayará, Riberalta, San Ramón y las serranías de San Simón.
“EBO podrá realizar sus primeras compras de oro, comprar maquinarias, tiene dos millones de dólares para comenzar a comprar hasta fin de año y no sé cuántos millones más tendrá para el próximo año”, señaló el director ejecutivo de Ademaf, Juan Ramón Quintana.
El Comando Conjunto Andino y el Comando Conjunto Amazónico permanecerán en las fronteras auríferas con control militar, mientras que la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) implementarán el funcionamiento de EBO con acompañamiento.
El Ministerio de Minería y las entidades de comercialización ejercerán control en el norte amazónico, la chiquitania cruceña y el norte paceño. EBO, a través de sus comercializadoras, acopiará el oro para luego refinarlo y depositarlo como reserva fiscal en el Banco Central de Bolivia (BCB).
En la segunda fase, EBO instalará la industria extractiva, que se instalará en zonas fronterizas, bajo normas ambientales y laborales.
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