A 17 días de concluir el plazo para que las concesiones mineras suscriban nuevos contratos con el Estado boliviano, el Gobierno prepara una norma complementaria para que más de 7.000 concesionarios de todo el país, entre empresas grandes y pequeñas, se adecúen a la ley.
La Disposición Transitoria Octava de la Constitución Política del Estado (CPE) establece en su parágrafo III que “las concesiones mineras otorgadas a las empresa nacionales y extranjeras con anterioridad a la promulgación de la presente Constitución, en el plazo de un año, deberán adecuarse a ésta, a través de los contratos mineros”. El plazo para que las empresas concesionarias cumplan este mandato concluye el próximo 5 de diciembre.
“En cualquier momento saldrá la disposición complementaria que dará cumplimiento al mandato de la Constitución. Todas las empresas mineras concesionarias grandes o pequeñas deberán presentar su documentación para migrar a contratos mineros”, informó a La Razón el presidente ejecutivo de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Hugo Miranda.
La norma “complementaria” establecerá los pasos y los requisitos para que los concesionarios suscriban contratos con el Estado, anunció.
LEY MINERA. El Ministerio de Minería y Metalurgia (MMM) trabaja en la elaboración de la nueva ley minera que reemplazará a la actual Ley 1777. De acuerdo con la Constitución, el proceso de migración jurídica para que los concesionarios mineros suscriban con el Estado contratos mineros debe estar incluida en la nueva norma.
“Aunque todavía no se ha iniciado su socialización, estamos buscando consensuar el proyecto de ley con algunos sectores y la estamos puliendo internamente. Esperamos concluirla hasta fin de mes, pero, lamentablemente, es una ley bastante complicada”, afirmó el 10 de noviembre el ministro del área, José Pimentel.
De su parte, el viceministro de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico, Héctor Córdova, informó ayer de que aunque no se cuenta todavía con la nueva norma, “hay un equipo que está trabajando intensamente para esta migración” y que en los próximos días se emitirá un comunicado oficial.
Según fuentes que prefirieron mantener su nombre en reserva, los nuevos contratos podrán ser mixtos, de arrendamiento o de riesgo compartido y quienes no trabajen la concesión “no podrán ejercer propiedad”, porque deben cumplir una función económica. Tanto cooperativistas como las empresas mineras chicas, medianas y grandes “deberán” firmar contrato con el Estado, sostuvo la fuente.
El viceministro de Cooperativas Mineras, Isaac Meneses, indicó al respecto que el sector cuenta ya con un proyecto alternativo a la nueva ley minera que pretende mantener los derechos “preconstituidos” que le otorga la Constitución vigente, por su “carácter productivo social”.
Miranda, a su vez, explicó que según la Constitución “todos los contratos que estuvieran contemplados como concesiones deben migrar. Las empresas grandes como San Cristóbal y San Vicente tienen que migrar”.
Concesiones. El 7 de mayo del 2007, mediante Decreto Supremo 29117, el Gobierno prohibió la aprobación de nuevas concesiones mineras declarando reserva fiscal a todo el territorio nacional.
Según datos a septiembre de este año del Servicio Geológico y Técnico de Minas (Sergeotecmin), en Bolivia existen 7.318 concesiones mineras, entre concesiones por pertenencia y por cuadrícula. (Ver infografía).
Sólo el 20% es operativo
Sólo el 20% del total de las concesiones mineras está en operaciones; “las restantes son ociosas, están subalquiladas o como garantías”. Hasta el momento, no se hizo ninguna inspección a cada una porque se demandaría de grandes recursos económicos, informó hidrocarburosbolivia.com.
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