Denuncia: Las minas son de antimonio, estaño, zinc, plata y plomo. Mineros dicen que el Gobierno conoce los casos.
El presidente de la Cámara Nacional de Minería (Canalmin), Saturnino Ramos, denunció que 201 concesiones mineras chicas, medianas y cooperativas de Potosí, La Paz, Cochabamba y Oruro fueron avasalladas por comunarios desde 2004.
En esas minas, dijo, producen antimonio, estaño y complejo (zinc, plomo y plata), y que los avasallamientos fueron denunciados al Ministerio de Minería. “Son 201 minas avasalladas hasta la fecha. En La Paz, la cifra debe de alcanzar cerca de 80 minas”, señaló Ramos.
Según la denuncia de este representante del sector “minero chico”, las tomas de las minas comenzaron a registrarse aquel año, “cuando comenzaron a elevarse internacionalmente los precios de minerales como estaño y plata”.
Afirmó que los empresarios poseen legalmente las concesiones mineras y que estos permisos de explotación les fueron otorgados por el Estado hasta mayo de 2007.
De las 201 minas avasalladas, sólo en tres o cuatro se llegó a un entendimiento entre los avasalladores y los comunarios. Las demás siguen ocupadas a la fuerza y son explotadas por esas personas, añadió. “Los comunarios adultos permitieron y dejaron trabajar a los mineros hasta antes de 2004, pero los mismos hijos y los sobrinos de éstos son los que ahora avasallan las minas porque quieren hacer prevalecer sus derechos”.
El representante de Canalmin manifestó que se reunió la semana pasada con el ministro de Minería, José Pimentel, quien le comunicó que los casos de las concesiones tomadas, al momento de promulgarse la nueva Ley de Minería que elabora el Gobierno, tendrán que ser consultados con la comunidad circundante al yacimiento para ver si la población acepta que siga la explotación.
Según Ramos, el Ministro les adelantó que “será un proceso largo” que empezará el 6 de diciembre con la adecuación de los contratos de las 7.000 concesiones mineras chicas, medianas y de las cooperativas del país. El proceso estará respaldado por el artículo 30 de la Constitución Política del Estado, que precisa: “… se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan” los pueblos indígenas.
Ramos admitió que a su sector no le queda más alternativa que aceptar la propuesta del Gobierno. Por eso, dijo, presentó en junio una propuesta para que sea considerada en la nueva Ley de Minería, se trata del “Manifiesto de la minería chica al sector minero de Bolivia: Propuesta sobre la Ley Minera de Bolivia”.
En ese documento (ver cuadro) piden que no sean avasalladas las propiedades mineras y el respeto por la seguridad jurídica para que no vuelva a pasar lo que hoy ocurre con sus propiedades.
El viceministro de Minería, Héctor Córdoba, señaló a La Prensa que no podía precisar si la cifra de minas avasalladas es de 201 como denunció la Cámara Nacional de Minería, porque no tenía consigo los datos estadísticos ya que se encontraba en Potosí. Viajó a esta ciudad justamente para resolver un avasallamiento en el campamento minero de la compañía Sinchi Wayra ubicado en la población de Colquechaquita.
Sin embargo, sostuvo que no es posible hacer una generalización de que todas esas denuncias sean de avasallamiento. “Cada caso es particular porque hay que analizar la situación legal de los que están, en este momento, explotando los yacimientos. Hay que ver la relación que hay con la comunidad (donde está la mina)”, aseveró el Viceministro.
Sinchi Wayra y Roncales, sin solución
El pasado jueves, mineros cooperativistas tomaron cinco rehenes y un campamento minero de la compañía Sinchi Wayra, filial de la empresa suiza Glencore, en la población potosina de Colquechaquita.
El viernes llegó a la zona de conflicto el viceministro de Minería, Héctor Córdoba, e inició el diálogo con el fin de hallar una solución entre la empresa afectada, los avasalladores, las autoridades de Potosí y el Gobierno. Aún se busca una solución.
Por otra parte, el 4 de abril, el presidente de la Cámara Nacional de Minería, Saturnino Ramos, denunció el robo de maquinaria de trabajo por un valor de 45.000 dólares de su mina Cota Roncales, en Oruro. Ramos dijo que sospecha que el robo de sus equipos tiene como objetivo utilizar ese material en la explotación minera ilegal o en avasallamientos.
Para destacar
La Cámara Nacional de Minería representa sólo a la minería chica, pero lleva adelante las denuncias de los otros sectores.
El 6 de diciembre, las concesiones mineras tendrán que emigrar de contratos, según el Ministerio de Minería.
7.000 concesiones de minería chica, mediana y cooperativa existen en el país y fueron otorgadas por el Estado.
Las propuestas
Éstas son las principales iniciativas para la Ley Minera de la Cámara Nacional de Minería, que consta de 16 páginas.
Manifiesto de la Minería Chica al Sector Minero de Bolivia: Propuesta sobre la Ley de Minería
– Seguridad jurídica: (Art. 1): No al avasallamiento ni toma de tierras.
– Política minera: Establecer la participación de los empresarios privados y la minería chica.
– La minería chica: Es el subsector de la minería nacional que muestra la mayor diversidad de componentes, métodos de trabajo, mineral explotado, inversión económica…
– Igualdad ante la ley: la nueva Constitución Política del Estado debe ser la norma que guíe todas nuestras actividades.
– Reserva fiscal: cada declaratoria de reserva fiscal debe ser aprobada por el Organismo Legislativo.
– Aprobación de contratos: “Los contratos mineros serán aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional cuando el monto de la inversión estimada para la ejecución del plan presentado supere los 250.000 dólares. Los contratos con inversión menor serán aprobados por la Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera.
– Derecho minero: “Suma de derechos exclusivos que otorga el Estado, a través de sus organismos dependientes, a un operador minero o titular, de poseer una concesión minera y de utilizar todos los medios y recursos necesarios para explotar racional y eficientemente los minerales que se encuentren en dicha concesión…”.
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