Frente a las condiciones actuales en que se desenvuelve la actividad minera en el país con luces y sombras, con más dudas que aciertos y con una manifiesta expectativa sobre disposiciones que deben emanar del poder central, pero cuyo contenido es un albur, el futuro de la minería resulta -por así decirlo- ciertamente incierto.
Es que en el tiempo presente –cíclico- como lo explican los expertos estamos viviendo una suerte de excelentes precios en las pizarras de los mercados internacionales donde varios de nuestros minerales han logrado pasar las rayas referenciales o topes (en rojo) que disponen los grandes compradores.
En el plano no sólo nacional, quizás en la región sudamericana, nuestro país alcanzó precios record en los pasados días, caso del estaño en libra fina, la onza troy de oro y de plata, inclusive el zinc y el cobre que también superaron barreras en sus precios lo que se refleja en mayores ingresos para los productores, para el país y las regiones.
Sin embargo de tales condiciones altamente favorables a nuestra economía, pero sobre todo a la perspectiva de producción minera, todavía se debaten algunas condiciones de forma en unos casos y talvez de fondo en otros que impiden acometer los proyectos más importantes del siglo en la minería boliviana, después del auge de la plata en la colonia y del estaño en el inicio de la nueva minería. Se trata de impulsar la explotación de riquezas tales como el hierro y el acero, el litio y las pilas eléctricas, el uranio y su venta estratégica, aparte de fomentar la minería en escala del oro, el cobre, el estaño, la plata y el zinc que igualmente son parte de “la bolsa” generadora de riqueza para la Nación.
Pero…ahí está la duda. ¿Qué estamos esperando? Seguramente la Ley de Minería que normará la actividad sectorial, pero que puede demorar hasta fin de año o posiblemente algo más de tiempo, mientras la coyuntura de los precios altos puede tener variantes negativas en cualquier momento y eso es lo que no debemos esperar.
Dadas las condiciones actuales y la necesidad de garantizar el desarrollo nacional con un sólido pilar económico como es el que se sustenta en la minería corresponde -como sucedió con otros casos y para otros fines- dictar medidas de emergencia, quien sabe a través de un Decreto Supremo, con el único objeto de impulsar la actividad minera en su globalidad, incluyendo todos los subsectores y añadiendo en los incentivos que se apliquen al sistema metalúrgico nacional como parte complementaria de la transformación de nuestros minerales en productos con valor agregado que eleven los montos recuperables para el país y las regiones.
No es posible poner en riesgo una opción brillante para asumir el reto de una verdadera “reactivación minera” cuando la situación de precios es realmente excepcional. Dejar pasar la presente oportunidad, sin hacer nada práctico puede ser el mayor pecado político del actual gobierno y eso conlleva muchas responsabilidades.
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