El “Superintendente (departamental) de Minas no tiene competencia para anular esa concesión”, declaró ayer el abogado de la Compañía Minera del Centro (Comicen), Billy Blacutt Vásquez, respecto a la resolución de reversión de la mina Santa María a poder de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
“La Superintendencia de Minas de Oruro, presionada políticamente, ha dictado una resolución contraviniendo la norma legal, anulando la concesión minera Santa María, pero esta resolución, ha sido impugnada, y la empresa asumió defensa legal de esta situación”, dijo Blacutt.
El documento interpuesto por el representante legal de la empresa Comicen, Jorge Augusto Pacheco Sandoval, argumenta las contradicciones de la resolución, que observa el cinturón de seguridad, al ampararse en la Ley del 15 de diciembre de 1917, que ha sido derogada, y actualmente está en vigencia la Ley 1777, del 17 de marzo de 1997, Código de Minería, asimismo amparándose en la misma ley que otorga en su Art. 159, “el recurso de revocatoria que deberá presentarse dentro de los diez días calendario computables desde la notificación a la parte interesada con la resolución pertinente”.
Según la compañía, “al momento de solicitar la concesión minera Santa María y luego de ello, no se nos adjudicó o consolidó ninguna concesión minera nacionalizada o de reserva fiscal, por consiguiente, no se afectó el patrimonio del Estado, sino que la misma fue otorgada en concesión con pleno arreglo a la ley y principalmente sin vulnerar lo señalado por los arts 137 y 138 de CPE”.
La Compañía Minera del Centro presentó un recurso de revocatoria de la resolución 70/2008 de la Superintendencia Departamental de Minas, el 12 de noviembre de 2008. Según el abogado, Comicen tiene el derecho concesionario, que fue adquirido de forma legítima, para realizar la explotación. “Estamos seguros que esa resolución de la Superintendencia de Minas departamental se ha de revocar, porque está dictada contraviniendo la norma legal en nuestro país y el mismo Código de Minería”, dijo.
ACTA DE ENTENDIMIENTO
En relación al acta de entendimiento y concertación firmado en La Paz, Blacutt explicó: “Ha permitido que la empresa, aunque sea en papel, sea reconocida como legítima concesionaria, y tal vez podamos volver a operaciones, aunque en este momento, la Prefectura determine cuándo se volvería a explotar”.
En aquella reunión se establecieron plazos para que la empresa vuelva a trabajar. “Esto debería haberse cumplido desde el 28 de octubre, en un lapso de 10 días, la Policía y la Prefectura tienen la obligación de ir a la concesión minera y entregar a Comicen”, dijo.
“La Superintendencia de Minas de Oruro, presionada políticamente, ha dictado una resolución contraviniendo la norma legal, anulando la concesión minera Santa María, pero esta resolución, ha sido impugnada, y la empresa asumió defensa legal de esta situación”, dijo Blacutt.
El documento interpuesto por el representante legal de la empresa Comicen, Jorge Augusto Pacheco Sandoval, argumenta las contradicciones de la resolución, que observa el cinturón de seguridad, al ampararse en la Ley del 15 de diciembre de 1917, que ha sido derogada, y actualmente está en vigencia la Ley 1777, del 17 de marzo de 1997, Código de Minería, asimismo amparándose en la misma ley que otorga en su Art. 159, “el recurso de revocatoria que deberá presentarse dentro de los diez días calendario computables desde la notificación a la parte interesada con la resolución pertinente”.
Según la compañía, “al momento de solicitar la concesión minera Santa María y luego de ello, no se nos adjudicó o consolidó ninguna concesión minera nacionalizada o de reserva fiscal, por consiguiente, no se afectó el patrimonio del Estado, sino que la misma fue otorgada en concesión con pleno arreglo a la ley y principalmente sin vulnerar lo señalado por los arts 137 y 138 de CPE”.
La Compañía Minera del Centro presentó un recurso de revocatoria de la resolución 70/2008 de la Superintendencia Departamental de Minas, el 12 de noviembre de 2008. Según el abogado, Comicen tiene el derecho concesionario, que fue adquirido de forma legítima, para realizar la explotación. “Estamos seguros que esa resolución de la Superintendencia de Minas departamental se ha de revocar, porque está dictada contraviniendo la norma legal en nuestro país y el mismo Código de Minería”, dijo.
ACTA DE ENTENDIMIENTO
En relación al acta de entendimiento y concertación firmado en La Paz, Blacutt explicó: “Ha permitido que la empresa, aunque sea en papel, sea reconocida como legítima concesionaria, y tal vez podamos volver a operaciones, aunque en este momento, la Prefectura determine cuándo se volvería a explotar”.
En aquella reunión se establecieron plazos para que la empresa vuelva a trabajar. “Esto debería haberse cumplido desde el 28 de octubre, en un lapso de 10 días, la Policía y la Prefectura tienen la obligación de ir a la concesión minera y entregar a Comicen”, dijo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario