• Se requiere mayor inversión para incrementar la producción en mina Huanuni.
Los mineros del país exigen una actitud responsable del gobierno para garantizar y sostener la producción minera, como única forma de evitar la desocupación, según el ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD), Jaime Solares, que demandó la aplicación de verdaderas políticas para el sector minero para contrarrestar la baja en las cotizaciones de minerales en el mercado internacional.
Señaló que la única forma de salir adelante ante la crisis y después que el gobierno no aprovechó la coyuntura de los buenos precios, es invertir para llegar a producir hasta 3.000 toneladas métricas netas día, lo que asegura una rentabilidad y descarta la desocupación. Lo contrario significará una nueva relocalización, dijo Solares.
Se refirió al problema que confronta la industria minera nacional que está destinada al fracaso con el proyecto de la nueva Constitución Política del Estado con la pretensión de la desaparición de la minería privada, pese a ser un importante sector productivo y generador de fuentes de empleo.
Con la Constitución propuesta por el Movimiento Al Socialismo (MAS), partido en función de gobierno, se privilegia el derecho preferente de las comunidades originarias y busca modificar la legislación vigente, cambiando reglas y normas para los productores que realizan su actividad con inseguridad jurídica al no existir un marco legal que garantice el desarrollo de sus trabajos en el futuro, reiteró el ejecutivo de la COD.
A esa preocupación se sumó el presidente de la Cámara Departamental de Minería, Gonzalo Quintela, señalando que el proyecto de Constitución destruirá la minería, al anular y dejar sin valor legal las concesiones mineras otorgadas a las empresas nacionales y extranjeras, se quiere confiscar sin pago de indemnización para sustituir ese derecho por contratos mineros.
Advirtió que la nueva Constitución dificultará aún más las labores de los industriales mineros chicos, medianos y cooperativistas, por estar sujetos a sus determinaciones, al margen de las medidas que pueda tomar el Estado como la exigencia que para la aprobación de cualquier ley, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, deben ser consultados cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles.
Dijo que se limita el derecho de la concesión y se genera mayor inseguridad jurídica al señalar que igual consulta, previa y obligatoria debe realizar el Estado, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en la región en la que habitan naciones y pueblos indígena originario campesinos, dando lugar a que los representantes de estas naciones y pueblos puedan hacer conocer su oposición o impongan las condiciones en que acepten la realización de los trabajos mineros que pueden ir desde participar sobre los beneficios de la producción o sobre las utilidades.
Los dos representantes del sector minero productivo, coincidieron al manifestar que el Estado garantiza, respeta y protege los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos consagrados en la Constitución y la ley, pero deja desprotegidos a los productores mineros, que son los que realizan importantes inversiones, generan empleos y aportan al desarrollo económico y social de las regiones mineras.
El dirigente Solares aseguró que el gobierno no cuenta con una política minera y que resulta incierto el futuro para la minería boliviana, porque se quieren dar paliativos, mientras países vecinos realizan millonarias inversiones desde hacen varios años apoyando de manera decidida al desarrollo productivo que genera riqueza e incluso asignan un presupuesto del 5% del valor de la producción para las Fuerzas Armadas de Chile, mostrando interés por generar riqueza para su población.
Los mineros del país exigen una actitud responsable del gobierno para garantizar y sostener la producción minera, como única forma de evitar la desocupación, según el ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD), Jaime Solares, que demandó la aplicación de verdaderas políticas para el sector minero para contrarrestar la baja en las cotizaciones de minerales en el mercado internacional.
Señaló que la única forma de salir adelante ante la crisis y después que el gobierno no aprovechó la coyuntura de los buenos precios, es invertir para llegar a producir hasta 3.000 toneladas métricas netas día, lo que asegura una rentabilidad y descarta la desocupación. Lo contrario significará una nueva relocalización, dijo Solares.
Se refirió al problema que confronta la industria minera nacional que está destinada al fracaso con el proyecto de la nueva Constitución Política del Estado con la pretensión de la desaparición de la minería privada, pese a ser un importante sector productivo y generador de fuentes de empleo.
Con la Constitución propuesta por el Movimiento Al Socialismo (MAS), partido en función de gobierno, se privilegia el derecho preferente de las comunidades originarias y busca modificar la legislación vigente, cambiando reglas y normas para los productores que realizan su actividad con inseguridad jurídica al no existir un marco legal que garantice el desarrollo de sus trabajos en el futuro, reiteró el ejecutivo de la COD.
A esa preocupación se sumó el presidente de la Cámara Departamental de Minería, Gonzalo Quintela, señalando que el proyecto de Constitución destruirá la minería, al anular y dejar sin valor legal las concesiones mineras otorgadas a las empresas nacionales y extranjeras, se quiere confiscar sin pago de indemnización para sustituir ese derecho por contratos mineros.
Advirtió que la nueva Constitución dificultará aún más las labores de los industriales mineros chicos, medianos y cooperativistas, por estar sujetos a sus determinaciones, al margen de las medidas que pueda tomar el Estado como la exigencia que para la aprobación de cualquier ley, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, deben ser consultados cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles.
Dijo que se limita el derecho de la concesión y se genera mayor inseguridad jurídica al señalar que igual consulta, previa y obligatoria debe realizar el Estado, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en la región en la que habitan naciones y pueblos indígena originario campesinos, dando lugar a que los representantes de estas naciones y pueblos puedan hacer conocer su oposición o impongan las condiciones en que acepten la realización de los trabajos mineros que pueden ir desde participar sobre los beneficios de la producción o sobre las utilidades.
Los dos representantes del sector minero productivo, coincidieron al manifestar que el Estado garantiza, respeta y protege los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos consagrados en la Constitución y la ley, pero deja desprotegidos a los productores mineros, que son los que realizan importantes inversiones, generan empleos y aportan al desarrollo económico y social de las regiones mineras.
El dirigente Solares aseguró que el gobierno no cuenta con una política minera y que resulta incierto el futuro para la minería boliviana, porque se quieren dar paliativos, mientras países vecinos realizan millonarias inversiones desde hacen varios años apoyando de manera decidida al desarrollo productivo que genera riqueza e incluso asignan un presupuesto del 5% del valor de la producción para las Fuerzas Armadas de Chile, mostrando interés por generar riqueza para su población.
Los empresarios privados reclaman que se respete el derecho de las concesiones mineras y se garantice la continuidad de las operaciones productivas para evitar el cierre de importantes minas y dejar a gran número de mineros cesantes, que conlleva el riesgo de quitarles el sustento para sus familias, demandado la puesta en marcha de una política minero-metalúrgica para garantizar un desarrollo productivo futuro.
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