La crisis de la minería con precios —como del zinc— que no compensan los costos de operación y con el estaño que todavía se mantiene en equilibrio, es muy difícil encarar proyectos de desarrollo regional según han manifestado, con plena convicción de la realidad, expertos en la economía departamental.
El impacto de la caída de precios de los minerales, tomando en cuenta la casi totalidad de estos recursos naturales que se explotan en la zona occidental con mayor efecto en Oruro y Potosí, consigna el zinc que se explota en gran parte del norte potosino, lo mismo que el estaño y la plata en Oruro, con fuerte incidencia en la percepción de regalías que han disminuido ostensiblemente y ocasionarán una marcada contracción en los presupuestos destinados a obras de diferente nivel en la ciudad y las provincias.
Desde Potosí informan que se paralizaron muchas actividades, comenzando por los planes de crecimiento minero, al no existir movimiento en ese rubro no hay circulante en la población y la restricción se siente también en la construcción, en el comercio y la industria. Bajó casi a cero el comercio de tipo inmobiliario, nadie quiere comprar casas en la Villa Imperial, tampoco alquilar viviendas o negocios, simplemente hay una “rutina de subsistencia”, de acuerdo a lo que explican dirigentes cívicos, laborales y vecinales.
En el caso de Oruro el impacto del descenso de precios se sintió con fuerza, la Comibol está preocupada por sostener vigente una planilla de casi cinco mil trabajadores en Huanuni; la crisis afectó el sector cooperativizado que ya cerró varias operaciones y llega inclusive hasta la minería mediana que funciona en el límite de sus “rangos óptimos de operación”, qué decir del sector privado chico, simplemente opera con planes de subsistencia.
El problema del sector productivo minero se extiende con su manto negativo hacia zonas mineras de La Paz y la parte limítrofe de Cochabamba con Oruro, donde se habían adoptado en este último caso algunas medidas para reiniciar labores en una mina que fue objeto de avasallamiento por comunarios y que ahora tendrán que volver a su tradicional actividad agropecuaria
.
CONTRADICCIONES
Pese a las condiciones claramente observadas sobre las consecuencias del desbarajuste de precios para los concentrados mineros, algunos “entendidos gubernamentales” en minería indican que la situación restrictiva del presente puede resultar beneficiosa a la población que no está inmersa de manera directa en la minería, toda vez que podrá ser controlada la inflación, apreciación que cae por su propio peso cuando los ciudadanos que dependen de la economía departamental (Prefectural) saben que sin regalías mineras no hay manera de enfrentar la crisis económica reinante en el país.
“El problema es latente y sin vuelta de hoja” como lo manifiestan directivos de la minería privada en la zona occidental, añadiendo que este periodo negativo influirá directamente en muchos bolivianos que están pensando en migrar a otros países para salvar la
ineludible responsabilidad de mantener el hogar y la familia, algo que ahora tiene demasiadas dificultades.
Al no existir una clara política de subsistencia, lo único real es que forzados por las circunstancias muchos mineros volverán a sus originales tareas en el campo, otros serán eventuales comerciantes y no pocos insistirán en seguir pese a la crisis en las tareas de explotación minera, estos últimos son los que necesitarán incentivos especiales a través de una clara política minera que debe ser instrumentada a la brevedad posible.
SOLUCIONES
Por supuesto que no son sencillas las soluciones, dadas las condiciones vigentes en la región occidental donde sin embargo todavía hay conciencia sobre la importancia del rubro minero y esperanza de que el ciclo de bajada en precios sea corto y permita más adelante una planificada recuperación que desde el Ministerio del ramo se adentre en la necesidad de instrumentar una política minera que priorice la exploración de nuevos yacimientos, que permita la otorgación de suficientes garantías para las inversiones y que materialice un proyecto de modernización y ampliación de la metalurgia nacional para poder fundir nuestros minerales y exportarlos con adecuado valor agregado ingresando en el campo de la competitividad minera con países vecinos.
La crisis de la minería es un hecho, enfrentarla es responsabilidad compartida entre autoridades de Gobierno, empresarios, productores y trabajadores, pero con adecuadas políticas de incentivo y no de castigo.
El impacto de la caída de precios de los minerales, tomando en cuenta la casi totalidad de estos recursos naturales que se explotan en la zona occidental con mayor efecto en Oruro y Potosí, consigna el zinc que se explota en gran parte del norte potosino, lo mismo que el estaño y la plata en Oruro, con fuerte incidencia en la percepción de regalías que han disminuido ostensiblemente y ocasionarán una marcada contracción en los presupuestos destinados a obras de diferente nivel en la ciudad y las provincias.
Desde Potosí informan que se paralizaron muchas actividades, comenzando por los planes de crecimiento minero, al no existir movimiento en ese rubro no hay circulante en la población y la restricción se siente también en la construcción, en el comercio y la industria. Bajó casi a cero el comercio de tipo inmobiliario, nadie quiere comprar casas en la Villa Imperial, tampoco alquilar viviendas o negocios, simplemente hay una “rutina de subsistencia”, de acuerdo a lo que explican dirigentes cívicos, laborales y vecinales.
En el caso de Oruro el impacto del descenso de precios se sintió con fuerza, la Comibol está preocupada por sostener vigente una planilla de casi cinco mil trabajadores en Huanuni; la crisis afectó el sector cooperativizado que ya cerró varias operaciones y llega inclusive hasta la minería mediana que funciona en el límite de sus “rangos óptimos de operación”, qué decir del sector privado chico, simplemente opera con planes de subsistencia.
El problema del sector productivo minero se extiende con su manto negativo hacia zonas mineras de La Paz y la parte limítrofe de Cochabamba con Oruro, donde se habían adoptado en este último caso algunas medidas para reiniciar labores en una mina que fue objeto de avasallamiento por comunarios y que ahora tendrán que volver a su tradicional actividad agropecuaria
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CONTRADICCIONES
Pese a las condiciones claramente observadas sobre las consecuencias del desbarajuste de precios para los concentrados mineros, algunos “entendidos gubernamentales” en minería indican que la situación restrictiva del presente puede resultar beneficiosa a la población que no está inmersa de manera directa en la minería, toda vez que podrá ser controlada la inflación, apreciación que cae por su propio peso cuando los ciudadanos que dependen de la economía departamental (Prefectural) saben que sin regalías mineras no hay manera de enfrentar la crisis económica reinante en el país.
“El problema es latente y sin vuelta de hoja” como lo manifiestan directivos de la minería privada en la zona occidental, añadiendo que este periodo negativo influirá directamente en muchos bolivianos que están pensando en migrar a otros países para salvar la
ineludible responsabilidad de mantener el hogar y la familia, algo que ahora tiene demasiadas dificultades.
Al no existir una clara política de subsistencia, lo único real es que forzados por las circunstancias muchos mineros volverán a sus originales tareas en el campo, otros serán eventuales comerciantes y no pocos insistirán en seguir pese a la crisis en las tareas de explotación minera, estos últimos son los que necesitarán incentivos especiales a través de una clara política minera que debe ser instrumentada a la brevedad posible.
SOLUCIONES
Por supuesto que no son sencillas las soluciones, dadas las condiciones vigentes en la región occidental donde sin embargo todavía hay conciencia sobre la importancia del rubro minero y esperanza de que el ciclo de bajada en precios sea corto y permita más adelante una planificada recuperación que desde el Ministerio del ramo se adentre en la necesidad de instrumentar una política minera que priorice la exploración de nuevos yacimientos, que permita la otorgación de suficientes garantías para las inversiones y que materialice un proyecto de modernización y ampliación de la metalurgia nacional para poder fundir nuestros minerales y exportarlos con adecuado valor agregado ingresando en el campo de la competitividad minera con países vecinos.
La crisis de la minería es un hecho, enfrentarla es responsabilidad compartida entre autoridades de Gobierno, empresarios, productores y trabajadores, pero con adecuadas políticas de incentivo y no de castigo.
• Los trabajadores de Huanuni esperan que adecuados planes del Ministerio de Minería y Comibol les permita continuar en la planilla de los 4.500 trabajadores, con salario fijo mensual.
• La migración de trabajadores es un hecho contundente que según los observadores, se produce de ida o vuelta en tiempos de crisis o de bonanza, por lo menos eso ocurre en Potosí.
• En el caso de Oruro, la migración es de empleo pues los mineros desocupados se convierten en comerciantes, chóferes o artesanos, mientras dure el periodo de vacas flacas, luego vuelven a la actividad a través de las cooperativas.
• La crisis no bajará la inflación, sólo disminuirá la circulación de billetes y monedas que se dio con fuerza en el tiempo de buenos precios.
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