“En Bolivia, es un pecado ser empresario privado”, afirmó el asesor jurídico de la Compañía Minera del Centro (Comicen), Billy Blacutt, al advertir que ahora hay que pedir permiso a las comunidades originarias, si es que tienes que invertir recursos económicos para la explotación de las minas.
A la reunión que se realizó ayer en Cochabamba, entre los representantes de las prefecturas de Oruro y Cochabamba, no se invitó a la empresa, para buscar una solución al conflicto suscitado por los comunarios de Huaylluma, Cochabamba, en la concesión minera Santa María, de propiedad de Comicen.
“La empresa Comicen no ha sido invitada como directa parte en este proceso, por lo tanto esa reunión carece automáticamente de validez legal, no pueden entrarse a la casa de una persona y repartirse la cosas sin la presencia del dueño”, dijo Blacutt.
En la reunión de Cochabamba, estaban citados los representantes del Ministerio de Minas y Metalurgia, prefecturas de Oruro y Cochabamba, ex cooperativistas mineros de Huanuni y comunarios de Huaylluma.
“En este país estamos acostumbrados atropellar el sistema legal, se esta tratando mediante charlas que no tienen nada lícito, buscar un bloque para desestimar a la empresa de cualquier tipo de parte, respecto a la concesión minera Santa María”, expresó.
El 12 de noviembre, Comicen presentó un recurso de revocatoria a la resolución 70/2008, donde revertía la concesión minera; porque se basaba en normas legales de 1917, que ya están derogadas y por la vulneración de los artículos 137 y 138 de la Constitución Política del Estado.
“La Superintendencia de Minas que nos ha otorgado la concesión minera, ahora simplemente esta revisando sus fallas que supuestamente habría cometido, la propia Superintendencia al momento de hacer la concesión, es juez y parte y eso esta prohibido por ley”, agregó.
Comicen pidió que se cumplan las leyes, porque la resolución del superintendente de Minas, regional Oruro, Eufronio Condez, vulneró las disposiciones legales.
Asimismo, dijo que si sale adelante una revocatoria de mandato, la Superintendencia de Minas debe pagar una indemnización por daños y perjuicios, ocasionados a la empresa.
En la actualidad, la mina Santa María soporta el robo sostenido de minerales con la participación de los avasalladores.
ENTENDIMIENTO
En relación al convenio firmado en La Paz, entre representantes del Ministerio de Minas y Metalurgia, las prefecturas de Oruro y Cochabamba, ex cooperativistas de Huanuni y los comunarios de Yungumo y Pumiri, Blacutt, expresó que la Prefectura debe hacer respetar ese documento.
“Vamos a exigir tanto a la Prefectura, como al comando de la Policía, el cumplimiento de ese convenio, entregue la concesión minera a los legítimos concesionarios, que somos los de Comicen, que pese a las declaraciones del señor Eduardo Berdeja, esa reversión de la concesión minera Santa María esta para mucho tiempo, legalmente hablando”, dijo.
La Comicen, según plantea su asesor jurídico, agotará todas las vías legales, en los tribunales nacionales, incluso Internacionales, para evitar un precedente contra las concesiones mineras “legítimamente concedidas”.
PROCESOS PENALES
La empresa Comicen denunció al representante de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Rosendo Alave, Alcalde de Bolívar, Aniceto Cuti y al Sub Prefecto, actualmente ex autoridades que fueron protagonistas en la toma de la mina Santa María.
Según Blacutt, los comunarios recibieron un voto resolutivo con las firmas de las autoridades mencionadas autorizando la intervención de la mina.
“Cuando su autoridad los respalda, deja de ser responsable civilmente de lo que esta haciendo, estas tres personas se han convertido en el montón de firmas de autoridades originarias de la provincia Bolívar, en ser los responsables del resarcimiento civil a la empresa Comicen, por los daños ocasionados por la toma, y superan el millón de dólares, que deben pagarlos”, dijo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario