Los pobladores de Nor Lípez consideran que la empresa minera San Cristóbal tiene responsabilidad en el conflicto que se mantiene desde hace nueve días en la estación Avaroa, por lo tanto, las medidas de presión continuarán.
"San Cristóbal tiene responsabilidad en el conflicto porque ha incumplido varios de sus compromisos. Se comprometió a asfaltar la carretera Uyuni-San Cristóbal pero no lo hizo; por otro lado, dijeron que al menos un 60% de su personal sería gente de la región pero tampoco lo hizo. Por eso pedimos que cumpla sus compromisos", señaló Edwin Uyuni, dirigente del comité de huelga de Nor Lípez.
Unos mil pobladores de las provincias potosinas, Nor Lípez, Daniel Campos y Enrique Baldivieso, se encuentran desde hace nueve días bloqueando las inmediaciones a la minera San Cristóbal en demanda de compromisos regionales.
En este tiempo, quemaron mobiliario de la minera San Cristóbal, voltearon seis de sus vagones con minerales y, de no ser atendidos, amenazan hoy con radicalizar sus medidas.
Entre tanto, una comisión busca el diálogo con el prefecto Mario Virreira, así como con los ministros de Estado.
La comisión presidida por Narda Tito consiguió comprometer a Virreira para que asista a una reunión en la zona del conflicto y sólo queda coordinar con la autoridad cuándo se producirá el diálogo.
Mientras tanto, diez camiones de carga con sustancias químicas se encuentran varados en la ruta de ingreso a la estación Avaroa. Las oficinas de la Aduana, instaladas en el punto potosino fronterizo con Chile, se encuentran paralizadas y abandonadas.
La presidenta de la ANB, Marlene Ardaya, en contacto telefónico, advirtió de que en el lugar hay cámaras de seguridad que filman los movimientos de los pobladores y por ello anunció que tomará las acciones que correspondan.
Por su lado, el jefe de recaudación minera de la Prefectura de Potosí, Juan Carlos Magiña, indicó que las recaudaciones mineras no se verán afectadas por la toma de la empresa minera, pues la subsidiaria de la japonesa Sumitomo ya preparó el stock suficiente para la exportación de minerales, es decir entre 18 y 20 vagones (400 t) con un valor de $us 5 millones.
En la actualidad, la Prefectura recauda $us 1,3 millones por regalías cada mes. “Es posible que ellos tengan un retraso de unos cuantos días, pero al final sí o sí van a exportar el mineral”, sostuvo.
La Prefectura calificó de intransigentes a los pobladores del municipio de Quemes y Abaroa, pues al margen de que ellos reciben regalías, el gobierno departamental cooperó con la electrificación.
Fuentes gubernamentales descartaron una posible nacionalización, pero advierten que se debe migrar de contratos. Según el periódico La Prensa, hay dos puntos más de bloqueo en esa región.
Postergan reunión entre la ESM y Jindal; el proyecto es incierto
Mientras el Comité Cívico de Puerto Suárez insiste en que el presidente Evo Morales intervenga en el conflicto entre la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM) y la firma india Jindal, ayer la ESM decidió suspender -se desconocen los motivos- la reunión prevista para hoy y de esta manera sigue la incertidumbre del proyecto.
No obstante, el Comité Cívico de Quijarro y de Arroyo Concepción determinaron dar un cuarto intermedio hasta el viernes e invitaron a los ejecutivos de la Jindal a explicar este jueves la situación jurídica y los planes de inversión de la compañía hasta 2014.
Por su lado, el vicepresidente de Negocios del Banco Bisa, Jorge Velasco, informó de que siguen a la espera de las definiciones que se puedan dar entre la ESM y la Jindal en torno a la situación de las boletas de garantía. En tanto, los ejecutivos de la Jindal viajarán hoy a Puerto Suárez. /HH
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