Parecería que las autoridades gubernamentales confían plenamente en que los montos que se “tienen en reserva” en cuentas de bancos extranjeros podrán cubrir las necesidades de millonarias inversiones para desarrollar los macroproyectos del Mutún y lo que corresponda al litio, ambos como parte del mayor emprendimiento nacional de los últimos tiempos y con la perspectiva de posesionar al país como uno de los más avanzados en explotación de sus riquezas naturales.
Para nadie resultará desconocido el hecho de requerirse una millonaria inversión financiera para avanzar con los proyectos, que si bien están prácticamente avalados en su potencialidad y futuro rendimiento, necesitan ahora y no más tarde de un impulso financiero y técnico que permitan consolidar su vigencia.
La perspectiva de la minería está en un cambio anhelado desde siempre y que obliga a la industrialización de nuestros recursos naturales para convertirlos en productos con valor agregado y de precio competitivo en los mercados externos, dadas las condiciones –en la mayoría de los casos– de su demanda y las posibilidades que se abrirían para nuestras exportaciones.
Nuestra minería tradicional ha sido siempre sólo extractiva, de ahí que nuestro negocio minero se circunscribió a la venta de concentrados, es decir materia prima para su transformación en fundiciones del exterior, tarea que en adelante debería ser parte sustancial de la nueva era minera del país a través de avances tecnológicos en metalurgia y siderurgia.
Estamos frente a grandes desafíos que menos mal toman su forma estructural en la planificación del Estado, cuando se dispone avances en el caso del Mutún para explotar hierro y convertirlo luego en acero o la visión de explotar los salares para extraer litio y convertirlo en las pilas energéticas que permitirán cambiar la industria automotriz, en la que también se piensa incursionar. Son proyectos cuya factibilidad dependerá exclusivamente de las inversiones que podamos captar como Nación, como Estado, como productores mineros.
Lo que preocupa es justamente el hecho de que la inversión extranjera descendió el pasado año (2009) hasta en un 47% y en tal caída el sector minero resultó el más afectado, pues el impacto significó un 80,83%, como consecuencia del bajón en la actividad extractiva, impactada a su vez por la crisis financiera internacional.
Según los datos del registro de la denominada Inversión Extranjera Directa (IED) en el país, el pasado año significó nada más que 91.60 millones de dólares, mientras que un año antes (2008), la inversión extrajera fue de 477,81 millones, lo que muestra una realidad que por supuesto pone en riesgo el desarrollo de la actividad minera extractiva y la proyección de industrializarla.
Si por un lado se asume que las causas de ésta disminución de las inversiones tiene efecto en la crisis financiera internacional, producida por la competencia de las grandes potencias industrializadas que manejan los mercados bajo intereses particulares, hay que tomar en cuenta que también han contribuido a ese efecto negativo algunas condiciones internas que sumadas a las otras, han producido el efecto negativo de contar con menos inversiones.
Vale la pena tomar en cuenta el recuento de ciertos hechos producidos en el país, especialmente en contra de la actividad minera (privada) a raíz de avasallamientos que han alterado las buenas relaciones de inversionistas y el Estado, pues la ocupación de concesiones mineras por parte de comunarios “originarios” responde a la vigencia de puntos clave en la nueva CPE, que otorga ciertas libertades al sector de los comunarios, que se sienten con derechos en lo que corresponde al manejo de “tierra y territorio”, sin tomar en cuenta lo que significa subsuelo o área de reserva mineral.
La falta de solución a varios problemas de avasallamientos y la frecuencia de esos hechos, son causa de la disminución de inversiones en materia minera. Falta de seguridad jurídica, ausencia de garantías reales para proteger capitales y por supuesto equipos, maquinarias, infraestructura y otros han motivado la decisión de retirar o disminuir las inversiones o simplemente colocarlas en países vecinos donde existen otras reglas de juego que garantizan el asentamiento de empresas con financiamiento y tecnología de punta.
Dadas las condiciones vigentes en la actualidad es necesario que en los niveles superiores del Estado Plurinacional se adopten medidas concretas para la atracción de capitales, sabiendo plenamente que los más grandes proyectos del sector necesitan ineludiblemente de fuertes inversiones, más allá del anuncio de que las macrocifras que tenemos puedan ser útiles para los millonarios emprendimientos.
(Agencia Uru)
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