Una serie de controversiales posiciones ponen en duda la vigencia del proyecto que se desarrolla en el Mutún y considerado como uno de los más importantes del último tiempo por su volumen de operación en el reservorio más importante de hierro en la región andina y la inversión que implica su explotación.
El Gobierno nacional ha tenido que recurrir a la alternativa del contrato de riesgo compartido para solventar la explotación de hierro y avanzar hacia la fase siderúrgica para la fabricación de acero, lo que “coronaría” un primer intento nacional de industrializar nuestras materias primas, añadiéndoles valor agregado y competitividad en sus valores de venta y exportación.
Recientemente el vicepresidente de la Jindal Steel & Power aseguró que su empresa tiene acumuladas alrededor de 200 mil toneladas de hierro extraídas en el rico yacimiento oriental de Bolivia.
Una de las preocupaciones del ejecutivo Vikrant Gujral es el impedimento para la exportación del material acumulado en tanto no se apruebe –en definitiva- el plan de inversiones de la Jindal, en niveles del directorio con el sistema de riesgo compartido, aspecto observado por el inversionista extranjero cuando indica que tras conversaciones directas con el (nuevo) ministro y con el presidente de la empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) ya no corresponde otra reunión. Y parece lógico si hablaron los tres miembros del directorio ¿qué valor tendría otra sesión, más allá del hecho estrictamente burocrático?
Las cosas están de ese modo en el proyecto del Mutún, que en criterio del ministro de minería José Pimentel el contrato señala un punto de partida para el gobierno que se anotó en abril 2009, cuando se oficializó la entrega de los predios para la operación, mientras que para la Jindal el convenio estaría en vigencia una vez que se produzca la aprobación del plan de inversiones, lo que no se cumplió todavía.
MODIFICACIONES Y TRIBUTOS
Frente a la situación de incertidumbre vigente en el caso del Mutún el actual ministro de minería dejó traslucir la posibilidad de aplicar modificaciones al contrato que tiene rango de ley y que fue suscrito entre el Gobierno y la Jindal.
Una importante reunión se produjo inmediatamente pasado el carnaval en la que participaron a nombre del gobierno el Ministro José Pimentel y Sergio Alandia como presidente de la ESM, mientras que por la Jindal estuvieron el vicepresidente de la misma Vickrant Gujral y el director de su filial en Bolivia, Arvind Sharma.
En la reunión los inversionistas hindúes expresaron diferentes preocupaciones que tienen que ver con asuntos técnicos (?) evidenciándose que se relacionan más bien con temas financieros, de orden interno y la exportación del material acumulado.
Se dejó entrever también un pedido especial de orden tributario por parte de la representación india, referidos a los “certificados de devolución impositiva” más conocidos como Cedeim. Son los certificados por los cuales el gobierno retribuye los impuestos que las empresas pagan por exportar. Algo más la Jindal se enteró de las ventajas que conlleva el establecimiento de zona franca de Puerto Suárez, precisamente con liberación impositiva a empresas que se asienten en esa región y justamente es el caso de la Jindal.
MEDIA DOCENA DE EXIGENCIAS
Luego de una serie de conversaciones entre ejecutivos de la Jindal y los personeros del Gobierno se definió considerar los temas conflictivos que planteó la Jindal y que algunos son repetitivos de los ya reclamados, como el caso de los impuestos, la alícuota al IUE y la posesión total de tierras a los que se añade aspectos relacionados con minerales primarios y secundarios, mejoras en Puerto Busch para facilitar una salida al Océano Atlántico y finalmente el dragado de la hidrovía Paraguay Paraná.
Se espera que en los próximos días sean resueltos estos problemas en la medida que no alteren los planes definidos por el Gobierno y que tampoco generen mayores inconvenientes en el plan inicialmente fijado de desembolsos comprometidos en el contrato vigente.
A propósito de inversiones resultó una novedad la “confesión” por parte de los personeros de la Jindal al confirmar que a la fecha tan sólo invirtieron 26 millones de dólares en el proyecto siderúrgico del Mutún. Un dato preliminar de octubre del año pasado señalaba una inversión de 60 millones en la compra de dos procesadoras de mineral (chancadoras).
El dato preciso confirma que la Jindal erogó 20 millones de $us en desarrollo de infraestructura y gastos administrativos. Además de 6 millones adicionales exclusivamente para mejorar la vía caminera entre Puerto Busch y el Mutún.
Para el gobierno empero lo principal es definir el cronograma de inversiones en base a lo convenido en el contrato que tiene fuerza de ley y que la Jindal propone modificarlo, pero llegando finalmente a la inversión total de los 2.100 millones de dólares. Las cosas están así planteadas.
(Agencia Uru).
El Gobierno nacional ha tenido que recurrir a la alternativa del contrato de riesgo compartido para solventar la explotación de hierro y avanzar hacia la fase siderúrgica para la fabricación de acero, lo que “coronaría” un primer intento nacional de industrializar nuestras materias primas, añadiéndoles valor agregado y competitividad en sus valores de venta y exportación.
Recientemente el vicepresidente de la Jindal Steel & Power aseguró que su empresa tiene acumuladas alrededor de 200 mil toneladas de hierro extraídas en el rico yacimiento oriental de Bolivia.
Una de las preocupaciones del ejecutivo Vikrant Gujral es el impedimento para la exportación del material acumulado en tanto no se apruebe –en definitiva- el plan de inversiones de la Jindal, en niveles del directorio con el sistema de riesgo compartido, aspecto observado por el inversionista extranjero cuando indica que tras conversaciones directas con el (nuevo) ministro y con el presidente de la empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) ya no corresponde otra reunión. Y parece lógico si hablaron los tres miembros del directorio ¿qué valor tendría otra sesión, más allá del hecho estrictamente burocrático?
Las cosas están de ese modo en el proyecto del Mutún, que en criterio del ministro de minería José Pimentel el contrato señala un punto de partida para el gobierno que se anotó en abril 2009, cuando se oficializó la entrega de los predios para la operación, mientras que para la Jindal el convenio estaría en vigencia una vez que se produzca la aprobación del plan de inversiones, lo que no se cumplió todavía.
MODIFICACIONES Y TRIBUTOS
Frente a la situación de incertidumbre vigente en el caso del Mutún el actual ministro de minería dejó traslucir la posibilidad de aplicar modificaciones al contrato que tiene rango de ley y que fue suscrito entre el Gobierno y la Jindal.
Una importante reunión se produjo inmediatamente pasado el carnaval en la que participaron a nombre del gobierno el Ministro José Pimentel y Sergio Alandia como presidente de la ESM, mientras que por la Jindal estuvieron el vicepresidente de la misma Vickrant Gujral y el director de su filial en Bolivia, Arvind Sharma.
En la reunión los inversionistas hindúes expresaron diferentes preocupaciones que tienen que ver con asuntos técnicos (?) evidenciándose que se relacionan más bien con temas financieros, de orden interno y la exportación del material acumulado.
Se dejó entrever también un pedido especial de orden tributario por parte de la representación india, referidos a los “certificados de devolución impositiva” más conocidos como Cedeim. Son los certificados por los cuales el gobierno retribuye los impuestos que las empresas pagan por exportar. Algo más la Jindal se enteró de las ventajas que conlleva el establecimiento de zona franca de Puerto Suárez, precisamente con liberación impositiva a empresas que se asienten en esa región y justamente es el caso de la Jindal.
MEDIA DOCENA DE EXIGENCIAS
Luego de una serie de conversaciones entre ejecutivos de la Jindal y los personeros del Gobierno se definió considerar los temas conflictivos que planteó la Jindal y que algunos son repetitivos de los ya reclamados, como el caso de los impuestos, la alícuota al IUE y la posesión total de tierras a los que se añade aspectos relacionados con minerales primarios y secundarios, mejoras en Puerto Busch para facilitar una salida al Océano Atlántico y finalmente el dragado de la hidrovía Paraguay Paraná.
Se espera que en los próximos días sean resueltos estos problemas en la medida que no alteren los planes definidos por el Gobierno y que tampoco generen mayores inconvenientes en el plan inicialmente fijado de desembolsos comprometidos en el contrato vigente.
A propósito de inversiones resultó una novedad la “confesión” por parte de los personeros de la Jindal al confirmar que a la fecha tan sólo invirtieron 26 millones de dólares en el proyecto siderúrgico del Mutún. Un dato preliminar de octubre del año pasado señalaba una inversión de 60 millones en la compra de dos procesadoras de mineral (chancadoras).
El dato preciso confirma que la Jindal erogó 20 millones de $us en desarrollo de infraestructura y gastos administrativos. Además de 6 millones adicionales exclusivamente para mejorar la vía caminera entre Puerto Busch y el Mutún.
Para el gobierno empero lo principal es definir el cronograma de inversiones en base a lo convenido en el contrato que tiene fuerza de ley y que la Jindal propone modificarlo, pero llegando finalmente a la inversión total de los 2.100 millones de dólares. Las cosas están así planteadas.
(Agencia Uru).
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