El Banco Central de Bolivia (BCB) dispone de 1.000 millones de dólares de las reservas internacionales para financiar a la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM), que anunció su intención de explotar el otro 50 por ciento del yacimiento de hierro.
El presidente del ente emisor, Gabriel Loza, anunció ayer que “el Banco Central de Bolivia tiene respaldo como institución en sus reservas, la capacidad lo tiene; esa asignación debe ser de acuerdo con los requerimientos de prioridades del órgano ejecutivo, debe hacerlo legalmente y a través del Órgano Ejecutivo”.
Las reservas internacionales, al 27 de abril de este año, llegaron a 8.447 millones de dólares.
El anuncio se realizó el mismo día en que los cívicos de Puerto Suárez paralizaron esa ciudad con el cierre de la frontera, el aeropuerto, la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez y la vía férrea.
Los cívicos demandaron la intervención del presidente Evo Morales en el conflicto con la empresa Jindal, ratificaron el pedido de renuncia del presidente de la ESM, Sergio Alandia, y solicitaron la entrega de áreas de trabajo a la empresa india.
El 12 de abril, cuando el Gobierno anunció que había concluido el trámite de ejecución de las boletas de garantía de la Jindal, adelantó su determinación de explotar el otro 50 por ciento del cerro a través de la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM). Anunció que contaba con 11 millones de dólares para iniciar la explotación.
El ministro de Minería, José Pimentel, dijo en aquella oportunidad que se podía recurrir a las reservas internacionales para financiar el proyecto estatal.
El BCB dio un crédito de 1.000 millones de dólares a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en septiembre del año pasado, pero hasta el momento no fue ejecutado.
Los gobiernos de Rusia y de Venezuela mostraron interés por explotar el hierro del Mutún.
“Vamos a explotar hierro en las siguientes semanas, vamos a implementar un mecanismo de inversión agresiva para llegar a producir hierro esponja, y en los siguientes años, acero, con recursos de un Estado o algún socio hermano”, dijo ayer el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera.
Para el presidente del Comité Cívico de Puerto Suárez, José Luis Santander, la postura de García Linera carece de fundamento porque “hasta ahora no tienen el proyecto”.
El cívico demandó que las autoridades expliquen si será minería o siderurgia.
Santander aseguró que Alandia demora las reuniones de controversia para que se cumpla el plazo y argumente que no hubo encuentros, de modo que pueda romper el contrato. El plazo se cumple el 21 de julio. Anunció que si hasta el lunes no son escuchados, los cívicos se reunirán para analizar otras medidas.
El superintendente de Administración de la Jindal, René Soria Galvarro, ratificó ayer que el Gobierno no le entregó la totalidad de la tierra, especialmente el área para la planta y el campamento.
Los cívicos de Puerto Suárez piden la permanencia de Jindal.
El problema
El contrato con la Jindal Steel Bolivia (JSB) se firmó en julio de 2007 en la ciudad de Santa Cruz.
El compromiso inicial, de acuerdo con el contrato, era una inversión de 2.100 millones de dólares en ocho años.
El ministro de Minería, José Pimentel, informó que Jindal invirtió en dos años sólo 12 millones de dólares.
La Jindal asegura que invirtió 20 millones de dólares y que el Gobierno de Bolivia no le entregó todo el terreno prometido.
El Gobierno demoró un año para entregar los títulos de todo el terreno, lo hizo el 26 de abril de 2009, pero aún hay tierra ocupada.
El Ejecutivo logró cobrar las dos boletas de garantía de Jindal por 18 millones de dólares, la empresa interpuso una demanda.
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