No se puede descartar la opción más natural de alcanzar competitividad en la actividad minera si se siguen ciertos pasos ineludibles que significan garantía y seguridad para inversiones, más un conjunto de reglas tributarias que atraigan capitales y no los ahuyenten a países vecinos donde las políticas de incentivo a las actividades mineras son realmente estupendas.
No hay que ignorar que al interior de cada economía y por efecto del proceso de globalización mundial, los diversos países productores de nuestro entorno regional están en un abierta carrera por establecer las mejores condiciones y mecanismos de atracción de capitales, abriendo las puertas directamente a la gran inversión extranjera que es parte del motor que genera fuentes de empleo, lo que significa bienestar colectivo, beneficio que se amplía de manera general.
Cada empresa que invierte millones de dólares está por supuesto manejando políticas de competencia para ampliar su radio de acción en la especialidad de hacer minería industrial asegurando su inversión desde los procesos de exploración, explotación y finalmente exportación. En varios casos ya se han visto gigantes emprendimientos hacia la industrialización de materias primas, un objetivo que también se anota en la proyección boliviana del hierro y el litio.
Con la aplicación de la nueva Constitución, se han abierto ciertas dudas sobre la aplicación de una verdadera política minera, agresiva competitivamente pero al mismo tiempo de seguridad en términos legales y de garantía a inversiones y el uso reconocido de áreas de trabajo, sin que las mismas sean avasalladas.
Se trata de establecer condiciones favorables a empresas que están deseosas de invertir, pero mínimamente bajo políticas de incentivos en materia tributaria y de garantizar posibles alianzas estratégicas como las que ya propuso nuestro gobierno en el caso del litio, su explotación inicial y su futura industrialización. Si no se garantizan adecuadamente estos mínimos factores de exigencia regular por quiénes ponen los capitales, resultará muy difícil encarar planes de alta minería por cuenta propia y sin capitales de apoyo.
En los tiempos actuales ya no hay empresas inversionistas que se opongan a la vigencia de leyes y disposiciones en defensa del medio ambiente, sucede que cualquier proyecto minero de envergadura consigna en su plan de acción los necesarios programas de cuidado ambientalista, mitigación y reposición de suelos aptos para el desarrollo de actividades “originarias” agropecuarias y de ganadería, sin descartar las que sean derivadas de la propia minería y que significa la inclusión de proyectos para el añadido de valor agregado a los concentrados o materia primaria que se obtenga para su exportación.
De ese modo se crea un factor de interrelación con las comunidades, las que podrán requerir la implementación de servicios particularizados seguramente en salud, educación, capacitación técnica y otros rubros como deportes o esparcimiento y que mejoren las condiciones de vida de las comunidades del entorno de operaciones mineras.
En la actualidad lo más importante, será la nueva “Ley Minera”, un instrumento cuyo contenido determinará la suerte de la minería nacional. No por nada se ha dicho que Bolivia es un país esencialmente minero, de ahí la importancia en establecer condiciones que sean sostenibles entre las empresas mineras, el Gobierno, los trabajadores y las comunidades.
La minería y todos los subsectores están pendientes de la emisión de la Ley Minera, su contenido definirá la suerte del sector y de la economía boliviana.
No hay que ignorar que al interior de cada economía y por efecto del proceso de globalización mundial, los diversos países productores de nuestro entorno regional están en un abierta carrera por establecer las mejores condiciones y mecanismos de atracción de capitales, abriendo las puertas directamente a la gran inversión extranjera que es parte del motor que genera fuentes de empleo, lo que significa bienestar colectivo, beneficio que se amplía de manera general.
Cada empresa que invierte millones de dólares está por supuesto manejando políticas de competencia para ampliar su radio de acción en la especialidad de hacer minería industrial asegurando su inversión desde los procesos de exploración, explotación y finalmente exportación. En varios casos ya se han visto gigantes emprendimientos hacia la industrialización de materias primas, un objetivo que también se anota en la proyección boliviana del hierro y el litio.
Con la aplicación de la nueva Constitución, se han abierto ciertas dudas sobre la aplicación de una verdadera política minera, agresiva competitivamente pero al mismo tiempo de seguridad en términos legales y de garantía a inversiones y el uso reconocido de áreas de trabajo, sin que las mismas sean avasalladas.
Se trata de establecer condiciones favorables a empresas que están deseosas de invertir, pero mínimamente bajo políticas de incentivos en materia tributaria y de garantizar posibles alianzas estratégicas como las que ya propuso nuestro gobierno en el caso del litio, su explotación inicial y su futura industrialización. Si no se garantizan adecuadamente estos mínimos factores de exigencia regular por quiénes ponen los capitales, resultará muy difícil encarar planes de alta minería por cuenta propia y sin capitales de apoyo.
En los tiempos actuales ya no hay empresas inversionistas que se opongan a la vigencia de leyes y disposiciones en defensa del medio ambiente, sucede que cualquier proyecto minero de envergadura consigna en su plan de acción los necesarios programas de cuidado ambientalista, mitigación y reposición de suelos aptos para el desarrollo de actividades “originarias” agropecuarias y de ganadería, sin descartar las que sean derivadas de la propia minería y que significa la inclusión de proyectos para el añadido de valor agregado a los concentrados o materia primaria que se obtenga para su exportación.
De ese modo se crea un factor de interrelación con las comunidades, las que podrán requerir la implementación de servicios particularizados seguramente en salud, educación, capacitación técnica y otros rubros como deportes o esparcimiento y que mejoren las condiciones de vida de las comunidades del entorno de operaciones mineras.
En la actualidad lo más importante, será la nueva “Ley Minera”, un instrumento cuyo contenido determinará la suerte de la minería nacional. No por nada se ha dicho que Bolivia es un país esencialmente minero, de ahí la importancia en establecer condiciones que sean sostenibles entre las empresas mineras, el Gobierno, los trabajadores y las comunidades.
La minería y todos los subsectores están pendientes de la emisión de la Ley Minera, su contenido definirá la suerte del sector y de la economía boliviana.
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