Sin mayores explicaciones en torno a la demora de presentar un proyecto para ejercer control directo sobre los yacimientos de minerales estratégicos, como el litio en principio más adelante quizás el uranio o el hierro, personal capacitado del Ministerio de Minería y Metalurgia estaría trabajando en el borrador de un Decreto Supremo (D.S.) que autorice la creación de la Empresa Nacional de Evaporíticos que tendrá la misión de controlar la explotación de los recursos que se encuentran en los Salares de Uyuni y Coipasa y su posterior proceso de industrialización.
El objetivo de la determinación superior sería anticipar los cambios que serán introducidos en el nuevo Código Minero que podrá “habilitar” tantas empresas estatales como sean necesarias para el control de la explotación minera.
Naturalmente que el adelanto filtrado en fuentes del ministerio, de acuerdo a una publicación periodística, abre un paréntesis de serias dudas sobre los verdaderos alcances que tenga la nueva normativa que regirá de manera general para toda la minería boliviana.
No se sabe cuánto adelantó el ex ministro Echazú en ésta materia, pero hay quienes señalan que la demora en cambiar la estructura de control minero en el ámbito nacional no gustó al Presidente y su entorno más próximo, lo que puede observarse ahora en la prisa de aplicar un decreto para poner en marcha una medida que habilite lo que sería la primera empresa estatal de control oficial sobre la explotación de nuestros recursos naturales.
En la actualidad y con una importante inversión estatal se construye “la planta piloto” de Uyuni con el objeto de extraer y producir carbonato de litio, materia prima para la futura fabricación industrial de las baterías de litio. La Comibol tiene la responsabilidad –temporal– de ese proyecto y no se explica aún la causa para que la misma sea reemplazada por otra empresa del mismo Estado posiblemente con metas más precisas, que ojala sean técnicas y no políticas.
El nuevo ministro de minería, un ex – dirigente minero, anunció en la ciudad de Oruro algo que “resonó como hecho halagüeño” y que señala la inversión de 500.000 dólares en la presente gestión con destino a estudios y exploración de las riquezas contenidas en el Salar de Coipasa, ubicado en la jurisdicción del Departamento de Oruro, evaluación o prospección que servirá luego para definir la aplicación que corresponda a la explotación no sólo de carbonato y cloruro de potasio, sino también a otros elementos químicos que se encuentran en Coipasa y no precisamente en las salmueras de Uyuni.
Si hay algo más rescatable, en la intención de agilizar la explotación de los recursos evaporíticos en nuestros salares, podría ser la necesidad de mostrar que el Estado puede por cuenta propia avanzar en una etapa importante -la primera- en la explotación del carbonato de litio.
Seguramente los técnicos del Ministerio están agilizando un trabajo que ya debió presentarse tiempo atrás como parte del nuevo Código de Minería que no se sabe por qué retrasó su nacimiento hasta el presente, aunque no se puede ignorar que frente a la competitividad de los países vecinos en materia de minería, quienes trabajan no sólo en un decreto sino en el Código Minero tienen una doble responsabilidad, la primera que el instrumento sirva para dinamizar la actividad productiva minera con todos los detalles de incentivos para ese efecto (financieros y tributarios) y la segunda que se dispongan todas las medidas de seguridad que hagan viables las inversiones, garantizando estabilidad y eliminando de manera definitiva la negativa forma de liquidar proyectos a través del fácil expediente del avasallamiento de tierras, concesiones, propiedad privada, fuentes de empleo, equipos, maquinaria, herramientas e incluso minerales.
Si realmente hay prisa por ejercer control sobre la explotación de nuestros recursos evaporíticos sin lugar a dudas las previsiones oficiales tienen mucho que ver en la gestación y alumbramiento futuro de otra empresa estatal, que más allá de los fines de control productivo abra las puertas a otra fuente de orden social y no específicamente técnica.
No todo está definido se trata de apreciaciones interesantes que pueden ser en un momento dado la prueba de que existen intenciones “salvadoras” para encarar lo que se reclama durante muchos años y no se da la reactivación de la minería boliviana, pero bajo regulaciones especiales que sirvan para cuidar la “gallina de los huevos de oro” y no llevarla al matadero.
(Agencia URU)
El objetivo de la determinación superior sería anticipar los cambios que serán introducidos en el nuevo Código Minero que podrá “habilitar” tantas empresas estatales como sean necesarias para el control de la explotación minera.
Naturalmente que el adelanto filtrado en fuentes del ministerio, de acuerdo a una publicación periodística, abre un paréntesis de serias dudas sobre los verdaderos alcances que tenga la nueva normativa que regirá de manera general para toda la minería boliviana.
No se sabe cuánto adelantó el ex ministro Echazú en ésta materia, pero hay quienes señalan que la demora en cambiar la estructura de control minero en el ámbito nacional no gustó al Presidente y su entorno más próximo, lo que puede observarse ahora en la prisa de aplicar un decreto para poner en marcha una medida que habilite lo que sería la primera empresa estatal de control oficial sobre la explotación de nuestros recursos naturales.
En la actualidad y con una importante inversión estatal se construye “la planta piloto” de Uyuni con el objeto de extraer y producir carbonato de litio, materia prima para la futura fabricación industrial de las baterías de litio. La Comibol tiene la responsabilidad –temporal– de ese proyecto y no se explica aún la causa para que la misma sea reemplazada por otra empresa del mismo Estado posiblemente con metas más precisas, que ojala sean técnicas y no políticas.
El nuevo ministro de minería, un ex – dirigente minero, anunció en la ciudad de Oruro algo que “resonó como hecho halagüeño” y que señala la inversión de 500.000 dólares en la presente gestión con destino a estudios y exploración de las riquezas contenidas en el Salar de Coipasa, ubicado en la jurisdicción del Departamento de Oruro, evaluación o prospección que servirá luego para definir la aplicación que corresponda a la explotación no sólo de carbonato y cloruro de potasio, sino también a otros elementos químicos que se encuentran en Coipasa y no precisamente en las salmueras de Uyuni.
Si hay algo más rescatable, en la intención de agilizar la explotación de los recursos evaporíticos en nuestros salares, podría ser la necesidad de mostrar que el Estado puede por cuenta propia avanzar en una etapa importante -la primera- en la explotación del carbonato de litio.
Seguramente los técnicos del Ministerio están agilizando un trabajo que ya debió presentarse tiempo atrás como parte del nuevo Código de Minería que no se sabe por qué retrasó su nacimiento hasta el presente, aunque no se puede ignorar que frente a la competitividad de los países vecinos en materia de minería, quienes trabajan no sólo en un decreto sino en el Código Minero tienen una doble responsabilidad, la primera que el instrumento sirva para dinamizar la actividad productiva minera con todos los detalles de incentivos para ese efecto (financieros y tributarios) y la segunda que se dispongan todas las medidas de seguridad que hagan viables las inversiones, garantizando estabilidad y eliminando de manera definitiva la negativa forma de liquidar proyectos a través del fácil expediente del avasallamiento de tierras, concesiones, propiedad privada, fuentes de empleo, equipos, maquinaria, herramientas e incluso minerales.
Si realmente hay prisa por ejercer control sobre la explotación de nuestros recursos evaporíticos sin lugar a dudas las previsiones oficiales tienen mucho que ver en la gestación y alumbramiento futuro de otra empresa estatal, que más allá de los fines de control productivo abra las puertas a otra fuente de orden social y no específicamente técnica.
No todo está definido se trata de apreciaciones interesantes que pueden ser en un momento dado la prueba de que existen intenciones “salvadoras” para encarar lo que se reclama durante muchos años y no se da la reactivación de la minería boliviana, pero bajo regulaciones especiales que sirvan para cuidar la “gallina de los huevos de oro” y no llevarla al matadero.
(Agencia URU)
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