La empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la Procuraduría General del Estado han iniciado acciones legales contra 10 exfuncionarios de YLB por causar daños a las piscinas industriales del complejo de litio en Potosí, estimados en más de Bs 425 millones.
La demanda, anunciada por el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, la presidenta ejecutiva de YLB, Karla Calderón, y el procurador César Siles, involucra cargos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica e incumplimiento de contrato.
Según una exhaustiva auditoría que abarca un período de dos años, se ha identificado un daño económico total de Bs 425.297.717, resultado del incumplimiento de contratos y daños procesales.
Calderón señaló que la investigación técnica reveló irregularidades en los contratos realizados entre 2013 y 2017, que abarcan desde la construcción hasta la operación de las piscinas industriales. A pesar de las correcciones realizadas, algunas piscinas aún presentan deficiencias, afectando la producción de materia prima para las plantas de cloruro de potasio y carbonato de litio.
La inoperabilidad de 18 de las 20 líneas de piscinas industriales ha sido confirmada por el informe técnico 004/2024. Esta situación se atribuye a diversos factores, incluyendo el incumplimiento de especificaciones técnicas, deterioro de las geomembranas y mal uso de las instalaciones.
Entre las irregularidades encontradas se incluye el uso de geomembranas de PVC por debajo del espesor requerido y fallos en los sistemas de bombeo, lo que ha causado la sequedad de las piscinas y retrasos en la producción de salmuera.
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