El reciente Reglamento interno para el combate contra la explotación ilegal de recursos minerales, aprobado por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), ha modificado significativamente los enfoques en la lucha contra la minería ilegal. Este nuevo marco ha reducido los operativos directos, convirtiéndolos en procesos burocráticos que atraviesan diversas dependencias. Además, ha delegado responsabilidades operativas al Ministerio de Gobierno.
El artículo 11 del reglamento, que detalla la ejecución de inspecciones in situ, ahora estipula la entrega de un formulario de cese de actividad minera en lugar de llevar a cabo operativos directos. Esto ha generado críticas por parte de expertos legales como Jaime Cuéllar, quien señala que esta medida deja a los ciudadanos en una situación vulnerable al eliminar las acciones operativas inmediatas.
Este cambio, según Cuéllar, no aborda de manera efectiva la complejidad del problema de la minería ilegal, que muchas veces está vinculada a redes criminales transnacionales y actividades como el tráfico de mercurio y narcotráfico.
Además, al transferir las responsabilidades de combate a la minería ilegal al Ministerio de Gobierno, se está delegando una función para la cual este ministerio puede carecer de la capacitación necesaria, lo que podría resultar en una respuesta inadecuada a este delito complejo.
El reglamento se produce en un momento en que el precio del oro está en niveles históricamente altos, lo que podría aumentar la presión sobre las áreas mineras, especialmente aquellas que operan ilegalmente y no contribuyen adecuadamente a las regalías y al desarrollo local.
El proceso para denunciar actividades mineras ilegales bajo el nuevo reglamento implica una serie de pasos burocráticos que pueden resultar complicados y desalentadores para los denunciantes. Además, la normativa no incluye disposiciones claras para proteger la seguridad de los denunciantes, lo que podría disuadir a las personas de informar sobre actividades ilegales.
En resumen, aunque el nuevo Reglamento de la AJAM busca abordar la minería ilegal de manera más estructurada, su enfoque en los trámites burocráticos y la delegación de responsabilidades plantea preocupaciones sobre su eficacia y la protección de los denunciantes.
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