Un año y medio ha transcurrido desde que la Ley 535 de Minería y Metalurgia fuera promulgada en un acto especial que se cumplió en Oruro y fue presidido por el Presidente en ejercicio Álvaro García Linera, quien prometió hacer de la normativa, el instrumento que impulse el desarrollo del sistema productivo estratégico de la minería y metalurgia.
El tiempo ha transcurrido inexorablemente y nadie explica la causa, la razón, el o los motivos que existen para que no se concluya la elaboración del reglamento de la Ley 535, además de la urgente complementación a su texto de un apéndice que defina la aplicación de una adecuada escala tributaria y de regalías mineras con aplicación a todos los sectores del sistema.
La situación por la que atraviesa la minería en el tiempo actual, es realmente crítica, los precios bajos de los minerales han colocado, entre la cruz y la espada, a la minería estatal, la cooperativizada y la denominada minería "chica". El sector de la minería privada mediana, confronta varios problemas, pero en su administración se toma en cuenta factores de previsión para enfrentar los tiempos de restricciones, es lo que no se hace, ni se hizo en la minería estatal, pese al largo periodo de bonanza que se vivió gozando de buenos precios. La minería chica vive al día, mientras que las cooperativas trabajan sólo en pos de ganancias.
Entendidos en la materia, señalan que "mientras no se instrumentalice con la ley y su reglamento, la actividad minera-metalúrgica está a la deriva". Eso significa que una serie de opciones para encarar su reactivación, simplemente no pueden ser aplicadas porque se carece del instrumento normativo para su ejecución.
Un ejemplo mínimo, no se pueden desarrollar proyectos de prospección y exploración minera, porque los mismos están bajo la jurisdicción del Servicio Geológico Minero (Sergeomin) y este organismo no puede disponer de recursos, porque no hay reglamentación al respecto. Si se toma tal circunstancia como una traba operativa, es de suponer que otros emprendimientos mayores difícilmente podrán ejecutarse si no existe una adecuada regulación, lo que se está haciendo hasta ahora es sólo aplicar paliativos que calman el dolor pero no curan el mal que lastima al sistema minero en general.
Dos ex ministros de minería tienen planteamientos concretos sobre el tema. Para Dionisio Garzón, "la Comibol tienen que ser una empresa estatal productiva que oriente la minería del país y que debe abrirse a inversiones de terceros en caso de incapacidad técnica y brindar las garantías necesarias para las empresas privadas que tienen un enfoque lucrativo". Sugiere además que "al igual que YPFB, la Comibol debe adquirir las herramientas y la fuerza para encarar un proceso productivo de magnitud a requerimiento del Estado". E&P
Por su parte, el también ex ministro de minería Jorge Espinoza señala que "los precios de los minerales en el mercado internacional obligan adoptar medidas en el ámbito tributario, regalías, seguridad jurídica y exploración, para evitar el colapso de la minería y atenuar las consecuencias del sector". El experto sugiere además cinco acciones para encarar la crisis de la minería, partiendo de garantizar la seguridad jurídica, haciendo cumplir lo que establece la Ley 535 que en su Art. 99 puntualiza "El Estado Plurinacional garantiza la seguridad jurídica de los emprendimientos e inversiones mineras", recuerda además que se debe establecer un sistema tributario, competitivo y estable. El Diario.
Lo que se observa en la práctica es que además de no tener la Ley como instrumento normativo de la actividad productiva minera, se hace una serie de anuncios, varios que entusiasman en la perspectiva de su cumplimiento, el caso de inversiones mayores en el proyecto del litio o buenas intenciones para resolver el asunto del Mutún, mientras siguen pendientes los planes de exploración y una solución práctica a la crisis de la minería estatal, recordando que los actuales yacimientos en proceso de agotamiento deben ser reemplazados, pero tal situación demandará varios años, por lo mismo es que ya no se puede perder más tiempo en el objetivo de "reactivar la minería boliviana".
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