En la minería, el avasallamiento no tiene castigo

La minería en Bolivia está en plena crisis de precios y producción, pero la explotación de oro, plata, estaño, bismuto y otros aún es atractiva para su comercialización en pequeña escala. Por ello, de 200 casos probados de avasallamientos a operaciones mineras, no hay una sola sentencia penal en contra de los invasores, que en su mayoría son pobladores de las zonas en conflicto.

Con los pretextos de que la tierra es de quien la habita y que se debe pedir permiso para explotar en su territorio, los pobladores invaden los campamentos, retienen maquinaria y explotan las vetas o socavones en completa impunidad y en franca violación de los derechos constitucionales.

Informe La Razón estuvo en una de las minas que fue avasallada en los Yungas paceños, entrevistó a los cooperativistas que son los afectados, pero también habló con los comunarios para conocer la realidad de esta situación.

Los datos de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), a los que accedió este medio, señalan que del total de las denuncias de tomas de minas, unas 500, en más de la mitad los procesos son abandonados por los afectados o llegan a acuerdos extrajudiciales, lo que revela la inseguridad jurídica por tres factores: injusticia, difícil geografía y recursos.

La situación de la minería en el país, el ritmo de las exportaciones, el ámbito laboral y la mano de obra son otros temas abordados en esta oportunidad.

Además, el Viceministro de Cooperativas Mineras anuncia una norma para hacer respetar los emprendimientos legales en la minería y poner en raya a los avasalladores; pero sorprende al incluir, entre los objetivos, la formalización de las actividades ilegales. Una revelación que resume la problemática del sector.