"Bolivia se está quedando atrás en minería, por falta de una política estructurada en este rubro", tal la apreciación de Teodoro Astete, alto dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), luego de analizar la situación del sector y compararla con lo que ocurre en los países vecinos especialmente, donde la minería ha cobrado mucha importancia y recibe importante apoyo de tipo gubernamental para salir adelante.
El dirigente Astete recordó que la Fstmb, planteó en repetidas oportunidades y desde hace mucho tiempo atrás "definir una política minera nacional que permita su desarrollo a través de la explotación y comercialización de los recursos naturales con valor agregado". El planteamiento sindical no corresponde sólo al actual periodo de crisis con la baja del precio de los minerales, los mineros asalariados exigieron una política minera, cuando el precio de los minerales estaba en su auge desde el 2008.
Los mineros asalariados observan con preocupación la falta de la "política minera" frente a las condiciones en que se desarrollan importantes proyectos mineros en países vecinos como Chile, Perú, Argentina e inclusive Ecuador, donde las políticas mineras son activas, permiten seguridades a inversionistas y se combate la crisis de precios con planes de mayor producción, utilización de alta tecnología, incentivos para el movimiento de capitales y el desarrollo de proyectos de prospección y exploración permanentes que están dando buenos resultados.
En el país lamentablemente se estancó (la actividad minera), no hay exploración y no se vislumbran nuevos yacimientos.
LEY REGIONAL MINERA
Para el dirigente de la Fstmb, frente a la falta de iniciativas para disponer de una política minera debidamente estructurada para el país, la decisión del Gobernador de Oruro que promulgó la Ley Departamental 100, resulta un instrumento de alto valor práctico para motivar el movimiento minero regional.
La aplicación de la Ley 100, puede tener un efecto práctico, si se cumple su normativa de organizar un "comité interdisciplinario" con representantes del sector minero, empresarial, laboral, cooperativo y estatal que pueda dar funcionalidad a los planes de prospección y exploración minera para asegurar nuevos yacimientos
Se complementa la idea con la opción de facilitar a las empresas y trabajadores mineros la acumulación de concentrados mineros, de manera que esa materia prima esté lista para su comercialización, una vez que mejoren los precios.
MUCHOS MALES, POCOS REMEDIOS
El mismo problema de nuestra minería observado desde otro ángulo, pero de igual importancia que el laboral, pues se trata de estudiosos de la materia que observan varios males que complican la reactivación minera, entre estos y con mucha incidencia negativa, la burocracia existente en la Corporación Minera de Bolivia, la Comibol que está en proceso de reestructuración, pero que no acaba de pasar de su pasiva estructura de administrar contratos a un nuevo reto de promover y ejecutar proyectos de la minería productiva con tecnología de punta y con todas las seguridades que exige un proceso de verdadero cambio, es sin duda el mayor problema.
Los males van sumando en lugar de disminuir, no hay suficientes recursos financieros para arremeter con un amplio programa de prospecciones y exploraciones, lo poco que se hace no hace vislumbrar perspectivas salvadoras para nuestra minería. La carencia de material humano especializado en la materia es otro factor negativo, pues muchas operaciones son improvisadas y por lo mismo con resultados poco alentadores. La falta de tecnología de punta, en materiales, equipos y gente especializada completa el cuadro de los males.
Casi inmediatamente que se declaró la crisis de los precios bajos, los mineros asalariados plantearon la reestructuración de la Comibol y arrancaron a ejecutivos del Gobierno la promesa de encarar ese cambio urgente y necesario en la empresa minera estatal, sin embargo, han transcurrido muchos meses del hecho y la Comibol sigue sin mostrar por lo menos una mínima readecuación.
Mientras esta situación se mantenga es de suponer que tampoco se podrá hablar de disponer y aplicar una adecuada "política minera estructural" en el país, peor aún si la Ley Minera 535, no es reglamentada y completada con el apéndice de orden impositivo para su plena vigencia, como instrumento que atraiga, asegure e incentive inversiones en todos los niveles y sectores de la minería boliviana.
No hay remedios prácticos en la proyección minera metalúrgica del país, la exploración es mínima, ni siquiera Mallku Khota que ya tenía un referente de su potencialidad puede avanzar. En metalurgia estamos atrasados, el horno Ausmelt de Vinto que tardó seis años en su instalación todavía no garantiza una producción definida y la provisión de concentrados en cantidades suficientes está en duda. En el otro lado Karachipampa otra vez confronta problemas el horno Kivcet está paralizado y su reparación significará otro fuerte gasto. El reservorio del Mutún, está abierto a un nuevo contrato pero que, sin definición técnica y legal, por lo mismo el proyecto de fundir hierro y convertirlo en acero, es todavía un sueño, así como las fallidas convocatorias para instalar dos refinerías de zinc, una en Oruro y la otra en Potosí, ninguna está definida. El interés por el litio es muy grande para inversionistas externos que desean competir con los vecinos, Chile y Argentina, pero tampoco se da el toque final a ese proyecto.
En la visión de los expertos se necesitan decisiones, normativas de apoyo para trabajar en un verdadero proyecto minero metalúrgico nacional y para que esto funcione, falta la política sectorial.
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