La Comibol reubicará a los mineros del cerro

Representantes de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin), Gobierno Autónomo del Departamento de Potosí y el Viceministerio de Cooperativas crearon una comisión que buscará consolidar la salida de los cooperativistas mineros del sector Moropoto.
La propuesta de la Comibol es que quienes estaban trabajando en Moropoto migren a la mina Triunfadora que tiene complejos de plomo, plata y zinc con contenidos de cuatro por ciento de decimarcos de ley para la plata, según el informe presentado en la reunión desarrollada ayer en la mañana.
El gerente regional de la estatal minera, Carlos Colque Benites, informó sobre la constitución de la comisión interinstitucional con la cual se pretende garantizar el traslado de los cooperativistas al nivel 4.320 ya que no se puede permitir que sigan extrayendo carga de la zona próxima al hundimiento.
“Es bastante difícil, bastante complicado pero no imposible”, indicó Carlos Colque con relación a la migración de los trabajos de la parte alta del Cerro Rico de Potosí a una área más baja que no representa peligro para las labores de relleno del hundimiento.
El representante del Ministerio de Minería, Víctor Hugo Llanos, informó sobre la mina ofertada a los cooperativistas y remarcó que si bien le faltan algunos elementos, es tarea de quienes se hagan cargo de la explotación tener que implementarlos.
Llanos recordó que no se puede permitir más deterioro del cerro por lo que la paralización absoluta de trabajos en Moropoto es una tarea que asumió la comisión que fue constituida ayer para sentar las bases de la preservación del yacimiento que fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Uno de los trabajos prioritarios de la comisión será averiguar quienes están sacando la carga de Moropoto a través de los taqueos para precipitarla en los niveles Bolívar y Caracoles con la finalidad de parar esa labor que constituye un atentado al patrimonio nacional y por el cual dirigentes sociales piden iniciar procesos judiciales a los que se dedican a esa cuestionada labor.