Con 33 años de minería nacionalizada, 20 de neoliberalismo y predominio de la iniciativa privada en los negocios mineros y ahora, ya ocho años de "proceso de cambio" que pretende el predominio del Estado en el sector minero; aún no hemos podido estructurar el sueño primigenio de los nacionalizadores del 52 ¿Por qué? Porque seguimos en la lucha por patrimonio y rentas que el extractivismo puro y duro puede generar para los intereses corporativos que se alternan en el poder. Ahora mismo asistimos al desmesurado crecimiento de la minería informal en el país que ya factura el 50,3 % del valor de las exportaciones mineras (según datos oficiales del 2012), debido al poder político que el subsector de minería artesanal cooperativa tiene en este momento y sin sonrojarnos estamos viendo languidecer los pocos proyectos mineros y minas de magnitud que todavía soportan nuestra abollada imagen de país minero. Aletargados por la bonanza coyuntural de buenos precios, no estamos mirando más allá de la coyuntura y peor aún planificando el futuro del sector.
¿Qué viene ahora?, todo dependerá de lo que la nueva ley minera decida. Tal como viene la mano y como se comentó extensamente en esta columna, las normas constitucionales y reglas de adecuación que la nueva Ley debe contener, dejan muy poco espacio para especular en cambios del rumbo actual; crecerá el sector informal, el Estado seguirá luchando con los elefantes blancos heredad del distante pasado republicano y el tímido y atemorizado empresariado minero solo atinará a cuidar lo poco que le queda de patrimonio y de reservas de mineral producto de mejores tiempos en los que se podían planificar y ejecutar nuevos proyectos mineros. Sin embargo una pequeña luz de esperanza puede aparecer al final del túnel y tiene que ver con la estatal minera Comibol; se la defina como corporación, empresa corporativa ó empresa estratégica, Comibol tiene el mayor patrimonio físico en áreas mineras y minas antiguas algunas de las cuales son todavía de interés; controla la reserva fiscal minera en base a sus 26 áreas de uso exclusivo (D.S. 1369); tiene el sartén por el mango en inversiones estatales y también la llave de la "camisa de fuerza" para acceder a financiamiento bancario y bursátil en base a su patrimonio; entonces ¿Qué queda?, cualquier operador minero debiera asociarse con el Estado a través de Comibol -si todavía existen audaces que apuesten a hacer minería en este país- si quieren tener un mínimo de posibilidades de éxito.
Como analizo en el libro, Comibol beberá de su propia medicina si no abre posibilidades a la iniciativa privada para desarrollar sus proyectos y diversificar sus operaciones y los operadores privados chocaran con la muralla constitucional y las barreras de la nueva Ley si quieren cambiar el curso de la historia y volver a tener los privilegios del pasado reciente. En el camino se arreglan las cargas, reza un proverbio popular y tal parece que la vilipendiada Corporación Minera de Bolivia tiene otra vez la llave del desarrollo del sector en el mediano y largo plazo, los contratos de asociación con el Estado serán los nuevos protagonistas y los actores productivos deberían acostumbrarse a esta realidad. La invitación está hecha para analizar este capítulo y los restantes, de este libro sobre la pretendida vuelta al Estado Minero y quizás a la concretización de un sueño, inconcluso por más de 60 años.
(*) Ingeniero Geólogo
ex Ministro de Minería
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