El presidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Marcelino Quispe, se trasladó ayer hasta el yacimiento minero de Mallku Khota, un día después de conocerse que los ayllus habían tomado las bocaminas desde el sábado pasado en demanda de fuentes de trabajo.
Sin embargo, a su retorno, declaró a El Potosí que su visita fue para hacer ajustes como el cambio de personal técnico y no para negociar con dirigentes de la zona. Sobre la toma, señaló que se trata de afanes de protagonismo que responden a intereses de dos grupos antagónicos en la zona que tienen visiones diferentes respecto a la marcha del proyecto.
El pasado martes, comunarios declararon a la red Erbol que las bocaminas estaban en manos de pobladores de los ayllus Sullca Jilaticani, Sampa Urinsaya y Tacahuani.
El comunario Andrés Chajmi había confirmado la toma de dos oficinas de Comibol y de las bocaminas que estaban rehabilitándose para determinar el tipo de mineralización que existe en la zona.
Al igual que Quispe, desde la ciudad de Potosí, el fiscal departamental, José Luis Barrios, desmintió la toma de las bocaminas e indicó que eso no era posible porque en el lugar había presencia de un contingente militar de Cochabamba.
El yacimiento minero de Mallku Khota, se encuentra ubicado en el cantón Sacaca de la provincia Alonso de Ibáñez y los cantones Toracari y San Pedro de Buena Vista de la provincia Charcas en el norte del departamento de Potosí.
La concesión que estaba en manos de la empresa South American Silver cuenta con 255 millones de toneladas (tn) de material mineralizado que contiene 230,3 millones de onzas de plata (28,7 gramos por tonelada); 1.481 tn de indio (5,8 g/tn) y 1.082 tn de galio (4,3 g/tn). Asimismo, se estima un recurso adicional de 230 millones de toneladas que contienen 140 millones de onzas de plata (18,9 g/tn); 935 tn de indio (4,1 g/tn) y 1.001 tn de galio (4,3 g/tn).
Tanta riqueza generó la movilización de los ayllus del norte potosino que tomaron el yacimiento y, tras actos de retoma de la Policía y el Ejército, se llegó a altos niveles de violencia con toma de rehenes y un enfrentamiento en el que hubo cinco heridos y un comunario muerto, ocurridos el 5 de julio de 2012, lo cual derivó en la intervención del Estado.
Antecedentes
El líder de la toma de 2012, Cancio Rojas, justificó el hecho argumentando que se buscaba evitar la contaminación de las lagunas que sirven para el riego de las tierras de los cinco ayllus.
El ministro Mario Virreira denunció que tras los hechos de violencia estaba un grupo de comunarios que se había apropiado de una zona de extracción de oro.
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