Con el implícito reconocimiento del Primer Mandatario del país, no hay mucho más que hablar sobre el retraso en la aprobación de la nueva ley minera. El Presidente admite que este caso (la falta de ley) es una de las debilidades de su gobierno, señalando que "la resolución del problema es un tema interno entre los actores del sector minero".
La normativa que defina las estrategias de producción minera, debe ser parte importante y concreta de la ley que sigue en análisis de una comisión que no ha logrado consenso entre los representantes de la minería privada, la estatal y principalmente del sector cooperativo, debido a que dirigentes de este último grupo de trabajadores mineros "independientes", denunciaron que las autoridades del área minera modificaron el 95 por ciento del proyecto de la ley minera que fue consensuado a mediados del año pasado entre todos los sectores, documento que se entregó al ministro de minería para que esa autoridad lo remita a la Asamblea Legislativa para su análisis y aprobación.
No se cumplió esa etapa y las autoridades del Ministerio de Minería iniciaron un nuevo tratamiento del documento, considerando que el mismo adolecía de una serie de incongruencias, entre estas la referida al tema impositivo, que en el caso de las cooperativas eliminaba el pago de los impuestos y creaba uno específico para ese sector, situación con la que tampoco convenían los otros sectores de la productividad minera.
El Presidente Morales reconoce la debilidad de la autoridad gubernamental en este tema, justificando la situación al reconocer errores, olvidos y hasta un retraso en el tratamiento de la ley. "Estamos atrasados" en aplicar el Código de Minería, admitió y agregó que el problema está entre los cooperativistas que tienen una posición divergente con los otros sectores.
El problema en sí radica en que el proyecto entregado a mediados del 2013 al ministro Virreira, eximía a los mineros cooperativistas de todos los impuestos que pagan los otros sectores, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), sobre las ventas de minerales y metales, el caso del Régimen Complementario del IVA sobre los excedentes de percepción; el Impuesto a las Transacciones (IT) sobre las ventas de minerales y metales; Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) y la alícuota adicional del mismo tributo; a cambio se sugería la creación del Impuesto Consolidado Cooperativo Minero (ICCM) con su base de
cálculo del 1% sobre el valor bruto de venta del mineral que exploten. Por supuesto que esa opción fue observada por los otros sectores, el privado mediano e inclusive el estatal, a través de los mineros asalariados.
Como se creó un factor de conflicto en materia tributaria, el Ministro de Minería hizo saber que el tema de impuestos a la minería no se incluirá en la ley minera y será establecido con una norma especial del Ministerio de Economía y Finanzas, aspecto que también lo mencionó tiempo atrás el titular de la cartera respectiva, lo que muestra ahora un panorama más complejo, pues la aprobación de la ley minera está pendiente, puede ser por toda la gestión presente, al existir otro ingrediente de orden político y es que para algunos parlamentarios oficialistas, "es mejor congelar la ley para no crear inconvenientes que alteren las actividades del año electoral"…o por mejor decirlo que no sea causa de observaciones o críticas de la oposición.
Con esas alternativas el futuro de la minería continuará bajo un estado de permanente incertidumbre, sin seguridades para inversiones, sin garantías para nuevos emprendimientos, sin opciones seguras para definir programas concretos en base a normativas técnico – jurídicas que den forma a una renovada política minera, para el logro de óptimos resultados en plazos perentorios y bajo condiciones avaladas por profesionales de la materia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario