Las autoridades peruanas tomaron esta medida en razón a un informe de la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Puno, sobre el índice de contaminación de varios ríos en el Perú, según un reporte del periódico Los Andes.
A partir del 2011 tanto el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico de Perú como el Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas de Bolivia sostuvieron varias reuniones técnicas para adoptar medidas urgentes ante la inminente contaminación ambiental en la región que une a ambos países.
Ante esta situación el representante del Gobierno de Puno, Jorge Caro, expresó su preocupación por las libertades de las que gozan los comunarios en Bolivia que intentan asentarse en el Perú para ejercer actividades mineras.
“Aquí el dueño del subsuelo es el Estado, en cambio en Bolivia, hasta donde tengo entendido, las comunidades pueden hacer los acuerdos para otorgar el uso de estos recursos”, manifestó la autoridad.
Caro informó que en enero se realizó una reunión de la Comisión Técnica Binacional Perú– Bolivia en Puno donde se logró comprometer al gobernador de La Paz, César Cocarico, participe de futuras reuniones con sus pares de Puno y visitar las zonas donde se instalan estas empresas informales.
Según reportes del ministerio de Relaciones Exteriores del Perú la actividad aurífera ha ocasionado serios problemas en la salud de los pobladores de estas zonas y estiman luchar contra estos asentamientos mineros conjuntamente las autoridades bolivianas.
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