La Empresa Minera Himalaya denunció que desde que se ocupó ilegalmente la mina del mismo nombre, los trabajadores clandestinos o avasalladores que operan el yacimiento obtuvieron 144 millones de bolivianos por la comercialización ilícita de wolfram.
“La Corporación Minera de Bolivia (Comibol), en un informe del 14 de julio de 2011, asegura que el yacimiento de referencia tiene una producción mensual aproximada de 3,02 toneladas métricas finas, cuya comercialización representa alrededor de un valor de tres millones de bolivianos mensuales”, afirmó el asesor jurídico de compañía minera, Raúl Azurduy.
De acuerdo al mismo informe, son 240 personas las que operan la mina avasallada en 2007.
Añadió que los interventores, “quienes constituyeron una organización fuera de la ley al comercializar clandestinamente los minerales, no registran su nombre, ni su procedencia; consecuentemente, no pagan derechos, ni obligaciones que las leyes imponen, tales como las regalías mineras”.
Himalaya calcula que sólo por este concepto la Gobernación de La Paz “ha perdido 7,2 millones de bolivianos en los últimos cuatro años, sin contemplar los daños inferidos a Comibol y al Estado, ya que su participación en las ganancias es nula”, señaló Azurduy.
Además hizo notar que los ocupantes están provocando contaminación con la utilización de ácidos en la purificación de minerales, cuyos restos son vertidos a los ríos locales Himalaya y Resguardo, afluentes del río La Paz.
Anulación
El representante de la empresa minera reveló que Carlos Huayta y Augusto Morales, dirigentes que encabezaron la ocupación violenta de la mina hace cuatro años, firmaron el “acta de reunión” de la semana pasada que, entre sus seis puntos, acuerda la resolución del contrato de Himalaya con la Comibol.
Himalaya solicitará la anulación del documento firmado por los avasalladores, para luego tratar el tema apelando al respeto del contrato de arrendamiento vigente y de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), que garantiza los derechos de los inversionistas privados.
La semana pasada la compañía minera remitió notas oficiales a las autoridades de Comibol y del Ministerio de Minería impugnando la validez legal del “acta de reunión”.
Azurduy explicó que, en aplicación de la CPE (art. 14 III) y las convenciones internacionales sobre derechos humanos, el Estado debe garantizar la vigencia plena y efectiva de los derechos fundamentales de la personas, cuando éstos son vulnerados a través de la violencia ejercida por un grupo de personas.
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