Impuestos a la minería

Nuestro enfoque no puede dejar de lado el análisis que merece el tema de la nueva Ley Minera que se implementa lentamente y que por los datos iniciales que se conocen dirigirá su contenido a la búsqueda de mayores ingresos para el Estado nacional vía impuestos y entre estos las regalías mineras, que como ya se ha señalado tendrán un incremento aunque bajo ciertas condiciones de producción.

La mención indica que el incremento de regalía se aplicará a las ventas anuales que sean mayores a los 210 millones de bolivianos. Resulta que en un reciente análisis sobre el tema, por lo menos en lo que va de la gestión, varias empresas de las grandes y medianas exportarán por encima de ese tope de 210 millones, por consiguiente está seguro que deberán pagar más regalías, aunque de momento no se ha establecido el porcentaje pertinente.

Cuando se toca el tema de las regalías hay que hablar paralelamente de la distribución de estas que en realidad es la mayor preocupación de los proyectistas para satisfacer las expectativas del Gobierno en el afán de recaudar más dinero para el TGN, a través de la actividad minera.

Se anticipa en el anteproyecto de ley que los recursos provenientes del pago de la alícuota adicional a la regalía minera se destinarán en una proporción del 80 % al Ministerio de Minería y el 20 % irá al Tesoro General de la Nación (TGN).

De otra parte se menciona que el Gobierno destinará el dinero recaudado por el rubro de regalías a la “implementación de proyectos de exploración, explotación y transformación de minerales y metales a través de las empresas estatales, pero además se dispondrán esos recursos – cuando sea necesario – para asignarlos a través del ministerio al denominado Fondo de Desarrollo Minero, que en otras circunstancias ya funcionó para solventar actividades del sector cooperativo.

La manera en que se aplicará el cálculo de cobro de la regalía extra se basará en el monto de exportaciones que hayan realizado las empresas el año precedente, lo que servirá de base para calcular la obligación regalitaria de tipo anual y sobre cierto volumen de exportación del que estarán exentas las empresas medianas y chicas que no sobrepasen los 17.5 millones de bolivianos mensuales, que sumados dan los 210 millones de bolivianos.

De momento es lo que se conoce del proyecto de ley minera, documento en borrador, que de todos modos debe ser analizado entre las partes del sistema de manera que se llegue a un consenso que permita emitir una ley de incentivos y garantías a las inversiones y no una medida que limite el aporte de capitales y restrinja el apoyo de la tecnología de punta que necesariamente serán parte de los nuevos emprendimientos mineros, si la ley se adecúa a las necesidades del sector y no a las opciones políticas del gobierno.