El proyecto hidrometalúrgico no contaría con un plan de regulación de los procedimientos de prevención y control ambiental.
La coordinadora de Incidencia Política y Legislativa de LIDEMA, Ivana Lira, informó que está en riesgo la operación cuprífera de Corocoro, por haber iniciado sus actividades sin Licencia Ambiental. El proyecto minero no contaría con las condiciones para prevenir, mitigar y controlar el impacto ambiental, producto del manejo de insumos altamente contaminantes, como el ácido sulfúrico y otros químicos.
La licencia ambiental certifica que un proyecto cuenta con los medios para identificar y proponer medidas de mitigación, y recuperación de daños ambientales, de modo que se minimicen los efectos al medio ambiente. El proyecto hidrometalúrgico al carecer de este documento estaría en riesgo de interrumpir sus operaciones.
Lira, explicó que la licencia ambiental es el instrumento legal que autoriza la ejecución e implementación de una actividad, obra o proyecto. El artículo 24 y 25 de la Ley del Medio Ambiente, señala que cualquier iniciativa, con carácter previo a su implementación y ejecución, debe contar con una licencia ambiental.
Para Lidema, en el marco de la Ley del Medio Ambiente y a la actual Constitución Política del Estado, las comunidades deben ejercer el control social y ser previamente informada; es decir que el Estado, antes de otorgar una Licencia Ambiental o autorizar una actividad que pueda afectarlos, debería hacer una consulta a la población afectada.
Posteriormente el coordinador nacional de Investigación y Monitoreo Ambiental de Lidema, Marco Octavio Ribera, aclaró que la Licencia Ambiental avala el cumplimiento de todos los requisitos previstos en la Ley y su reglamentación en lo que se refiere a los procedimientos de prevención y control ambiental.
La Autoridad Ambiental Competente, al emitir la licencia ambiental, tiene elementos para realizar el seguimiento, control y regulación de los impactos previstos, así como las acciones de mitigación de los procesos que debe darse en términos de contaminación, el deterioro de la base de recursos o la reducción de las cargas contaminantes de la producción industrial.
La Licencia Ambiental –señala el profesional– desafortunadamente es interpretada como un obstáculo al desarrollo de obras o proyectos, es decir como un mero formalismo o una luz verde para arrancar cualquier proyecto, sin embargo, es un instrumento de gestión que estipula una serie de consideraciones y recomendaciones que las empresas públicas o privadas deben tomar en cuenta para desarrollar su actividad.
Ribera revela que el tratamiento y explotación del cobre, conlleva un riesgo, no solamente en términos de una posible contaminación en los procesos extractivos, sino en la modalidad del proceso y en los posteriores tratamientos industriales que son complejos e implican el uso de diversas tecnologías metalúrgicas.
Por ejemplo, en Corocoro la explotación se realizará a cielo abierto, una modalidad que implica, desde ya, la devastación de segmentos de ecosistemas o la afectación de cuencas y otros aspectos que requieren un cuidado riguroso.
Por otra parte la extracción del cobre normalmente está asociada a yacimientos que tienen bastante azufre, esto implica junto con los procesos de molienda y flotación, la descarga de aguas ácidas y contaminantes a los ríos.
La producción de cobre en Corocoro implica una fase de industrialización (vía contrato de riesgo compartido con la empresa Coreana KORES), lo que significa que hay un proceso de tratamiento y procesamiento de las cargas del material cuprífero, con ácido sulfúrico en diversas etapas, lo que representa un elevado riesgo para la salud humana y la biodiversidad.
El uso de ácido sulfúrico, dijo, en una planta de la magnitud como de Corocoro, puede alcanzar las 50 toneladas de este reactivo por día. La utilización del cobre, mas allá de la separación, implica un trabajo industrial hacia la electrólisis para obtener los denominados cátodos, lo que implica riesgos ambientales mayores en términos industriales.
La coordinadora de Incidencia Política y Legislativa de LIDEMA, Ivana Lira, informó que está en riesgo la operación cuprífera de Corocoro, por haber iniciado sus actividades sin Licencia Ambiental. El proyecto minero no contaría con las condiciones para prevenir, mitigar y controlar el impacto ambiental, producto del manejo de insumos altamente contaminantes, como el ácido sulfúrico y otros químicos.
La licencia ambiental certifica que un proyecto cuenta con los medios para identificar y proponer medidas de mitigación, y recuperación de daños ambientales, de modo que se minimicen los efectos al medio ambiente. El proyecto hidrometalúrgico al carecer de este documento estaría en riesgo de interrumpir sus operaciones.
Lira, explicó que la licencia ambiental es el instrumento legal que autoriza la ejecución e implementación de una actividad, obra o proyecto. El artículo 24 y 25 de la Ley del Medio Ambiente, señala que cualquier iniciativa, con carácter previo a su implementación y ejecución, debe contar con una licencia ambiental.
Para Lidema, en el marco de la Ley del Medio Ambiente y a la actual Constitución Política del Estado, las comunidades deben ejercer el control social y ser previamente informada; es decir que el Estado, antes de otorgar una Licencia Ambiental o autorizar una actividad que pueda afectarlos, debería hacer una consulta a la población afectada.
Posteriormente el coordinador nacional de Investigación y Monitoreo Ambiental de Lidema, Marco Octavio Ribera, aclaró que la Licencia Ambiental avala el cumplimiento de todos los requisitos previstos en la Ley y su reglamentación en lo que se refiere a los procedimientos de prevención y control ambiental.
La Autoridad Ambiental Competente, al emitir la licencia ambiental, tiene elementos para realizar el seguimiento, control y regulación de los impactos previstos, así como las acciones de mitigación de los procesos que debe darse en términos de contaminación, el deterioro de la base de recursos o la reducción de las cargas contaminantes de la producción industrial.
La Licencia Ambiental –señala el profesional– desafortunadamente es interpretada como un obstáculo al desarrollo de obras o proyectos, es decir como un mero formalismo o una luz verde para arrancar cualquier proyecto, sin embargo, es un instrumento de gestión que estipula una serie de consideraciones y recomendaciones que las empresas públicas o privadas deben tomar en cuenta para desarrollar su actividad.
Ribera revela que el tratamiento y explotación del cobre, conlleva un riesgo, no solamente en términos de una posible contaminación en los procesos extractivos, sino en la modalidad del proceso y en los posteriores tratamientos industriales que son complejos e implican el uso de diversas tecnologías metalúrgicas.
Por ejemplo, en Corocoro la explotación se realizará a cielo abierto, una modalidad que implica, desde ya, la devastación de segmentos de ecosistemas o la afectación de cuencas y otros aspectos que requieren un cuidado riguroso.
Por otra parte la extracción del cobre normalmente está asociada a yacimientos que tienen bastante azufre, esto implica junto con los procesos de molienda y flotación, la descarga de aguas ácidas y contaminantes a los ríos.
La producción de cobre en Corocoro implica una fase de industrialización (vía contrato de riesgo compartido con la empresa Coreana KORES), lo que significa que hay un proceso de tratamiento y procesamiento de las cargas del material cuprífero, con ácido sulfúrico en diversas etapas, lo que representa un elevado riesgo para la salud humana y la biodiversidad.
El uso de ácido sulfúrico, dijo, en una planta de la magnitud como de Corocoro, puede alcanzar las 50 toneladas de este reactivo por día. La utilización del cobre, mas allá de la separación, implica un trabajo industrial hacia la electrólisis para obtener los denominados cátodos, lo que implica riesgos ambientales mayores en términos industriales.
El tratamiento industrial del cobre a escalas mayores, conlleva otros riesgos, puesto que al requerir grandes cantidades de ácido sulfúrico, puede inducir la explotación de azufreras en otras regiones del país. Esto implica otras medidas adicionales en cuanto a recaudos, de control y fiscalización.
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